Opinión
El pesimismo de Masalle
Por Narciso Isa Conde
El Obispo Masalle, sin dejar de reconocer el valor de la lucha actual, se mostró pesimista sobre el destino del reclamo del fin de la impunidad.
- Diferencias y distancias.
De su manera de pensar y actuar difiero en grande cuando le ha tocado hablar del origen de la vida, de la concepción del mundo, de la especie humana, de los derechos de la mujer, del aborto, de la libertad de opción sexual, de la homosexualidad… temas en los que se ubica en abierta y desafiante actitud conservadora y ultra-reaccionaria.
Atrás incluso de los leves avances externados por el Papa Francisco sobre ese tema neurálgico para la Iglesia Católica y Romana.
Procede destacar también que en su práctica cotidiana Masalle luce además muy lejano de la imperiosa necesidad de luchar contra las causas de los ecocidios practicados a escala nacional y planetaria, y bastante ajeno a la pertinencia de la Encíclica papal en defensa de la Madre Tierra, nuestra Casa Común. Abismalmente distante, en este segundo aspecto, del valioso ejemplo de Monseñor Camilo en relación con los movimientos sociales ambientalistas.
En ambos casos se trata de temas realmente trascendentes y de gran valor estratégico para la defensa de la vida, la felicidad, los derechos de todos los seres humanos y la relación armónica de la sociedad humana con su entorno: uno que versa sobre la opresión patriarcal y sus grandes crueldades; y el otro sobre la existencia del planeta tierra, amenazado por la voracidad el gran capital y las injustas y destructivas relaciones de poder imperantes aquí y en todo el mundo.
- Coincidencias y cercanías.
Esas diferencias, sin embargo, no me eximen de apreciar el significado de ciertas coincidencias coyunturales con ese prelado católico en lo relacionado con el sistema de corrupción e impunidad imperante en el país.
Masalle ha caracterizado muy bien la dictadura presidencialista existente en nuestro país, haciendo referencia al régimen del tirano Trujillo, al del déspota ilustrado Joaquín Balaguer y a los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y del actual presidente Medina.
En este último caso denunció como Danilo Medina designó una Comisión a la medida, presidida por Agripino, para investigarse a sí mismo; y más recientemente destacó como este presidente y los anteriores mencionados se las han ingeniados para crear una institucionalidad que protege a los beneficiarios de la corrupción propia y ajena, garantizándole impunidad a todos.
Sin embargo, de esa certera caracterización del sistema institucional establecido -a lo que solo habría que agregar como la cúpula del PLD se ha convertido en una Corporación que depreda al Estado y saquea el patrimonio público y natural de la Nación- el Obispo de Baní deriva una fuerte nota de pesimismo, augurando la imposibilidad de ponerle fin a la impunidad.
- No hay lugar para la resignación, renace la esperanza.
Esto supone -reforzando una visión fatalista cimentada en la impotencia- que no debemos plantearnos inhabilitar estas instituciones al servicio de la impunidad; mientras la lógica elemental nos dice que si no es posible hacer justicia a través de ella –y eso es cierto- urge entonces proponernos cambiarlas luego de hacerlas colapsar con un grado cada vez más elevado de movilización e impugnación popular; algo que se ha logrado en otros periodos de nuestra historia e incluso recientemente en muchos países del Continente y del mundo.
Las dictaduras presidencialistas, corruptas y corruptoras, constitucionales o no, se derrotan en las calles, sobre todo cuando ellas pervierten la vía electoral y cierran el relevo por la ruta institucional.
-Situación evidente, percibida ya por amplios sectores.
-Objetivo político factible dado el grado de indignación y el proceso de movilización multitudinaria que catapultó la Marcha Verde del 22 de enero, ahora en pleno despliegue hacia la Marcha del Cibao en Santiago, precedida del fenómeno del libro verde seguido de la llama verde.
Hay que atreverse, porque lo otro es resignarse, como sugiere la errónea conclusión del Obispo Masalle.
Hay que atreverse, sobre todo porque el hastío del pueblo empobrecido, el creciente descontento en las filas militares y policiales y la necesidad del cambio que los dignifique, tienden a crearle un clima de ingobernabilidad al régimen que intentan perpetuar.
Un clima que permite obligar a sus detentadores a la rendición, ejerciendo ampliamente la democracia de calle y creando contrapoder en todo el territorio nacional.
La oportunidad es real.
Hay que atreverse colectivamente a tirar las instituciones pervertidas y los funcionarios gansterizados al piso.
A sacarlos del poder y trancarlos para abrirle cauce a una refundación de las instituciones y del proyecto de sociedad por la vía menos traumática posible: un gobierno de transición democrática que instale un nuevo sistema electoral y contribuya a generar un proceso constituyente altamente participativo; que posibilite instalar una Asamblea Constituyente Soberana y Popular, establecer un nuevo orden jurídico-político y avanzar hacia una sociedad basada en la justicia, la libertad y la solidaridad humana.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.