Latinoamericanas
Movimientos Sal a la calle y Brasil Libre refuerzan lucha contra la corrupción y culpan a todos los políticos
En su protesta más numerosa, el 13 de marzo de 2016, ambos grupos consiguieron llevar a las calles de 300 municipios de Brasil a entre 3,6 millones de manifestantes, según la Policía, y 6,9 millones, según los organizadores.
Río de Janeiro, (EFE).- Los grupos que el año pasado movilizaron a millones de brasileños contra la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, volverán el domingo a las calles de varias ciudades, pero esta vez para protestar contra la creciente corrupción en el país.
Los grupos “Vem para Rua” (Sal a la calle) y Movimiento Brasil Libre, que se dicen desvinculados de los partidos políticos y utilizan las redes sociales como herramienta de movilización, tienen previsto para mañana marchas de protesta en 127 municipios de 25 de los 27 estados del país, así como en algunas ciudades en el exterior como Lisboa y Nueva York.
Los dos movimientos fueron los más activos entre los que, en diferentes jornadas de protestas en 2015 y 2016, movilizaron a millones de brasileños contra Rousseff, que finalmente fue destituida en agosto pasado por violaciones a las normas fiscales y sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.
En su protesta más numerosa, el 13 de marzo de 2016, ambos grupos consiguieron llevar a las calles de 300 municipios de Brasil a entre 3,6 millones de manifestantes, según la Policía, y 6,9 millones, según los organizadores.
Pero con Rousseff fuera de la Presidencia, los dos movimientos, que estaban adormecidos, dirigen ahora sus miras contra la corrupción y contra las iniciativas del Congreso para frenar las investigaciones por el gigantesco escándalo de desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
Para las dos organizaciones, el fin de los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, no puso fin a la cultura de la corrupción en Brasil.
La principal preocupación de “Vem para rua” es manifestar apoyo a la “Lava Jato”, como es conocida la investigación contra los acusados de saquear la Petrobras, ya que numerosos políticos vienen intentando frenarla y aprobar una amnistía para los acusados.
Los propios fiscales responsables de Lava Jato alertaron la semana pasada, cuando la investigación completó tres años, de las iniciativas de algunos políticos y organismos para frenar el proceso que destapó el mayor escándalo de corrupción en Brasil.
“Tenemos a buena parte del Legislativo y del Ejecutivo contra la investigación. Hay organismos que intentan impedirla. Hay intentos para derrumbar la investigación y la población tiene que estar atenta a eso”, alertó el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, uno de los responsables del caso.
Dos Santos Lima pidió a la población estar alerta sobre las medidas para frenar la lucha contra la corrupción que puedan impulsar los cerca de 100 políticos con fuero privilegiado que la Fiscalía pidió investigar por supuestamente haberse beneficiado de los desvíos en Petrobras.
Los congresistas investigados intentaron aprobar una amnistía para los candidatos que recibieron recursos ilegales en sus campañas electorales y una ley que limitaba la acción de los fiscales sobre autoridades.
Según el principal líder de “Vem para rua”, Rogerio Chequer, en el Congreso hay en estos momentos varios proyectos de ley próximos a ser votados que amenazan el combate a la corrupción.
Chequer citó entre tales proyectos uno que reforma la legislación electoral para que los ciudadanos no voten por un político sino por un partido.
“Los electores serán obligados a votar en las listas presentadas por los partidos y no podrán elegir al político que quieren. Los corruptos quieren ser reelegidos pero están con miedo por la reacción de la población a los escándalos y por eso buscan una forma de evitar que los rechacen”, dijo.
Los manifestantes también marcharán mañana contra una iniciativa que pretende elevar los fondos con los que el Gobierno financia las campañas electorales y para exigir el fin del fuero privilegiado, que dificulta el procesamiento de los congresistas y ministros acusados de recibir recursos desviados de Petrobras.
Entre los grupos que han dicho que participarán en las protestas del domingo también figuran algunos que piden el regreso de los militares al poder en Brasil y la suspensión del estatuto que limitó el porte de armas en el país.
Aunque algunos manifestantes prometen pedir la renuncia del presidente Temer, los opositores al actual Gobierno al parecer serán minoritarios en las calles. EFE
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.