Latinoamericanas
Venezuela inhabilita a opositor Capriles para participar en elecciones por 15 años
Caracas.-El dirigente opositor y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles anunció ayer que fue inhabilitado por la Contraloría General para participar en eventos electorales por 15 años, una decisión que amenaza con incrementar las tensiones entre la oposición y el gobierno.Capriles, gobernador de Miranda y uno de los más acérrimos críticos del presidente Nicolás Maduro, informó en su cuenta de Twitter de la prohibición, que se dio a raíz de un proceso administrativo que le abrieron por presuntas irregularidades en su estado.
«Se me está notificando en este momento de una INHABILITACION por 15 años», señaló sin ofrecer más detalles. El dirigente indicó que este proceso forma parte de un «autogolpe» que aseguró está impulsando Maduro.
La prohibición contra Capriles, uno de los más acérrimos críticos de la administración del presidente Nicolás Maduro, ocurre en momentos en que la oposición realiza constantes manifestaciones contra las autoridades luego de un fallo -ya revertido- del Tribunal Supremo para asumir las funciones del Congreso.
Varias de las protestas han sido reprimidas por policías y guardias nacionales, que además de detenidos y heridos, ya dejó un muerto: el universitario Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años, quien falleció luego de recibir un disparo durante una protesta nocturna en el municipio central de Carrizal.
Capriles, quien ha liderado las protestas, llegó en 2008 a la gobernación del estado central de Miranda y fue reelecto en 2012. «Llegamos con el voto del pueblo y sólo el pueblo decide», comentó.
La decisión de la Contraloría General, señalada de estar vinculada al gobierno, afecta a uno de los líderes clave de la oposición, lo cual para analistas puede recrudecer las tensiones.
El analista político John Magdaleno dijo a The Associated Press que esta sanción lo saca de la competencia política.
«Se está sacando del juego a uno de los candidatos más competitivos de la oposición», dijo y consideró que este escenario forzará a la coalición opositora a plantearse una nueva respuesta estratégica sobre sus eventuales candidatos para una contienda electoral.
Sobre el impacto que podría tener en el país, el analista indicó que «se van a recrudecer las tensiones» y agregó que la sanción se convertirá en una «motivación adicional» para las movilizaciones de la oposición.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló al gobierno de Maduro de utilizar «sucias trampas» para sacar del juego democrático a sus adversarios políticos.
«Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía. Venezuela sufre una dictadura», dijo Vivanco en un mensaje electrónico.
Capriles impulsó el año pasado un referendo revocatorio del mandato de Maduro, que fue suspendido por decisión de las autoridades judiciales y electorales.
La Contraloría General, que tiene a su cargo el control y revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la decisión.
Capriles, de 44 años, fue candidato de la coalición opositora en las elecciones presidenciales de 2012 en las que resultó ganador el fallecido Hugo Chávez. Al año siguiente se enfrentó a Maduro en unos comicios que perdió por un margen estrecho.
El mandatario venezolano suele referirse a Capriles con frecuencia y lo acusa de haber abandonado a los habitantes del estado de Miranda para dedicarse a sus actividades políticas.
La sanción contra el opositor se da luego de que la Contraloría General declarara a inicios de año la responsabilidad administrativa de Capriles y otros ocho funcionarios de la gobernación de Miranda por presuntas operaciones indebidas. Como parte del proceso el organismo le impuso a Capriles y los otros funcionarios multas de 43.000 bolívares (unos 60 dólares).
Los funcionarios fueron procesados por seis casos que incluían una reconducción del presupuesto de 2011, donaciones que recibieron de Polonia y Gran Bretaña, un contrato para un mensaje publicitario que suscribió con una televisora local y un contrato de servicios funerarios para los empleados de la gobernación.
Capriles descartó que hubiesen implicado un «daño patrimonial» al Estado venezolano, como sostenían las autoridades, y sostuvo que las acciones de la Contraloría General buscaban su inhabilitación política.
Es el tercer dirigente de la oposición que es inhabilitado políticamente. En 2004 la Contraloría General impuso una inhabilitación de casi 10 años al dirigente encarcelado Leopoldo López y recientemente inhabilitó por 15 años al exalcalde del municipio central de San Diego, Enzo Scarano
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.