La oposición venezolana se ha comprometido a continuar la lucha por el cambio de régimen, después de que cientos de miles de manifestantes tomaron las calles para exigir elecciones anticipadas para destituir a Nicolás Maduro, el impopular presidente del país.

Las manifestaciones masivas del miércoles, descritas por los organizadores como la “madre de todas las marchas”, fue recibida con fuerza bruta por parte de los servicios de seguridad, dejando tres muertos.

La Guardia Nacional y los militantes progubernamentales intentaron dispersar la multitud con gases lacrimógenos, vehículos blindados y otras armas. Algunos manifestantes respondieron lanzando piedras, mientras que otros desafiaron las sucias aguas de un río de Caracas para escapar.

Dos estudiantes fueron asesinados, de lo cual la oposición culpó a los partidarios armados del gobierno. Un sargento de la guardia nacional fue también asesinado por un francotirador, dijo el Defensor del Pueblo de Venezuela. Esto eleva a ocho el número de muertos desde que se reiniciaron las protestas contra el gobierno socialista del Sr. Maduro a principios de este mes, en lo que es la mayor demostración de fuerza desde las manifestaciones que sacudieron el país en 2014.

“Frente al salvajismo y la represión, más Constitución y más democracia”, dijo el líder de la oposición, Henrique Capriles. “América Latina dejó atrás las dictaduras y Venezuela no será la excepción”.

Juan Andrés Mejía, coordinador del partido del encarcelado disidente venezolano Leopoldo López, dijo: “Continuaremos hasta que se restablezca la democracia en nuestro país”.

Por otra parte, se confirmó que una planta automotriz que emplea a más de 2,600 trabajadores, propiedad de General Motors Venezolana — la compañía automovilística más antigua del país — había sido confiscada por las autoridades locales. En un comunicado, General Motors dijo que “rechaza enérgicamente las medidas arbitrarias adoptadas por las autoridades y tomará con firmeza todas las medidas legales, dentro y fuera de Venezuela, para defender sus derechos”. También se reveló que Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela, donó US$500,000 a la investidura presidencial de Donald Trump.

Esta reciente ola de protestas fue provocada por un fallido intento de toma de poder en la asamblea nacional encabezada por la oposición por parte de la Corte Suprema controlada por el gobierno hace tres semanas, lo cual ha llevado a muchos a expresar temores de que el país se inclinaba aún más hacia la dictadura. Sus preocupaciones se agravaron cuando las autoridades leales al Sr. Maduro le prohibieron al Sr. Capriles, un aspirante a la presidencia, el ejercicio de cargos públicos.

Los disturbios han movilizado a la dividida oposición. Sus líderes creen que la presión de la calle, la creciente condena internacional, y las luchas intestinas en el seno del gobernante partido socialista pueden provocar que el Sr. Maduro acceda a las elecciones presidenciales anticipadas, las cuales, según sugieren las encuestas, cualquier candidato del gobierno perdería.

Julio Borges, el presidente de la asamblea nacional, dijo: “Un gobierno acorralado está recurriendo a lo único que le queda: la represión, el crimen, la violencia”.

Tareck El Aissami, el poderoso vicepresidente venezolano, replicó que el Sr. Borges era culpable de las muertes porque él “transmitió un mensaje de violencia, odio e intolerancia”.

Las últimas protestas se producen en momentos en que la nación de la OPEP sufre la más grave crisis económica y social de su historia. Algunos analistas creen que, si las condiciones empeoran aún más, algunos de los actualmente leales al régimen, incluidos los militares, podrían cambiar de bando. Si las protestas masivas alcanzan un punto de inflexión, incluso los venezolanos que siguen apoyando al Sr. Maduro podrían volcarse a las calles. Por el momento, el Sr. Maduro controla el aparato de seguridad y los tribunales.

El presidente también puede contar con los colectivos de militantes civiles, algunos de ellos armados, para aplastar cualquier disidencia. “Estamos aquí para defender este proceso revolucionario, hemos sido entrenados para mantenerlo”, dijo con anterioridad Luis Cortés, comandante de un colectivo en Caracas.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el grupo regional, ha pedido que se ponga fin a los “asesinatos a manos de criminales colectivos armados por el régimen dictatorial”.

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