Helmerich & Payne, con sede en Oklahoma (EE.UU.), operó durante años en territorio venezolano y tuvo como cliente al Gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó los taladros de perforación después de que el Ejecutivo acumulara con ella una deuda millonaria
Washington, (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. falló hoy a favor del Gobierno de Venezuela y en contra de la empresa estadounidense Helmerich & Payne, que acusaba al país caribeño de haber expropiado de manera ilegal en 2010 once torres de perforación petrolera.
Los jueces del Supremo determinaron hoy que la denuncia de la empresa Helmerich & Payne no debía haber prosperado en tribunales inferiores porque no habían demostrado de manera suficiente que se les había incautado propiedad en violación del derecho internacional y, en concreto, de la Ley de Inmunidad de Soberanías.
La decisión se produjo por unanimidad por los ocho jueces del Tribunal Supremo que escucharon los argumentos de las partes el pasado noviembre, cuando aún no formaba parte de la corte el magistrado Neil Gorsuch, nombrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que no participó en el veredicto.
Helmerich & Payne, con sede en Oklahoma (EEUU), operó durante años en territorio venezolano y tuvo como cliente al Gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó los taladros de perforación después de que el Ejecutivo acumulara con ella una deuda millonaria.
El juez progresista Stephen Breyer, encargado de escribir el veredicto, determinó que si el Tribunal Supremo permite que los Gobiernos extranjeros sean demandados con demasiada facilidad, entonces, existe el riesgo de “crear fricción con otras naciones” y sufrir “acciones recíprocas” contra Estados Unidos. En este caso, el Gobierno de EE.UU. apoyó al Ejecutivo venezolano al argumentar que un fallo contra el país caribeño podría dañar las relaciones entre los dos países.
En respuesta a esa acción, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó en junio de 2010 la nacionalización de once torres de perforación petrolera de Helmerich & Payne, tras denunciar que la empresa mantenía “ociosos” esos taladros desde hacía “un considerable tiempo”.
Helmerich & Payne reaccionó demandando tanto al Gobierno venezolano como a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), amparándose en la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras y alegando que la nacionalización se produjo en contra de la legalidad internacional.
Las naciones extranjeras normalmente son inmunes a juicios en EE.UU., pero la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras contempla excepciones en caso de que propiedad privada sea incautada.
El proceso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se halla Washington y que en 2015 falló a favor de la empresa Helmerich & Payne.
Con el fin de frenar el pleito, Venezuela interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo y pidió a sus jueces que definieran, bajo la Ley de Inmunidad de Soberanías, cuándo un Gobierno extranjero puede ser demandado en EE.UU. por expropiar propiedades localizadas en su territorio pero que pertenecían a una compañía estadounidense.
El juez progresista Stephen Breyer, encargado de escribir el veredicto, determinó que si el Tribunal Supremo permite que los Gobiernos extranjeros sean demandados con demasiada facilidad, entonces, existe el riesgo de “crear fricción con otras naciones” y sufrir “acciones recíprocas” contra Estados Unidos.
En este caso, el Gobierno de EE.UU. apoyó al Ejecutivo venezolano al argumentar que un fallo contra el país caribeño podría dañar las relaciones entre los dos países. EFE
Estados Unidos.-El plan comenzó, según los investigadores, con un mensaje secreto transmitido por un promotor musical del Caribe: en lugar de la espera habitual de años para solicitar permiso de entrada a Estados Unidos, se podía conseguir una cita para la visa en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana en tan solo dos semanas. Solo se necesitaban 10,000 dólares en efectivo y un contacto de confianza dentro de la DEA.
Según una denuncia penal revelada el miércoles, ese contacto de la DEA era Melitón Cordero, supervisor de la agencia antinarcóticos asignado a la República Dominicana durante los últimos cinco años.
La fiscalía afirma que Cordero aprovechó su posición dentro de la Embajada de Estados Unidos para impulsar las solicitudes de visa, alegando que los solicitantes eran valiosas fuentes para las fuerzas del orden, incluso sin conocerlos.
En total, el agente de larga trayectoria presentó o aprobó casi 120 referencias de visas durante su destino, una cifra extraordinariamente alta, dijeron funcionarios consulares a los investigadores.
Según la denuncia, que acusa a Cordero de soborno y fraude de visas, los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional se enteraron de la presunta mala conducta del agente a través de un exempleado de la Embajada que trabajaba en una empresa de consultoría de visas.
En 2024, un promotor musical local contactó al exempleado de la embajada y le proporcionó la dirección de correo electrónico de Cordero, alardeando de que la «conexión» dentro de la embajada podía reducir los tiempos de espera para una cita de visa a tan solo dos semanas. El precio por saltarse la fila: 10,000 dólares, la mayor parte a pagar después de la entrevista consular.
El promotor musical no es identificado por su nombre en la denuncia y es descrito sólo como un “conocido promotor y agente de talentos musicales en la República Dominicana” que había trabajado legítimamente con el ex empleado de la embajada en el pasado para conseguir visas para varios clientes.
En diciembre, los investigadores desarrollaron una operación encubierta basándose en una segunda fuente confidencial que presentó una solicitud de visa y esperó.
Capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp muestran que el promotor reenvió una foto de pasaporte a un contacto guardado como «Milito Clara» y con un número que, según los investigadores, estaba vinculado al teléfono de la embajada de Cordero.
Según la denuncia, cuando Cordero regresó a la isla después de las vacaciones de Navidad, presentó una solicitud oficial de visa a nombre de otro agente de la DEA, describiendo al solicitante como un «contacto valioso» que colaboraba en las investigaciones de narcotráfico en Estados Unidos.
Las afirmaciones, según la fuente, eran completamente falsas. Días después, Cordero le instruyó para que se comprometiera con una historia falsa sobre cómo se habían conocido en un club y, en ocasiones, le pagaban 400 dólares en propinas por compartir información con la DEA.
El 27 de enero, la fuente encubierta, bajo la supervisión de las fuerzas del orden, recibió instrucciones de llevar los 7,000 dólares restantes al estacionamiento de un supermercado en Santo Domingo.
Cordero nunca salió de la camioneta, según la declaración jurada firmada por el investigador de HSI, Robert Tansey, pero las cámaras de seguridad de la embajada lo captaron saliendo del complejo en el mismo Toyota Prado justo antes de la reunión. La fuente identificó posteriormente a Cordero en una rueda de reconocimiento.
El arresto de Cordero la semana pasada en Washington como parte de la investigación en curso llevó a la administración Trump a cerrar abruptamente la oficina de la DEA en la nación caribeña por lo que dijo fue una «violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública».
La DEA no ha comentado sobre las acusaciones específicas, pero ha afirmado que está cooperando con los investigadores. Tras la noticia del arresto de Cordero por parte de The Associated Press la semana pasada, el administrador de la DEA, Terry Cole, envió un mensaje tranquilizando al personal de la agencia, asegurando que el cierre sería temporal y que protegería la reputación de la agencia, cuya gran mayoría de agentes sirven con honor a diario.
“No se tolerará el abuso de un cargo público para beneficio personal”, escribió Cole en el mensaje, del cual AP obtuvo una copia. “La conducta que pone en duda nuestra integridad socava la confianza que hace posible nuestra misión. Actuaremos con decisión para proteger esa confianza”.
Washington (EFE).- Líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán mañana jueves a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, confirmó este miércoles la Casa Blanca.
«El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia», dijo en rueda de prensa la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt.
Leavitt indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano. «Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés», indicó.
La entidad también enviará a «miles de efectivos a la fuerza internacional de estabilización y a la policía local para mantener la seguridad y la paz de los habitantes de Gaza», agregó Leavitt.
PAISES FUNDADORES Y SUS ALIADOS
Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, han rechazado formar parte.
Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, anunciaron que viajarán a Washington para participar en la reunión.
También confirmaron su asistencia el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no estará presente en la capital estadounidense y en su lugar enviará a su ministro de Exteriores, Gideon Saar.
México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.
El presidente Donald Trump dijo el lunes que Cuba es una «nación fallida» y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.
«Cuba es ahora mismo una nación fallida«, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.
Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidosderrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: «No creo que eso sea necesario».
Situación energética y económica en Cuba
Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.
«Es una amenaza humanitaria«, admitió Trump sobre la escasez de combustible.
Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.