Latinoamericanas
Bandas del narco han convertido a los policías en sus principales objetivos
AP
BOGOTÁ. Con un disparo en el pecho, Alejandro Caro se desplomó de su moto cuando patrullaba en un pueblo del norte de Colombia, víctima de las bandas criminales que tienen a la policía en el punto de mira y dejaron 11 muertos en un mes.
La madre del agente, Consolación Jabe, aún trata de entender un homicidio del que se enteró por teléfono. Conversó con su hijo, de 25 años, a media mañana el pasado viernes y después empezaron a llamarla amigos y parientes preguntando por él. Ella trató de localizarlo, pero no tuvo suerte.
“En eso me llamó la esposa de él y me dijo que estaba muerto”, dice Jabe a The Associated Press. Habían pasado tres horas.
Desde finales de abril, la policía se ha convertido en el principal objetivo militar del clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y otros grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico que pagan a sus sicarios hasta dos millones de pesos (unos 600 dólares) por cada agente muerto.
Estas bandas nacidas de la desmovilización de paramilitares hace una década ganan terreno por el repliegue de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno.
Según interpretan las autoridades, esta violencia es una reacción al endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico similar a la que impulsó Pablo Escobar en los últimos años de su vida, entre 1989 y 1993. Por eso en Colombia vuelven a hablar de “plan Pistola”, como bautizó el propio Escobar a su ofensiva, que acabó con más de 500 policías solo en Medellín.
Jabe, de 61 años, supo luego que su hijo había sido víctima de una emboscada y que le dispararon con un fusil en Pueblorrico, una localidad montañosa de unos 8.000 habitantes a tres horas de Medellín, donde trabajaba desde hacía seis meses.
Días antes, el 16 de mayo, una mujer de 30 años llamada Jennifer Macías fue notificada sobre la muerte de su marido: según le dijo el subteniente Wilber Muñoz, había muerto en la madrugada en un enfrentamiento en el pueblo minero de Segovia, también en el departamento de Antioquia. “Llevaba unos días diciéndome ‘están matando a mucho policía’, pero nunca pensé que le fuera a pasar a él”, susurra.
Además de los 11 fallecidos, esta arremetida ha dejado decenas de heridos en ataques en distintas zonas del país, en especial en el norte y en el convulso golfo del Urabá, fronterizo con Panamá, con presencia histórica del narcotráfico. Los policías recibieron órdenes de tomar medidas de seguridad, como andar siempre en parejas o llegar a su turno vestidos de civiles. También se alternan los chalecos antibalas y por órdenes recientes del gobierno incluso el ejército empezó a acompañarlos en sus labores.
“En Colombia cada vez que un grupo criminal recurre a asesinar policías, lo hace como una medida desesperada para tratar de distraer los esfuerzos operacionales (del Estado)”, explicó a medios el vicepresidente Óscar Naranjo, exjefe de la policía y clave en la lucha contra el narcotráfico desde el auge del cartel de Medellín en los años 80.
“Esa organización criminal sabe que el ‘plan Pistola’ no es sostenible y que por poderosa que sea la señal, lo que manda al interior de esas instituciones es una señal de debilidad”, agregó.
Solo en 2017 han sido requisadas toneladas de cocaína al Clan de Golfo y capturados unos 500 de sus miembros, el último importante, el 3 de mayo, pero Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder de la banda, sigue fugitivo.
El clan del Golfo, también conocido como clan Úsuga, tiene la mitad de los integrantes que tenía en 2010, es decir, unos 1.500, según el ministerio de Defensa. El año pasado, el gobierno autorizó los bombardeos aéreos contra las tres principales bandas criminales, un medida que se había suspendido desde que amainó el conflicto con las FARC.
Sin embargo, en Colombia, el mayor productor de hoja de coca del mundo, los cultivos ilícitos están más extendidos que nunca en los últimos 20 años, tras un aumento de 18% en 2016. Este incremento ha provocado una sobreproducción de cocaína que, para el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos Jorge Restrepo, pudo haber impulsado a los clanes a buscar estrategias para “ocupar” a la fuerza pública y dejar la vía libre a la exportación de la droga.
“Creo que sí existe un fenómeno de terrorismo, pero a diferencia de lo que vimos en el pasado, estos grupos no tienen objetivos políticos definidos”, explica. Otro de los objetivos podría ser la necesidad de abrir caminos para la fuga de los jefes narcotraficantes después de meses de persecución policial.
Aunque el nivel de violencia está en mínimos en comparación con la época de la guerra, la inestabilidad tras la firma de los acuerdos con las FARC también disparó los ataques a líderes sociales en zonas rurales. Solo el clan del Golfo entró a unos 70 municipios controlados tradicionalmente por la guerrilla, según Restrepo, que califica la situación actual como “proceso de transformación del conflicto”.
Para Jennifer Macías, está claro, sin embargo que “la paz no sirve”.
“Paz no hay, mire todo esto cómo está”.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.