En un fallo dictado este martes, el magistrado Edson Fachin, que es responsable en la Corte Suprema por la investigación de la trama corrupta en la estatal Petrobras, autorizó a la Policía Federal a interrogar al mandatario.

El trámite será realizado en el marco de una investigación que tiene a Temer como sospechoso de haber incurrido en los delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, algo que el mandatario ha negado a rajatabla desde que estalló el escándalo. El mandatario no será obligado a presentarse en la policía ni tampoco a recibirla, sino que el interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma por el presidente, quien en ese caso debería hacerlo en un plazo de 24 horas.

El tribunal no fijó una fecha para ese interrogatorio, que estará centrado sobre todo en unos explosivos audios entregados al tribunal por Joesley Batista, dueño de la empresa JBS y quien ha firmado un acuerdo de cooperación sobre asuntos de corrupción.

Ese audio fue grabado por el propio Batista en una reunión que tuvo con Temer en la residencia oficial de la Presidencia, que ha sido admitida por el mandatario, aunque este niega que lo tratado pueda incriminarlo en algún hecho ilícito.

No obstante, en la conversación Batista relata diversas maniobras ilegales que realizaba en favor de su empresa tanto en el poder judicial como con algunos ministros, frente al silencio de Temer, que por momentos hasta llega a consentir con lo que escucha.

Batista y otros directivos de JBS, investigados en el marco de la trama corrupta que operó en la estatal Petrobras, también confesaron que sobornan al actual presidente desde 2010 a cambio de «favores» realizados desde el poder, y que en los últimos años financiaron en forma ilegal la actividad de 1.829 políticos de 28 partidos.

Esas revelaciones, pese a haber sido desmentidas en forma tajante por Temer, han generado una creciente ola de indignación y toda la oposición, así como algunos sectores del oficialismo, exigen desde hace casi dos semanas la «renuncia inmediata» del gobernante.

Pese a esa presión, Temer ha dicho una y otra vez que no dimitirá y que probará su inocencia ante la propia Corte Suprema. Eso mismo dio a entender hoy en un evento celebrado en Sao Paulo, en el que afirmó ante empresarios de 42 países que no «tiene miedo a nada» y que seguirá en su cargo hasta el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.

«Llegaremos a fines de 2018 con la casa en orden», sostuvo Temer, quien insistió en que Brasil ha empezado a recuperar su maltrecha economía tras la fuerte recesión en que se sumergió entre 2015 y 2016, que le costó casi ocho puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB).

«Quiero transmitir un mensaje claro: nuestro Gobierno devolvió a Brasil al camino del desarrollo y de ese camino no nos apartaremos», subrayó Temer, quien añadió que desde que llegó al poder, en mayo del año pasado, tras la destitución de Dilma Rousseff, ha llevado a cabo un «trabajo disciplinado».

El presidente, sin embargo, no hizo alusiones directas ni a sus problemas con el Supremo ni a un juicio que será retomado la semana próxima en la justicia electoral, que también podría costarle el cargo.

En ese proceso se investiga si la campaña para las elecciones de 2014, en la que fue compañero de fórmula de Rousseff como candidato a vicepresidente, fue financiada con dinero producto de actividades corruptas.

La justicia electoral retomará ese proceso, suspendido el pasado abril, el próximo 6 de junio y ha reservado para ello cuatro audiencias, al cabo de las cuales debería dictar sentencia.

Sin embargo, en el Gobierno se apuesta a que alguno de los siete miembros del tribunal pida más tiempo para analizar el caso, lo cual volvería a interrumpir el juicio y daría más tiempo a Temer, quien aún en caso de una sentencia condenatoria permanecería en el poder mientras se juzgan las posibles apelaciones.