La decisión del juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia de imponer medidas de coerción a todos los encartados en el caso Odebrecht, proyecta un proceso que puede dejar bien parada a las autoridades, pero todavía faltan muchos por investigar e inculpar.
El ex-embajador de los Estados Unidos, a propósito del caso ODEBRECHT, Roger Noriega, ha hecho una denuncia muy grave en un periódico de la Florida, en la que sostiene que la Procuraduría General de la República Dominicana ha usado de manera muy selectiva las informaciones que la fiscalia de Brasil le ha proporcionado.
Un elemento que lleva a este ex-funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos a hacer su afirmación al respecto, es el hecho de que la Procuraduría no desarrolla ninguna investigación con relación a la planta a carbón Santa Catalina.
Sin embargo, los documentos provenientes de Brasil consignan que el financiamiento en el Congreso Nacional de Punta Catalina también estuvo contaminado con los sobornos, pero falta por determinar si los hubo para la adjudicación en favor del Consorcio Estrella, empresa presidida por Manuel Estrella.
Es de manejo público que el Consorcio Estrella ha sido la contraparte en la República Dominicana de la companía Odebrecht, en todas las obras públicas que se han construido en el país, cuya realidad no la mantiene al margen de la distribución de dinero para la concesión de las mismas.
De manera, que se impone que la investigación continúe con esta compañía y con las afirmaciones de que la campaña del presidente Danilo Medina también recibió financiamiento por parte de la Odebrecht.
No profundizar las investigaciones para fortalecer el proceso que ha llevado a un grupo de funcionarios, ex-funcionarios y legisladores a que se les imponga medidas de coerción, se constituiría en un peligro para cuando llegue la audiencia preliminar y la de fondo, ya que incluso se deben procurar muchas más pruebas en lo que se refiere a los supuestos ilícitos penales cometidos.
Punta Catalina y el financiamiento de las campañas electores son dos elementos a esclarecer para que pueda tener legitimidad el expediente que se conoce en la Suprema Corte de Justicia, porque la aplicación de la ley de manera selectiva constituye una verdadera amenaza en contra de la credibilidad de todo el sistema de justicia.
Ojalá ese sea el siguiente paso.