SANTO DOMINGO. Ha movido a suspicacia el hecho de que volviera a ponerse en este momento en agenda el proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que entre otras cosas haría pasibles de un juicio político a aquellos funcionarios pertenecientes al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, los miembros de las altas cortes y los ayuntamientos.

El Senado, con 27 de 29 votos presentes, aprobó el pasado 31 de mayo el Código Penal sin las observaciones del Poder Ejecutivo sobre el aborto, en momentos en que se defendían de las acusaciones de soborno por Odebrecht, los senadores Julio César Valentín, de Santiago; y Tommy Galán, de San Cristóbal. También el diputado de oposición Alfredo Pacheco.

El pasado día 19, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados decidió recomendar al hemiciclo el rechazo de las observaciones hechas por el Presidente de la República al Código Penal, relativas al tema del aborto.

Pero el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado, señaló que ese proyecto, del senador Valentín, tiene alrededor de 6 meses en la Cámara de Diputados, y que la Comisión de Justicia de ese hemiciclo rindió un informe positivo del proyecto.

“Muchos diputados aún no lo conocen a plenitud, yo, desde mi punto de vista, lo veo correcto y positivo, porque veo que es un proyecto que habla de una función que nosotros la hemos venido desempeñando por un mandato constitucional”, expuso.

“No lo veo con suspicacia, no creo que la haya, de hecho tenemos que verlo, no puede haber tanta prisa con él, y creo que el hecho de que lo hayamos dejado para las próximas sesiones, va a crear las condiciones necesarias para oír las diferentes opiniones de los diputados”, aseveró.

Maldonado dijo que no ve las condiciones para un juicio político en estos momentos, porque el presidente Danilo Medina fue democráticamente elegido, cumpliendo con las leyes y la Constitución de la República.

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, consideró que más que un proyecto de Ley, lo que debe hacerse es una reglamentación interna, porque ya la Constitución prevé el procedimiento de control y juicio político para funcionarios electos. Sobre las especulaciones de las razones por las que sale ese proyecto a relucir en estos momentos, dijo esperar que no tenga un sentido político, “porque una iniciativa de Ley dentro de las facultades del legislador no se deja a la interpretación, sino que las mismas estén cimentadas en las necesidades de desarrollar una serie de instituciones y mejorarlas”.

El proyecto sanciona con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública por elección o designación durante diez años, a cualquier funcionario que fuese hallado culpable luego de un proceso de juicio político, por “faltas graves en el ejercicio de la función pública”.

Para el juicio, el Senado deberá conocer y decidir sobre la veracidad de la acusación o la absolución de un funcionario enjuiciado políticamente por faltas graves.

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