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Soledad, esperas eternas y miedo en los centros para inmigrantes de EEUU
«Yo no sabía ni cuándo ni cómo iba a salir del centro de detención, si en una bolsa de plástico, en un autobús hacia México o en libertad, como había estado mis 26 años anteriores de vida en este país»
Washington, (EFE/Miriam Barchilón).- Fueron dos años, pero la mexicana Alejandra Pablos revive la experiencia cada día. Aún le atormenta la soledad, las esperas eternas y el miedo que sufrió en uno de los centros de detención de Estados Unidos, en los que actualmente viven recluidos casi 40.000 inmigrantes.
Como muchos, Pablos estaba pendiente de la decisión que tenía previsto emitir esta semana el Tribunal Supremo de EE.UU. sobre un decisivo caso sobre los centros de detención.
El alto tribunal, sin embargo, decidió postergar su decisión para volver a evaluar en los próximos meses el caso, en el que tendrá que decidir si los inmigrantes, como cualquier ciudadano estadounidense, tienen derecho o no a una audiencia que examine su reclusión y les permita quedar en libertad mientras esperan una resolución.
La propia Pablos tuvo derecho a audiencias ante un juez cada cuatro meses durante los dos años (entre 2011 y 2013) que estuvo recluida en el centro de Eloy, en Phoenix (Arizona).
“El sistema es lento y está roto -criticó-, hay pocos jueces y no hay gente suficiente trabajando en el área de inmigración. Al mismo tiempo, intentan llenar camas, nos tratan como productos, para ganar beneficios, y acabamos pasando allí mucho tiempo”.
“Yo no sabía ni cuándo ni cómo iba a salir del centro de detención, si en una bolsa de plástico, en un autobús hacia México o en libertad, como había estado mis 26 años anteriores de vida en este país”, aseguró a Efe Pablos.
“El sistema es lento y está roto -criticó-, hay pocos jueces y no hay gente suficiente trabajando en el área de inmigración. Al mismo tiempo, intentan llenar camas, nos tratan como productos, para ganar beneficios, y acabamos pasando allí mucho tiempo”.
La mujer se refirió así a la “cuota de cama”, una disposición federal que exige mantener diariamente a por lo menos 34.000 inmigrantes en los centros de detención para poder hacer rentable el negocio a las empresas privadas que las gestionan.
Según Human Rights Watch, dos tercios de los inmigrantes retenidos están en centros operados por empresas de privadas.
Entre octubre de 2016 y el 3 de junio de este año, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los centros de detención hubo de media diaria 39.102 individuos, una cifra que se ha mantenido casi estable desde la crisis de niños llegados solos desde Centroamérica en 2014.
Pablos consiguió salir del “infierno” del centro de detención de Arizona en noviembre de 2013 gracias a la fianza de 9.000 dólares que pagó su hermano, un veterano de la Fuerza Aérea de EE.UU. que combatió en Kuwait y se sintió indignado al ver cómo el país por el que había luchado estaba tratando a su hermana.
La mujer llegó a Estados Unidos desde México en 1985 cuando tenía solo 6 meses. Se crió en California con su madre y con su hermano menor, nacido en territorio estadounidense.
A los 14 años, se mudaron a Tucson (Arizona) y allí Pablos logró la tarjeta de residente permanente (“green card”), mientras que su madre consiguió la ciudadanía estadounidense.
En 2011, Pablos se metió en un lío: la Policía le descubrió artículos para consumir drogas y fue condenada a cinco años de libertad vigilada y, al cumplir la pena, el ICE la atrapó para expulsarla a México tras revocársele la residencia permanente.
La incredulidad, la ansiedad, la desesperación, el miedo y la confusión se apoderaron de ella, cuando se vio “atrapada en el sistema migratorio” de Estados Unidos.
“Mi primera noche detenida la pasé en una sala en la que había unas 20 mujeres. La más joven tenía unos 17 años. Estábamos en el piso de piedra, sin cobijas, tratando de crear calor corporal porque estábamos heladas. Nunca he pasado más frío en mi vida. Me dolían los huesos”, recordó Pablos entre lágrimas.
El día a día en el centro de detención era deprimente, la alimentación deficiente, solo tenían derecho a salir al patio una hora y no tenían derecho a acceder a ningún tipo de educación.
En las habitaciones había dos personas, con colchones “muy finos” y sin privacidad, según relata.
Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes para Pablos y, para las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, es el cuidado sanitario en los centros.
Precisamente, en un informe divulgado en mayo, Human Rights Watch denunció que la atención médica en los centros muestra una “peligrosa precariedad” debido a unos cuidados de baja calidad y escasa supervisión. EFE
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.