El proyecto de Ley de Partidos Políticos se mantiene en manos de una comisión bicameral que no logra avanzar en los artículos neurálgicos de siempre como el límite de los aportes individuales a los partidos, regulación de las campañas electorales interna y su organización por parte de la Junta Central Electoral (JCE), el padrón de electores, transfuguismo, clientelismo y otros donde no se avizora consenso.

El fantasma de que la pieza legislativa sea engavetada nuevamente se mantiene latente.

Sus fundamentos son irrefutables.

Ningún proyecto de ley como de Partidos y Agrupaciones Políticas ha suscitado más respaldo de los principales sectores nacionales en los últimos 20 años. Y ninguno ha recibido un boicot más contundente de la élite política para evitar su aprobación, aunque propaga a los cuatro vientos que también lo apoya.

Desde el 1999, los partidos dominantes, el de la Liberación Dominicana (PLD), que controla el Congreso desde 2006, y el viejo Revolucionario Dominicano (PRD), que tuvo ese control en el período 1998-2006, en componenda con el Reformista Social Cristiano (PRSC), han abominado un sinnúmero de proyectos de ley.

Periplo interminable
El primer intento para fortalecer y transparentar el sistema de partidos políticos del país se produjo a finales de la década de 1990 cuando la desaparecida Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado lideró un debate entre académicos, políticos, representantes de la JCE y de la sociedad civil, del cual surgió la propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que fue sometida ante la Cámara de Diputados por la entonces legisladora reformista Licelott Marte de Barrios.

No obstante, esta iniciativa no recibió el respaldo de los congresistas. Fue introducida el 17 de junio de 2003, enviada a una Comisión Especial el 22 de julio del mismo año, pero perimió al término de la Segunda Legislatura Ordinaria de 2003. El proyecto fue reintroducido, pero la comisión nunca lo estudió. En el 2004 volvió a perimir.

En contraposición, los partidos se aventuraron a aprobar la Ley de Primarias número 286/04, el 15 de agosto de 2004, un día antes del traspaso de mando, que desató toda suerte de comentarios y polémicas, al establecer “un sistema de elecciones primarias mediante el voto universal directo y secreto con la participación de todos los electores”.

Una nueva iniciativa surgió en 2007 con un proyecto elaborado por la JCE, que de inmediato fue rechazado por los partidos políticos, en parte argumentando que el órgano de arbitraje electoral carecía de facultades para hacerlo. En agosto 2008 el diputado reformista Ángel Acosta presentó un proyecto que recogió las observaciones, al proyecto de Marte de Barrios y hacía otros aportes. El 11 de agosto de 2009, faltando cuatro días para el fin de la primera legislatura ordinaria, el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja, pero Acosta no fue reelecto en 2010 y todo quedó ahí.

El 12 de agosto de 2009 la Cámara de Diputados sorprendió al país aprobando en primera y segunda lectura, después de amplios debates, otro Proyecto de Ley de Partidos al acoger con ligeras modificaciones el informe favorable de la comisión especial presidida por el entonces diputado perredeísta Rafael Calderón. El proyecto pasaría al Senado, pero nunca más se conoció su destino.

No fue hasta el 15 de junio de 2011, después de la reforma constitucional, cuando la JCE volvió a someter al Congreso otro proyecto, luego de un amplio consenso con los partidos, pero caducó sin recibir ningún tipo de sanción.

Paralelamente otro proyecto Ley de Partidos fue introducido el 30 de agosto de 2011, por el diputado reformista por Santiago, Máximo Castro Silverio, Esta pieza trataba de emular la iniciativa de su compatriota exdiputado Acosta en 2009. Así llegaron las elecciones de 2012, que paralizaron el país.

Convulsiones
Otro maremágnum ocurriría en 2015 cuando el PLD, con dominio absoluto en el Congreso ordenó en una reunión conjunta del Comité Político y sus legisladores el 3 de febrero, aprobar la Ley de Partidos. Esta determinación fue interpretada como el fin del conflicto interno que mantenían los grupos del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández sobre el tema. Pero también significaba un rompimiento del debido consenso que se buscaba con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado.

Ese mismo día el presidente de la JCE, Roberto Rosario, había acudido al Congreso a reintroducir la pieza legislativa junto a la Ley de Régimen Electoral de esa institución, abrigando la esperanza de que se aprobaran antes de las elecciones generales de 2016.

Pero un mes después Abel Martínez se inclinaría por tomar al pie de la letra la ordenanza del PLD. Desconoció la comisión especial que estudiaba once piezas legislativas, tres de ellas formales, sometidas en los últimos dos años. Designó tres nuevas comisiones con diputados peledeístas, y se aprobó de urgencia el proyecto en la Cámara de Diputados del 3 de marzo en medio de un gran revuelo y críticas de la oposición.

Después de todos los debates, iniciativas y diálogos retornarían a cero, ya que la cámara baja no logró el consenso en una segunda lectura. Los partidos políticos volverían a realizar sus propios análisis y propuestas de la Ley de Partidos, en un periplo de consenso que al final se vio precisado a retornar al Congreso y todavía nadie se aventura a asegurar que tendrá un final feliz.

LOS ESFUERZOS PERSISTEN LA CULPA
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, culpó al gobernante PLD el 24 de enero de 2014 por el retraso en la aprobación de las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral y recordó que el presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández y los presidentes del PRD y el PRSC se habían comprometido a accionar para aprobar la Ley de Partidos en el primer trimestre de ese año.

El actual presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, reintrodujo el proyecto de Ley de Partido Políticos el 16 de febrero pasado, vía el Senado, con el propósito de que sea aprobado junto al proyecto de reforma a la Ley Electoral, en la legislatura que inició el 27 de febrero y que finaliza el 25 de este mes.

INICIATIVA PERDIDA
Se estima que la iniciativa más ancestral data de 1987, donde el proponente fue el presidente de la JCE de ese entonces, Caonabo Fernández Naranjo. En mayo de 1985 Fernández Naranjo anunció la elaboración de este proyecto de ley, luego de recibir el apoyo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IDH-CAPEL). La propuesta derivaba de legislaciones que estaban vigentes en Argentina y Alemania en ese momento y su principal objetivo era “consolidar a partidos mayoritarios, desalentar a los que no tenían una militancia significativa y erradicar a los que no tienen ninguna militancia”, así como la regulación de fondos. Pero no se ha podido constatar el proceso que llevó en las cámaras legislativas.

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