Santo Domingo.- Una docena de personas, jóvenes y de edad media, cargados con mochilas y bultos de computadoras llenaron dos de los ascensores de servicios en el edificio donde operan las oficinas centrales de Odebrecht.
Se iniciaba la semana y tenían como misión pasarse cinco días corridos auscultando, detalle a detalle, papelito a papelito, todas las operaciones de la multinacional brasileña de la construcción en República Dominicana.
La respuesta de la empresa fue que era parte del iniciado proceso de rigurosos controles de operaciones, a cargo de sendas firmas norteamericanas-europeas de auditores, pagados por Odebrecht, pero bajo contrato de las autoridades norteamericanas y brasileñas para la ejecución constante de su denominado programa Compromiso de Actuación Ética, Íntegra y Transparente.
Y es que la dura lección que ha enfrentado Odebrecht al verse involucrada en uno de los escándalos más graves, tanto en su Brasil natal como en las naciones donde ha operado y opera multimillonarios contratos, ha provocado uno de los remezones internos más trascendentes que acusa una empresa de su dimensión, que parece decidida a levantarse de sus cenizas y continuar liderando el negocio de la construcción en gran parte del mundo.
En República Dominicana, donde Odebrecht ha sido blanco de duros cuestionamientos tras su confesión de que habría pagado unos US$92 millones en sobornos, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno, a través de las autoridades judiciales nacionales, mediante el cual cubre el monto admitido y paga el duplo en multa, al tiempo que por lo menos 14 personas han sido encartados en un expediente penal bajo acusaciones de violaciones a las leyes anticorrupción.
Malas prácticas
El punto nodal en el país, como en la generalidad de las naciones latinoamericanas involucradas en las confesas malas prácticas de la gigante constructora brasileña, es que el nombre Odebrecht se ha convertido en el principal elemento de confrontación política intestina.
En República Dominicana, Odebrecht fue el estandarte de una descarnada oposición contra el gobierno peledeísta del presidente Danilo Medina, a través de la denominada Marcha Verde, mientras que en otras naciones, como Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, es el estandarte de vendettas políticas partidistas.
La Procuraduría
La acción de la Procuraduría General de la República Dominicana -con sus críticas y alabanzas- al llevar el caso ante los tribunales con acusados con medidas de coerción y prisión, junto al acuerdo Gobierno-Odebrecht homologado por la Justicia, ha provocado que el país haya pasado la página del tema de los sobornos.
La oposición política no lo acepta y, por ello, procura mantener la hornilla encendida, enfocando toda su artillería contra la mega obra de Punta Catalina, aun a pesar de que el contundente informe de la comisión especial que investigó el tema, dejó sin aliento y pocos argumentos a los detractores que cual desahuciados, se han refugiado en las camisetas y gorras del populista movimiento verde.
No obstante, en las caminatas de los manifestantes de verde han sido exhibidas fotografías de dirigentes políticos opositores y leyendas en cartelones acusándolos de corruptos, lo que ha provocado discusiones en lo interno de esos partidos toda vez que los afectados y sus acólitos endilgan la responsabilidad de tales ‘bellaquerías’ a un intento de descalificarlos, como parte de sus ríspidas guerras intestinas.
Escándalo
El escándalo Odebrecht va, entonces, perdiendo la espectacularidad y atención inicial, debido a las acciones judiciales ejecutadas en Brasil -donde hay decenas de arrestados y condenados y donde cada día hay reconsideraciones de penas por los acuerdos denominados ‘delaciones premiadas’- y en algunas de las naciones afectadas en América Latina, sobresaliendo la República Dominicana.
Es en ese contexto que la empresa constructora -con una fama de calidad y eficiencia a toda prueba- ha emprendido un rígido proceso de introspección, que plantea medidas de conjunto a fin que en lo adelante todas sus operaciones se rijan en un marco de transparencia, a lo interno y externo.
La prestigiosa revista londinense International Finance Magazine, publicó un artículo de Olga Pontes, oficial de cumplimiento de Odebrecht, en que plantea que el compromiso con la actuación ética, íntegra y transparente que ha adoptado la empresa brasileña “es una propuesta que responde a cuestiones más actuales de la sociedad, con orientación sobre prácticas anticorrupción, lavado de dinero, conflictos de intereses, relaciones público-privadas, con proveedores y accionistas entre otros… son reglas claras y objetivas para no dejar dudas en el momento de tomar decisiones de parte del funcionario” de la compañía.
Confesiones
Las confesiones de Odebrecht sobre el escándalo de corrupción en Brasil y otras naciones en América Latina, de la que no se excluye República Dominicana, plantearon operaciones ocultas violatorias a las leyes anticorrupción y antilavado de dinero, que imperan hoy en todo el mundo con serios esfuerzos de gobiernos y entidades multinacionales por controlar las evasiones, las riquezas mal habidas y las concentraciones de capitales provenientes de ilícitos que provocan desbalances en la economía mundial.
De ahí que esta nueva norma de compromiso, en manos de todos los funcionarios y/o oficinas de Odebrecht -empresa que reúne una empleomanía de más de 160 mil personas alrededor del mundo y operaciones por US$161 mil millones- establece claramente que los miembros de la empresa “deben tener conciencia de que desvíos de conductas, sea por acción, omisión o complacencia, agreden a la sociedad, vulneran las leyes y destruyen la imagen y la reputación” de la entidad.
El panorama ha ido cambiando. De lo que fuera Odebrecht, el símbolo del escándalo, en diciembre 2016-enero 2017, hoy el tema recorre un camino más realista y menos populista. En Estados Unidos, por ejemplo, Odebrecht sigue liderando grandes construcciones, como se ve en Miami o en la construcción de una modernísima planta petroquímica filial de la constructora brasileña cerca de Houston, Texas, o de como el presidente argentino Mauricio Macri, sin desconocer las culpas de la empresa constructora en el escándalo, dice que esta podrá volver a operar en el país y motiva a su Congreso para que pase una ley que da tal apertura.
El autor es periodista.
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