Cortesía de VEJA

El delito se produce cuando funcionarios públicos conceden o prometen una ventaja indebida a cambio de pago o al menos una oferta de compensación.

/Michel Temer, presidente de Brasil.

Casi un año después de su posición definitiva en la Presidencia de la República ocurrida en agosto de 2016, Michel Temer (PMDB) se enfrenta a un récord diferente del que le gustaría: es el primer jefe de estado brasileño a ser denunciado por un delito común. La acusación, presentada por la Fiscalía General de la República (PGR) y que requiere la autorización de la Cámara de Diputados para ser analizada por la Justicia, es la de corrupción pasiva.

El delito está definido por el artículo 317 del Código Penal, que prevé lo siguiente: “Solicitar o recibir, para sí o para otro, directa o indirectamente, aunque fuera de la función o antes de asumirla, pero en razón de ella, ventaja indebida, o aceptar la promesa de tal ventaja”

Es un delito que sólo puede ser cometido por funcionarios públicos y que se caracteriza cuando éste ofrece o acepta un beneficio a cambio de un favor indebido, que sólo es posible por la función que ocupa el imputado.

En el caso de la acusación contra el Temer, el procurador general Rodrigo Janot afirma que el presidente y su exasesor Rodrigo Rocha Loures, funcionarios públicos, promovieron ventajas irregulares para JBS ?una empresa alimentaria brasileña? a cambio de pagos en efectivo por parte del grupo.

En ese caso, el empresario Joesley Batista, dueño del grupo empresarial, estaría en el otro extremo, con el delito de corrupción activa, que es justamente prometer o concretar esos pagos a los agentes del poder público. El empresario, sin embargo, no va a responder por el crimen: el acuerdo de colaboración premiado firmado con la Fiscalía prevé que no sea procesado de ninguna forma.

Una de las alegaciones principales de defensa del Presidente ?que no recibió ni un real de Batista? no es suficiente para invalidar la acusación, explica Fernando Castelo Branco, especialista en derecho penal económico y profesor del Instituto de Derecho Público de São Paulo IDP-SP). “Para la consumación del delito basta que la persona solicite la ventaja, aunque no la reciba directamente”, afirma.

Se trata, por tanto, de un marco diferente de la concusión, que prevé que el acusado exija el pago o la ventaja. Pero no es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) debe presentar “una secuencia lógica de hechos” para validar la denuncia dentro de esta definición, aclarando el camino por el cual la ventaja fue ofrecida por los corruptores y aceptada por los corruptos. En la pieza presentada por Janot, la explicación es la que sigue.

Los hechos, según Janot

1.  El 06/03, Joesley Batista y Rodrigo Rocha Loures se reunieron en São Paulo y combinaron un encuentro del empresario con el presidente Michel Temer.
2. El 07/03, Joesley Batista fue al Palacio de Jaburu, en Brasilia, para ser recibido por Temer. Relató diversos asuntos para los que dependería de ayuda, a lo que el actual presidente señaló al propio Rocha Loures como su representante.
3. Los días 13 y 16/03, Joesley Batista y Rocha Loures se reunieron dos veces. El primer día, Joesley le informó a Loures que Temer autorizó que intercediera en su favor. En el segundo, relató cuál era el beneficio que necesitaba: una actuación ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que analizaba una cuestión de gas natural de interés de JBS.

El mismo día y con el teléfono en vivo, Loures llamó a Gilvandro Vasconcelos, presidente del Cade, que habría “entendido perfectamente” lo que debería hacer ?como no tendría la influencia necesaria para ello, concluye Janot, Loures habló con el ejecutivo representante de Temer. Y el empresario estableció en un 5% la comisión a ser pagada, lo que representaría entre 19 y 38 millones de reales hasta diciembre.

4. 4. En 13/04, Petrobras y EPE Cuiabá ?empresa del grupo JBS? firmaron un contrato de compra y venta de gas natural, que atendía a los intereses de Joesley Batista y de Ricardo Saud, ejecutivo de JBS. Como consecuencia, Petrobras pidió al Cade que extinguiera el proceso.
5. El 24/04, Loures y Saud se encontraron en una cafetería en São Paulo. Saud combinó el valor del soborno, que podría ser de R$500 mil o R$1 millón por semana, dependiendo del precio del gas.
6. En 28/04, en una pizzería también de São Paulo, Loures recibió de Saud, en una acción controlada registrada por la Policía Federal R$500 mil en una maleta.

La conclusión de Janot: Batista y Saud prometieron a Loures y Temer un pago en efectivo. En cambio, Loures, en nombre de Temer, prometió ventajas ilícitas para la JBS, comprobadas por la interferencia del exasesor en el Cade y el contrato entre Petrobras y la EPE Cuiabá.

Para el fiscal, ya que Loures no tiene poderes para dar órdenes al presidente del Cade o a dirigentes de Petrobras, sólo pudo haber actuado con la autorización de Temer. Por lo tanto, evalúa, está configurado el delito de corrupción pasiva.

En el análisis de una denuncia de corrupción pasiva, por lo tanto, debe tenerse en cuenta si la secuencia de hechos presentada, entre el ofrecimiento de una ventaja y la recepción de una contrapartida, es consistente y tiene elementos suficientes para que sea aceptada y juzgada.