Opinión
La Parte Buena y la Parte Mala de las Redes Sociales
Por José Cabral
La llegada del internet fue como una especie de salvación para los más débiles frente al monopolio y la colonización de la información y de la opinión, porque más del 90 por ciento de los contenidos de los medios de comunicación proviene de naciones que agreden, además, política, económica y socialmente a los demás pueblos, principalmente a los del llamado tercer mundo, cuya mayoría están localizados en América Latina y en el África Sub-sariana.
La lucha por la democratización de la información y la opinión data de muchos años, incluyendo la época en la que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desarrolló planes para romper con lo que se conoce como el libre flujo de la información por un Nuevo Orden Informativo Internacional.
Y la llegada del internet, tecnología salida de las propias entrañas de la sociedad que ocupa la categoría de imperio por haber llegado a la fase superior del capitalismo y que protagoniza no sólo el monopolio y la colonización de la información y la opinión, sino que además había sido la responsable de la negación del derecho a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y africanos, ha sido una gran bendición.
El internet, tecnología que tiene su origen en el pentágono norteamericano, hoy constituye una arma muy poderosa en contra de esos mismos intereses, porque a través del mecanismo usado para protagonizar invasiones militares, luego termina, sin querer que así fuera, dotando a los que no tienen voz de una arma muy poderosa como las redes sociales.
El internet ya ha servido para derrocar dictaduras y monarquías, como ocurrió con la llamada primera árabe que se llevó de paro a varios gobiernos de esa parte del mundo, cuya motorización vino después que jóvenes apelaran a esta tecnología para organizar grandes protestas en contra del hambre y la miseria de la mayoría de sus habitantes, donde se reportaban altos índices de desempleos, lo cual era un obstáculo para que la gente decidiera formar una familia.
Pero hay muchos más fenómenos que han sido motorizados por la tecnología del internet, por lo que nadie puede negar el impacto de éste en el mejoramiento del respeto del derecho a la información y la opinión de los que no tienen voz, dado que la gente no tenía derecho a la palabra en unos medios de comunicación tradicionales cuya propiedad pertenece a grandes consorcios nacionales e internacionales.
El internet rompió con la era de la comunicación unidireccional y la transformó en multidireccional para acabar con un monopolio y una colonización de la información y la opinión que ha devenido en una mejoría de las democracias en todo el mundo.
Sin embargo, las redes sociales también han traído su parte mala, como la que tiene que ver con el que la usa para difamar e injuriar a otros, hasta por hobby, lo cual desnaturaliza la idoneidad de tan importante logro tecnológico.
Lo peor de todo es que quien incurre en semejante abuso de las redes sociales esconde su identidad, porque se trata precisamente de un irresponsable que no es capaz de dar la cara para afrontar su atrevimiento, lo cual también indica de que se está frente a una mentira para hacer daño.
Lo que pasa es que hay gente, tal vez la mayoría, que asume como cierta cualquier campaña injuriosa y difamatoria de cualquier ser del bajo mundo lleno de malas pasiones y con sentimientos no nobles y que muchas veces su capacidad no alcanza para llegar más lejos que vomitar mentiras e insultos en contra de alguien con quien pudo haber tenido una diferencia o sencillamente porque no coincide con sus puntos de vista.
Son muchísimas las razones por las que los malos que están diseminados por doquier deciden difamar a otros, como por ejemplo aquellos que también matan por razones muy poco entendibles, ya que hay de todo en la viña del señor, expresión bíblica que describe el panorama que queremos presentar a los lectores.
Frente al grave problema de lo bueno y lo malo que representa la maravillosa tecnología del internet, no habría otra opción que apelar a una frase muy popular, que en cierto modo es una especie de resignación que dice: No hay nada bueno que por mal no venga, y lo contrario: No hay nada malo que por bien no venga.
Lo que se impone frente a la corriente injuriosa y difamatoria que se desarrolla por el internet es enfrentarla con los mecanismos que establece la ley sobre la materia, sobre todo después de que la misma circunstancia ha llevado a los Estados a desarrollar o crear legislaciones para los delitos de alta tecnología con sanciones muy severas para los que incurran en los mismos.
No queda de otra.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.