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Flexibilizan medidas de coerción a imputados en Coral y Coral 5 G.
Santo Domingo, R.D.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional flexibilizó este martes las medidas de coerción a tres de los imputados de participar en esta red llamada Coral y Coral 5 G acusada de desfalco de dinero público durante el Gobierno de Danilo Medina, cuya decisión se produce a 48 horas del inicio del juicio de fondo en su contra.
El Tribunal no hizo caso al Ministerio Público que se opuso a las nuevas medidas de coerción contra los tres imputados, al considerar de que estos no presentaron nuevos presupuestos ni pruebas novedosas que permitieran al tribunal variar las medidas de coerción anterior.
El tribunal dispuso que el general de la Fuerza Aérea (FARD) Julio de los Santos Viola deje de cumplir el arresto domiciliario y le impuso una garantía económica de un millón de pesos, aunque le mantuvo el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Además, dictaminó que el radio de acción del localizador electrónico que utiliza el general De los Santos Viola le fuera ampliado a nivel nacional.
Con relación al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, la corte también le retiró el arresto domiciliario y a cambio le impuso una garantía económica de 100 mil y le mantiene el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Mientras que para el coronel de la Policía Rafael Núñez D’ Aza dispuso asimismo el cese de arresto domiciliario a cambio de una garantía económica de 100 millones de pesos, impedimento de salida sin previa del país autorización judicial y amplió a todo el territorio nacional el radio de acción del localizador que utiliza.
Al igual que el Ministerio Público, el abogado del Estado José Alberto Ortiz dijo que lo más prudente era mantener la medida de coerción vigente para no contaminar el juicio de fondo que comienza este jueves 18 de abril.
Los imputados cumplen medida de coerción, tras ser imputados de pertenecer al presunto entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano en más de 4 mil 500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020.
Además, están acusados de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados también están el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre; el general de la Armada de República Dominicana (ARD) Boanerges Reyes, así como el capitán de navío de ese mismo organismo Franklin Antonio Mata Flores.
También el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.