SANTO DOMINGO. A la Junta Central Electoral (JCE) no le convendría acudir a un tribunal arbitral con la empresa Indra Sistema, a la cual le debe más de 13 millones de dólares por la compra de los equipos tecnológicos utilizados en las pasadas elecciones.

Expertos en arbitraje consultados por Diario Libre respecto a la cláusula establecida en el artículo 30 del contrato de servicios entre la institución pública y la empresa española, cuyo único párrafo establece que los conflictos surgidos entre las partes se ventilarán en el Tribunal Superior Administrativo dominicano, explicaron que ese punto es controversial ante la existencia de un acuerdo entre el Estado Dominicano y España.

Nelson Espinal Báez y Manuel Tapia López coincidieron con juristas que establecen que para ir a un tribunal de arbitraje las partes envueltas en el conflicto deben de tener firmado un acuerdo previo o posterior donde aceptan ir al arbitraje, advirtiendo que eso no es conveniente ya que a prima fase se evidencia que se está frente a un caso que tiene carácter público con posibles consecuencias penales.

En el acuerdo firmado entre las entidades, ambas renunciaron a resolver las diferencias en los tribunales arbitrales, sin embargo el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana sería al que podría recurrir Indra para obligar a que el conflicto se conozca en un tribunal privado y no en el Poder Judicial dominicano como lo dice el acuerdo firmado el 5 de diciembre del 2015.

“Sería una Inelegancia Juris que una institución de derecho público como la Junta Central Electoral someta ante un tribunal privado, que es el arbitraje, una controversia que tiene elementos de carácter penal”, destacó Espinal Báez.

“En el caso de que se trata, las partes eligieron como foro para dirimir sus conflictos el Tribunal Superior Administrativo, el cual deberá resolver la disputa respetando los principio de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (Viena 1980)”, afirmó Tapia López.

Manuel Fermín Cabral y otros juristas consideran que al no establecerse la clausura arbitral en el acuerdo entre la JCE e Indra Sistema, el Estado podría asumir que hubo una renuncia al arbitraje de inversión.

“Ese tema de la renuncia tácita al arbitraje de inversión, vía la designación, en este caso, del Tribunal Superior administrativo, ha generado internacionalmente muchas discusiones. Hay quienes sostienen que el inversionistas, a pesar de haber firmado un contrato como ese, tiene la alternativa de elegir el foro; otros, en cambio, dicen que debe prevalecer el contrato suscritos, por efecto de la autonomía de la voluntad”, explicó Fermín Cabral.

Otros especialistas consultados por DL consideran que a pesar de que las partes podrían argumentar que decidieron descartar la aplicación del tratado entre el Estado dominicano y el español en el referido acuerdo, quien decide si tiene o no competencia para conocer el caso es el propio tribunal arbitral.

Los expertos consultados al respecto, explicaron que muchas veces los inversionistas se pueden aprovechar de manera directa de algún acuerdo de libre comercio que hayan firmado los Estados en el cual se prevea un arbitraje.

Se recuerda que en el año 2012 la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional rescindió el contrato de concesión del peaje de la Autopista Las Américas a la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras y condenó al Estado dominicano al pago de US$45 millones por haber incumplido en sus obligaciones bajo el contrato de concesión.

El tema arbitral no solo se está manejando con relación a la JCE, recientemente la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales informó que están en contacto con abogados ante un posible conflicto con la empresa Odebrecht por los atrasos en la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

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