El Gobierno luce con un rumbo confuso y como si no tuviera idea de como se debe manejar el Estado.

El último escándalo que involucra a una figura importante del Gobierno  es el de  la ministra de la Juventud,  Kinmberly  Taveras, quien hizo una declaración de patrimonios que alcanza los 108 millones de pesos con apenas 33 años de edad, lo que se ha derivado en  la suspensión del registro de proveedoras del Estado de dos de sus compañías, lo cual envía un buen mensaje saludable a una sociedad que tiene como principal preocupación la corrupción en el sector público.

Esta joven, quien en la actualidad es esposa de un hijo de la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo, que  cambió su diputación por la posición que ocupa en el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora mismo está en la picota pública.

La decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha sido muy atinada, porque amén de cualquier otra irregularidad que pueda ocurrir en los negocios de esta ministra, también se produce una violación a la ley con el hecho de que ella ocupe un puesto en la administración pública y al mismo tiempo haga negocios con el Estado.

El mensaje que se envía es de que no se va a tolerar ese tipo de conducta en el presente Gobierno, pese a que todavía quedan bastantes cosas por despejar en lo que respecta a esta familia y a muchas otras, las cuales tienen  prácticamente a todos sus miembros empleados en el Estado.

Por esta razón no parece que la anulación del registro de proveedor del Estado de dos compañías de la funcionaria pueda tener mayor trascendencia, a menos que no se haga una profunda investigación del supuesto tráfico de influencias de ella  en ayuntamientos que controla el partido de Luis Abinader, porque de comprobarse semejante irregularidad entonces procede su inmediata cancelación del puesto que ocupa.

Sin embargo, no parece que ese vaya a ser caso, ya que en el Gobierno hay otros funcionarios que son cuestionados desde antes de que fueran nombrados o designados por Abinader y un ejemplo muy elocuente es el caso del administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, cuyo involucramiento no deja dudas  en la estafa al Estado a través de la compra de los aviones Super Tucanos durante la administración del doctor Leonel Fernández.

De esto se ha hablado desde que sonó éste para el puesto, pero los compromisos con él parecen tan importantes que no hubo forma de que su nombramiento fuera impedido, pero lo peor de todo es que su designación sale de un decreto emitido por el presidente, quien  en campaña prometió no incurrir jamás en ese tipo de equivocación.

La terquedad del presidente ha seguido su agitado curso en virtud de que mientras la gente más criticaba la designación de miembros de una misma familia en el Gobierno, más nombramientos con las mismas características  se producían, cuyos últimos fueron la esposa de Orlando Jorge Mera y una hermana de la vicepresidenta Raquel Pena, ambas en el servicio exterior.

Pero Abinader así como tiene una fuerte inclinación a no cumplir su palabra, parece tener un amor enfermizo hacia personajes del sector privado que al final de la jornada comprometen al Gobierno con intereses que no son los más saludables para una nación que el neoliberalismo ha golpeado con tanta fuerza que poco falta que se cojan todas las empresas del sector oficial para controlarlas y manejarlas en función de sus intereses corporativos.

El actual Gobierno, que apenas tiene dos meses y algunos días, parece no sentar cabeza y ha entrado sin quererlo en un proceso de legitimación de los que acaban de salir del poder y que cargaron con la mayor parte del patrimonio nacional, sin que se vislumbre una rectificación a tiempo porque el problema comienza incluso con la designación de muchas personas que no saben en qué  pies están parados.

Son tiempos de grandes riesgos para un país peligrosamente afectado por una pandemia y cuya economía es mucho más pequeña que antes de que llegara la desgraciada enfermedad, lo cual aumenta la tensión y la preocupación entre la mayoría de la gente, ya que no se sabe como se distribuirá el gasto entre dos flagelos que se tragan prácticamente todo el presupuesto nacional: La corrupción y el Covid-19.