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Abel Martínez enfrenta empresarios y Gobierno con paralización trabajos Parque Central
En la Alcaldía también se quejan de no han sido tomados en cuenta para el diseño y otros aspectos de la obra, en los cuales alegan debe participar el Ayuntamiento como autoridad municipal.
SANTO DOMINGO, El alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, ordenó parar los trabajos del Parque Central, que realiza el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, porque presuntamente los responsables del proyecto, no han cumplido con los requisitos de lugar.
La comunicación fue difundida por las autoridades municipales, establece que se paralizaron los trabajos del Parque Central, porque toda obra, pública o privada debe hacerse amparada en los permisos establecidos en las leyes y normas municipales y que este no es el caso del Parque Central, un proyecto de más de 20 años.
En la Alcaldía también se quejan de no han sido tomados en cuenta para el diseño y otros aspectos de la obra, en los cuales alegan debe participar el Ayuntamiento como autoridad municipal.
“El Ayuntamiento de Santiago, es la institución facultada por la Constitución y las leyes para regular el uso de los espacios públicos y la regulación de todo tipo de intervención del sector público o privado, en materia de construcción, así como el monopolio en cuanto al uso de suelo”, se lee en la comunicación.
La tarde del sábado 18 de noviembre del 2017, las brigadas del Ayuntamiento intervinieron la obra, cargaron equipos, madera y advirtieron que no se pueden retomar los trabajos, hasta que no haya un consenso entre las partes.
En relación al tema, las autoridades municipales, representadas por el alcalde Abel Martínez, establecen que no están opuestos al Parque Central, sino, que a la hora de diseñar la misma no se tomó en cuenta la autoridad municipal.
Agregan que han hecho ingentes esfuerzos para que los promotores y constructores del Parque Central, se sometan a las leyes municipales y que se reúnan con los departamentos municipales, pero que esto no ha sido posible.
“El Ayuntamiento de Santiago, haciendo uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la república, la Ley 176-07 sobre municipalidad y la 6232-63, sobre Planeamiento Urbano, ha ordenado la paralización de los trabajos de forma inmediata y está procediendo a intervenir la zona hasta que sean cumplidas las reglas que rigen la materia, dejando establecido que no cederá su derecho de defender la legalidad y el respeto a las normas”, establece la comunicación.
Promotores.
Con respecto a la acción del Ayuntamiento, Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI), institución que promueve el proyecto, dijo que el impase se solucionará pronto.
“Sabemos lo mismo que se ha publicado en la prensa. No hemos recibido notificación, ni nada por escrito”, afirma Abreu.
“El parque lo construye Obras Públicas, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y por instrucciones del presidente de la República. En esa esfera está la solución”, dijo Saúl Abreu, sobre el conflicto.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.