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Abel Martínez enfrenta empresarios y Gobierno con paralización trabajos Parque Central
En la Alcaldía también se quejan de no han sido tomados en cuenta para el diseño y otros aspectos de la obra, en los cuales alegan debe participar el Ayuntamiento como autoridad municipal.
SANTO DOMINGO, El alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, ordenó parar los trabajos del Parque Central, que realiza el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, porque presuntamente los responsables del proyecto, no han cumplido con los requisitos de lugar.
La comunicación fue difundida por las autoridades municipales, establece que se paralizaron los trabajos del Parque Central, porque toda obra, pública o privada debe hacerse amparada en los permisos establecidos en las leyes y normas municipales y que este no es el caso del Parque Central, un proyecto de más de 20 años.
En la Alcaldía también se quejan de no han sido tomados en cuenta para el diseño y otros aspectos de la obra, en los cuales alegan debe participar el Ayuntamiento como autoridad municipal.
“El Ayuntamiento de Santiago, es la institución facultada por la Constitución y las leyes para regular el uso de los espacios públicos y la regulación de todo tipo de intervención del sector público o privado, en materia de construcción, así como el monopolio en cuanto al uso de suelo”, se lee en la comunicación.
La tarde del sábado 18 de noviembre del 2017, las brigadas del Ayuntamiento intervinieron la obra, cargaron equipos, madera y advirtieron que no se pueden retomar los trabajos, hasta que no haya un consenso entre las partes.
En relación al tema, las autoridades municipales, representadas por el alcalde Abel Martínez, establecen que no están opuestos al Parque Central, sino, que a la hora de diseñar la misma no se tomó en cuenta la autoridad municipal.
Agregan que han hecho ingentes esfuerzos para que los promotores y constructores del Parque Central, se sometan a las leyes municipales y que se reúnan con los departamentos municipales, pero que esto no ha sido posible.
“El Ayuntamiento de Santiago, haciendo uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la república, la Ley 176-07 sobre municipalidad y la 6232-63, sobre Planeamiento Urbano, ha ordenado la paralización de los trabajos de forma inmediata y está procediendo a intervenir la zona hasta que sean cumplidas las reglas que rigen la materia, dejando establecido que no cederá su derecho de defender la legalidad y el respeto a las normas”, establece la comunicación.
Promotores.
Con respecto a la acción del Ayuntamiento, Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI), institución que promueve el proyecto, dijo que el impase se solucionará pronto.
“Sabemos lo mismo que se ha publicado en la prensa. No hemos recibido notificación, ni nada por escrito”, afirma Abreu.
“El parque lo construye Obras Públicas, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y por instrucciones del presidente de la República. En esa esfera está la solución”, dijo Saúl Abreu, sobre el conflicto.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.