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Gobierno busca con proyecto de ley castigar el sicariato hasta con 50 años de prisión
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader, a través de la Consultoría del Poder Ejecutivo, depositó este martes dos proyectos de leyes que establecen drásticas sanciones de 30 a 50 años de prisión a la violación de unos 20 delitos. También crea una dependencia para proteger a víctimas y testigos.
Cuando ya la agenda de la sesión de hoy estaba lista, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó a sus compañeros sobre las propuestas que llegaron desde el Palacio Nacional. De inmediato, las envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de rendir informes en las próximas asambleas.
Una de las piezas, que contiene 76 artículos, consiste en el Proyecto de Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que fija pena de 10 a 30 años de prisión a las personas que constituyan una organización criminal para cometer delitos, como lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados.
También, secuestro, tráfico y comercialización de órganos humanos, estafas, desfalcos y sobornos contra el Estado, tráfico de niños, delitos financieros, intermediación financiera no autorizada, estafa piramidal o esquema Ponzi, delitos medioambientales y sicariato.
Hay más: delitos de alta tecnología, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, falsedad de documentos públicos, delitos graves cometidos contra las personas, y cualquier otro delito cuya pena mínima sea igual o superior a los tres años de prisión.
50 años para el sicariato
El artículo 38 señala: «La persona que mate a otra por pago, recompensa, promesa remuneratoria o cualquier otro beneficio, para si o para un tercero», será sancionada con 40 a 50 años de prisión y multa de 75 a 350 salarios mínimos.
La misma pena será aplicable a la persona que contrate el sicario de forma directa o indirectamente. Incluso, «la sola publicidad y oferta de sicariato» será penalizado con tres y 10 años de prisión y multa de 30 y 50 salarios mínimos.
Estafas masivas y reincidencia
Las personas que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, por acción u omisión, con ánimo de lucro, para así engañar a otros, recibirán una pena de tres a 10 años de prisión y pago de 100 a 3,000 mil salarios mínimos.
Protección a víctimas y testigos
El Poder Ejecutivo también depositó una pieza complementaria, consistente en el Proyecto de Ley sobre Atención y Representación Legal y Protección a las Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo.
Entre las novedades de esta pieza está la creación de la Dirección de Atención a Víctimas, dependiente del Ministerio Público, y que se encargará de «evaluar, formular y ejecutar políticas a los testigos y víctimas».
Estará compuesto por las áreas de sicología, trabajo social, médicos, seguimientos y otras áreas que garanticen la calidad del servicio.
Las fases
Ambas piezas deben ser conocidas dos veces seguidas por los senadores y pasar a la Cámara de Diputados para aprobación en dos lecturas. Luego, volverán al Palacio Nacional para promulgación.
Santo Domingo, RD. –La socialización que realiza la Junta Central Electoral (JCE) con el proyecto de la nueva cedula de identidad personal y electoral continuó este miércoles con los delegados de los partidos políticos los aspectos que impactará este proceso de renovación.
Durante el encuentro, dirigido por la comisión técnica del proyecto, se trataron cinco temas clave relacionados con la modernización y actualización del documento de identidad:
Demarcación electoral y recintos: Se discutieron cambios en la base de datos para sincronizar la residencia de los electores con su recinto electoral correspondiente.
Voto dominicano en el exterior: Se habló sobre la actualización del empadronamiento, la nueva base de datos de zonas postales y la elevación de oficinas satélites en el extranjero.
Registro civil: Se detallaron los avances en la validación proactiva de nacimientos, así como los procesos de depuración y auditoría del registro civil.
Afiliación a partidos políticos: Se presentó el proyecto de reglamento sobre el registro de afiliados y desafiliados.
Licitación de la nueva cédula: Se informó sobre el estatus del proceso para la emisión del nuevo documento de identidad.
Participación de los partidos políticos
Los delegados de las organizaciones políticas presentes recibieron un documento titulado “Propuesta de documentos que serán reconocidos institucionalmente para cambios de dirección”, con el objetivo de analizarlo y presentar sus observaciones ante la Secretaría de la JCE.
Entre los partidos representados en la reunión estuvieron:
Fuerza del Pueblo (FP)
Partido Demócrata Institucional (PDI)
Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC)
Unión Demócrata Cristiano (UDC)
Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD)
Partido Unidad Nacional (PUN)
Alianza País (AL PAÍS)
Partido Humanista Dominicano (PHD)
Partido Cívico Renovador (PCR)
También el Partido Revolucionario Independiente (PRI)
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Partido Democrático Alternativo (MODA)
Avances en el proceso de renovación
La JCE mantiene su compromiso con la transparencia y el consenso en este proceso, asegurando que la nueva cédula cumpla con los estándares de seguridad y actualización de datos. Se espera que las opiniones y recomendaciones de los partidos sean analizadas para fortalecer el proyecto y garantizar una implementación efectiva.
Santo Domingo, R.D.-Los hechos que envuelven la desaparición del niño de tres años en Manabao fueron reconstruidos por las autoridades que llevan a cabo la tarde de este miércoles la búsqueda del infante.
El operativo incluyó la participación de peritos forenses, investigadores de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.
Durante la reconstrucción, los investigadores entrevistaron nuevamente a testigos y analizaron el entorno, incluyendo el río que atraviesa la zona.
Elizabeth Jiménez, procuradora de la Corte de Niño, Niñas y Adolescentes en la provincia La Vega, explicó que con el levantamiento buscan ayudar a esclarecer la desaparición del infante.
«Desde la Procuraduría General de la República y los organismos investigativos están haciendo hasta lo imposible para la localización del niño«, aseguró la magistrada Jiménez.
El menor de edad se extravió en circunstancias desconocidas mientras jugaba con dos niñas en el patio de una casa del referido lugar, donde se encontraba de visita junto a sus padres.
Interrogatorios
Previo a ese operativo, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional interrogaron por varias horas a los padres del niño.
De acuerdo con lo explicado por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la entrevista a Carolina Vargas Ureña y Efraín Nicolás Calderón forma parte del proceso investigativo.
Santo Domingo, R.D.-Héctor Aníbal Santillán, sindicado como estratega legal de la red criminal desmantelada por el El Ministerio Público en junio del 2024 a través de la Operación Gaviota, permaneció prófugo mediante la estrategia de espera de la presentación formal de la acusación y el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal.
Así lo establece Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña, en la instancia de solicitud de medida de coerción depositada en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que consta de 377 páginas.
De acuerdo con los fiscales dado el comportamiento evasivo y la clara intención de sustraerse al proceso penal demostrada por el imputado Santillán Faulkner, resulta imprescindible imponer la prisión preventiva como medida de coerción.
Señalan que el imputado ha demostrado su capacidad de eludir la justicia en múltiples ocasiones, huyendo del lugar de los allanamientos, ocultándose de sus domicilios habituales y manteniéndose en paradero desconocido durante un tiempo prolongado.
Además, afirmaron que el imputado, ha realizado maniobras jurídicas para aparentar legitimidad en operaciones ilícitas, lo que refleja su intención de evadir las consecuencias penales de sus actos.
“La prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia del imputado en el juicio, ya que su libertad representa un alto riesgo de fuga, considerando los antecedentes de ocultamiento y la gravedad de los hechos imputados. Asimismo, esta medida es proporcional y razonable para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y la protección de los derechos de las víctimas”, aduce la instancia.