Nacionales
Poder Ejecutivo somete proyecto de ley para regular juegos de azar, incluidos los virtuales
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader, a través de la Consultoría Jurídica, sometió este martes un proyecto de ley para regular, supervisar y enfrentar el lavado de activo en los juegos de azar.
Para ello se creará la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como órgano rector autorizado para las licencias operativas a 15 tipos de los juegos de azar definidos en la normativa.
Estos son: casinos, salas de juegos de máquinas tragamonedas, casas de apuestas deportivas, casas de lotería, agencias hípicas, sorteos de la lotería nacional, loterías electrónicas, puntos de ventas de apuestas de lotería, máquinas tragamonedas, salas tragamonedas, juegos de azar y apuestas por internet, juegos de azar virtuales, bingos tradicionales, bingos electrónicos y rifas benéficas y no benéficas.
El artículo 36 de la propuesta señala que los casinos solo podrán operar dentro de hoteles de cuatro estrellas en adelante. Los que tengan entre una a 15 mesas, pagarán 55,853 pesos por cada una. Mientras que para los de 36 en adelante, la tarifa por mesa será de 85,927 pesos.
Además, cada máquina tragamonedas en un casino pagará al mes el 5 % de las ventas brutas. Se agrega un párrafo transitorio para cobrar una cuota mensual de 14,000 hasta que las autoridades tributarias desarrollen un sistema tecnológico.
Las bancas deportivas deben estar a 500 metros de las entidades antes señaladas. Tampoco deben pasar de las 10 máquinas tragamonedas y no deben estar instaladas en ninguna sección o paraje del país.
Las que operen en el área metropolitana —Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Duarte, Puerto Plata y San Cristóbal— pagarán 386,673 pesos anuales por concepto de operación, y las del resto del territorio, 257,782 pesos.
El proyecto de ley indica que las máquinas tragamonedas solo serán permitidas en casinos, hoteles de una a tres estrellas, así como casas de apuestas.
Se sancionará a los propietarios que las instalen en colmados y centros de diversión y entretenimiento.
El impuesto a cobrar será del 5 % de las ventas brutas. Sin embargo, hasta que se desarrolle una plataforma, se cobrará una tarifa mensual de 14,000 pesos.
Los juegos por internetLos juegos a través de internet tendrán un impuesto de 10 % de las ventas brutas al mes.
No obstante, otro párrafo transitorio señala que las empresas pagarán cinco millones de pesos cada 30 días hasta que se habilite una plataforma tecnológica.
De no hacerlo, la DGJA suspenderá el dominio de la página web.
Sobre las loterías
Con relación a las casas o bancas de lotería, dice que deberán estar ubicadas a una distancia mínima de 200 metros de escuelas y colegios, estancias, centros de salud, iglesias e instituciones estatales.
El proyecto modifica el artículo 36 de la Ley 139-11 para aumentar de 50 a 60,149 pesos el impuesto anual a las casas de lotería. Además, se agrega un impuesto de un 1 % a las ventas brutas del mes.
Asimismo, para registrar una casa de lotería se deberá pagar 317,765 pesos por concepto de registro o pago inicial de operaciones. Se agrega un párrafo transitorio para cobrar 2,400 pesos al mes hasta que complete el proceso de interconexión.
Loterías electrónicas
Las loterías electrónicas, que también deberán estar a 200 metros de centros educativos y de salud, el proyecto propone que paguen al mes el 24 % de las ventas brutas de los sorteos acumulativos, el 5 % de los no acumulativos y 54,000 pesos al año por concepto de operación. También incluyen el 1 % de las ventas brutas de las ventas diarias.
- En cuanto a los bingos, estos deben estar a 100, 300 y 500 metros de escuelas, de otros bingos, zonas rurales, respectivamente, y, deberán pagar un impuesto de 10 % de las ventas brutas del mes.
Sobre las infracciones
Las infracciones a la normativa serán penadas con multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público. Dependiendo el grado, la penalidad podría ser tipificada en la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Además, se aplicarán penas entre los seis meses a 10 años de prisión, según la reincidencia.
- De aprobarse la legislación, cada empresa tendrá un periodo para adecuarse.
Otros puntos
Cada negocio tendrá obligatoriamente el mensaje en su entrada: «Jugar compulsivamente afecta tu salud«, parecido a la ley sobre el consumo de alcohol.
El artículo 34 señala que la Dirección General de Juegos de Azar, se reservará la entrega de licencia a empresas y personas que hayan sido sancionadas en los cuatro años previos en los delitos de fraude contra el Estado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, falsedad, contrabando y delito contra la salud.
Todas las operaciones estarán almacenadas en el Sistema Único de Registro, según estipula el artículo 102 del proyecto de ley.
La justificación de Abinader
El presidente Abinader, en su carta a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, señala que, además se busca establecer mecanismos legales y tecnológicos que eviten la participación de menores de edad en las plataformas de apuestas en línea; asimismo, crear mecanismos que permitirán resguardar la ciberseguridad de los usuarios.
El Pleno del Senado envió la legislación a una comisión para su estudio y posterior rendición de informe.
Nacionales
Se repite el discurso de Luis Henry Molina de que se han eliminado más de 40 años de mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina dijo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) exhibe como logro haber eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, quien agregó que en la actualidad el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos.
Dijo que detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, por lo que el principal objetivo era erradicar la mora. “Una obligación cívica impostergable. Porque detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad”.
Luis Henry Molina y el presidente Luis Abinader encabezan misa solemne por el Día del Poder JudicialJosé Alberto Maldonado
Molina citó que el 87% de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se mantiene actualizada en línea.
“Se redujeron los asuntos administrativos (que no implican conflictos entre partes) del 49% al 36%, permitiendo a los jueces centrarse en su función constitucional”, destacó en su discurso por el Día del Poder Judicial.
Destacó las reformas legales: y dijo que ese avance fue respaldado por leyes clave como la Ley de uso de medios digitales, la Ley sobre Recurso de Casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
La justicia debe llegar a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables, por lo que abrieron seis nuevos Centros de Entrevista Forense, con lo que cubren todos los departamentos judiciales, ampliando el servicio a mujeres víctimas de violencia.
“Hoy, el acceso digital permite a más de 27 mil personas gestionar sus casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales, tramitar y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero”.
Santo Domingo, R.D.-Posibles restricciones a derechos fundamentales, exceso de discrecionalidad para el Gobierno y la falta de una supervisión democrática; estas son algunas de las falencias registradas por representantes opositores de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La iniciativa, aprobada este miércoles en la cámara baja en segunda discusión, será tramitada al Senado de la República, donde los legisladores tendrán la decisión de ponerla a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazarla.
La pieza fue favorecida por el bloque mayoritario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no obstante, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron que el contenido entregaría un poder descontrolado al Gobierno para ejercer las labores de inteligencia.
Así lo manifestó el diputado Danilo Díaz, quien considera que las disposiciones redactadas en el documento que elaboró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, “son muy abiertas y subjetivas”, otorgando la posibilidad de afectar derechos relacionados con la libertad de expresión, libre tránsito y a la protección de la vida privada, así como el debido proceso judicial.
Además, expresó su inquietud, ya que uno de los artículos le permitiría a la DNI accionar ante cualquier actividad pasible de atentar contra los intereses nacionales, sin que el proyecto de ley especifique el alcance.
“Investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”, versa una de las atribuciones establecidas en el artículo 10.
“Sin una definición objetiva y verificable que habilite el acceso a datos específicamente protegidos y que el régimen de secreto y gasto reservado concentra el control exclusivamente del Poder Ejecutivo…”, declaró el diputado del PLD al pronunciarse en el hemiciclo durante la sesión.
“No hay contrapeso”
Díaz entiende necesario que el Congreso Nacional conforme una comisión legislativa, en la cual los organismos de inteligencia deban rendir cuentas sobre sus labores, siendo así el contrapeso “democrático” del Gobierno.
“Esa es una de las cosas que deberían agregarse a este proyecto: una creación de la comisión que sirva de contrapeso para que no haya exceso”, dijo.
El dirigente peledeísta entiende que esta institución, en caso de ser finalmente creada, no debería estar encargada de gestionar el control de los extranjeros en los aeropuertos, muelles y la zona fronteriza del territorio nacional.
“Tratar de sustituir a la Dirección General de Migración con el control de los extranjeros; no estamos de acuerdo con esa discrecionalidad. El DNI haga una relación de lo que puede ser y lo notifique a Migración, no que el DNI tenga la autoridad operativa”, resaltó.
Díaz aclaró que el PLD no está en desacuerdo con readecuar el marco legal destinado a regular la protección y seguridad del Estado, sin embargo, la propuesta, según detalló, no tiene las condiciones para garantizar el desarrollo de diversos derechos ciudadanos.
“No estamos aquí para decir no a la inteligencia, estamos aquí para decir sí a la inteligencia, pero con límites claros, control judicial reforzado y supervisión democrática real”, indicó.
Protección a la fuente de información
El artículo 12 tiene dentro de las prohibiciones especiales que los agentes de inteligencia no podrán cometer el desconocimiento del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. No obstante, el diputado Carlos de Pérez lamentó que esta legislación no contemple la protección integral de otras profesiones importantes en el país.
“No hay una protección integrada, lo único que se protege es el derecho de los periodistas, pero el secreto de fuentes para sacerdotes, abogados en ejercicio, contables no está protegido”, alertó.
Es por esta razón que Pérez dijo que la FP se abstenía de votar a favor, ya que “sigue teniendo algunas falencias que coliden con derechos constitucionales y en ninguna medida podemos apoyar nada que aumente la discrecionalidad del Estado”.
“Una mejor regulación”
El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, empatizó con las preocupaciones expresadas por las bancadas opositoras, pero respondió indicando la necesidad que tiene el país de modernizar la regulación de la forma aplicada por las autoridades para obtener informaciones e investigar asuntos extraoficiales.
“Lo más saludable es que los aspectos con los que se regula la seguridad nacional estén bien normados con una ley moderna, ágil, que reconoce y aglutina todos los actores del sistema, que permite regulación a muchísimos aspectos que hoy no están regulados y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene libre albedrío”, expresó.
Momentos después, los oficialistas del PRM y bloques políticos aliados lograron terminar la discusión con 112 votos a favor, superando a los opositores que, en su mayoría, prefirieron abstenerse.
Tras abusar sexualmente de la niña Brianna Genao González, un tio de la manor habria confesado a la Policía Nacional que abusó sexualmente y mató a la menor de edad.
Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Yesica María González, habría confesado tras varios días de interrogatorio en torno al crimen ocurrido en la comunidad de Barrero en Imbert, Puerto Plata.
Fuentes indicaron que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, que fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, pero que «no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta».
Se indicó que en las próximas horas la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional al mando del general Jorge Luís Galán Guerrero ofrecerá los detalles del caso, el cual ha conllevado horas de investigación por partes de expertos en la materia y que ha conmocionado al municipio de Imbert y al país.
Este miércoles continuó la búsqueda de la menor, incluso a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ellas ambulancias, palas, picos, entre otros utensilios que puedan establecer donde se encuentra enterrado el cadáver de la menor Genao González.
Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanas la familia Genao González, que están bajo investigación y permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.