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Poder Ejecutivo somete proyecto de ley para regular juegos de azar, incluidos los virtuales
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader, a través de la Consultoría Jurídica, sometió este martes un proyecto de ley para regular, supervisar y enfrentar el lavado de activo en los juegos de azar.
Para ello se creará la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como órgano rector autorizado para las licencias operativas a 15 tipos de los juegos de azar definidos en la normativa.
Estos son: casinos, salas de juegos de máquinas tragamonedas, casas de apuestas deportivas, casas de lotería, agencias hípicas, sorteos de la lotería nacional, loterías electrónicas, puntos de ventas de apuestas de lotería, máquinas tragamonedas, salas tragamonedas, juegos de azar y apuestas por internet, juegos de azar virtuales, bingos tradicionales, bingos electrónicos y rifas benéficas y no benéficas.
El artículo 36 de la propuesta señala que los casinos solo podrán operar dentro de hoteles de cuatro estrellas en adelante. Los que tengan entre una a 15 mesas, pagarán 55,853 pesos por cada una. Mientras que para los de 36 en adelante, la tarifa por mesa será de 85,927 pesos.
Además, cada máquina tragamonedas en un casino pagará al mes el 5 % de las ventas brutas. Se agrega un párrafo transitorio para cobrar una cuota mensual de 14,000 hasta que las autoridades tributarias desarrollen un sistema tecnológico.
Las bancas deportivas deben estar a 500 metros de las entidades antes señaladas. Tampoco deben pasar de las 10 máquinas tragamonedas y no deben estar instaladas en ninguna sección o paraje del país.
Las que operen en el área metropolitana —Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Duarte, Puerto Plata y San Cristóbal— pagarán 386,673 pesos anuales por concepto de operación, y las del resto del territorio, 257,782 pesos.
El proyecto de ley indica que las máquinas tragamonedas solo serán permitidas en casinos, hoteles de una a tres estrellas, así como casas de apuestas.
Se sancionará a los propietarios que las instalen en colmados y centros de diversión y entretenimiento.
El impuesto a cobrar será del 5 % de las ventas brutas. Sin embargo, hasta que se desarrolle una plataforma, se cobrará una tarifa mensual de 14,000 pesos.
Los juegos por internetLos juegos a través de internet tendrán un impuesto de 10 % de las ventas brutas al mes.
No obstante, otro párrafo transitorio señala que las empresas pagarán cinco millones de pesos cada 30 días hasta que se habilite una plataforma tecnológica.
De no hacerlo, la DGJA suspenderá el dominio de la página web.
Sobre las loterías
Con relación a las casas o bancas de lotería, dice que deberán estar ubicadas a una distancia mínima de 200 metros de escuelas y colegios, estancias, centros de salud, iglesias e instituciones estatales.
El proyecto modifica el artículo 36 de la Ley 139-11 para aumentar de 50 a 60,149 pesos el impuesto anual a las casas de lotería. Además, se agrega un impuesto de un 1 % a las ventas brutas del mes.
Asimismo, para registrar una casa de lotería se deberá pagar 317,765 pesos por concepto de registro o pago inicial de operaciones. Se agrega un párrafo transitorio para cobrar 2,400 pesos al mes hasta que complete el proceso de interconexión.
Loterías electrónicas
Las loterías electrónicas, que también deberán estar a 200 metros de centros educativos y de salud, el proyecto propone que paguen al mes el 24 % de las ventas brutas de los sorteos acumulativos, el 5 % de los no acumulativos y 54,000 pesos al año por concepto de operación. También incluyen el 1 % de las ventas brutas de las ventas diarias.
- En cuanto a los bingos, estos deben estar a 100, 300 y 500 metros de escuelas, de otros bingos, zonas rurales, respectivamente, y, deberán pagar un impuesto de 10 % de las ventas brutas del mes.
Sobre las infracciones
Las infracciones a la normativa serán penadas con multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público. Dependiendo el grado, la penalidad podría ser tipificada en la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Además, se aplicarán penas entre los seis meses a 10 años de prisión, según la reincidencia.
- De aprobarse la legislación, cada empresa tendrá un periodo para adecuarse.
Otros puntos
Cada negocio tendrá obligatoriamente el mensaje en su entrada: «Jugar compulsivamente afecta tu salud«, parecido a la ley sobre el consumo de alcohol.
El artículo 34 señala que la Dirección General de Juegos de Azar, se reservará la entrega de licencia a empresas y personas que hayan sido sancionadas en los cuatro años previos en los delitos de fraude contra el Estado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, falsedad, contrabando y delito contra la salud.
Todas las operaciones estarán almacenadas en el Sistema Único de Registro, según estipula el artículo 102 del proyecto de ley.
La justificación de Abinader
El presidente Abinader, en su carta a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, señala que, además se busca establecer mecanismos legales y tecnológicos que eviten la participación de menores de edad en las plataformas de apuestas en línea; asimismo, crear mecanismos que permitirán resguardar la ciberseguridad de los usuarios.
El Pleno del Senado envió la legislación a una comisión para su estudio y posterior rendición de informe.
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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.