Santo Domingo, RD.-Mediante el decreto 445-22 m el el presidente Luis Abinader realizó cambios en los altos mandos militares, incluyendo la designación del general de brigada Jimmy Arias Grullón, Ejercito de la República Dominicana (ERD), como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en sustitución del mayor general Celín Rubio Terrero.Nacionales
Abinader realiza cambios en los altos mandos militares
Santo Domingo, RD.-Mediante el decreto 445-22 m el el presidente Luis Abinader realizó cambios en los altos mandos militares, incluyendo la designación del general de brigada Jimmy Arias Grullón, Ejercito de la República Dominicana (ERD), como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en sustitución del mayor general Celín Rubio Terrero.La sustitución se realiza meses después de que Rubio Terrero sufriera una emergencia hipertensiva y un evento cerebral hemorrágico; la disposición gubernamental no indica que el mayor general haya sido puesto en posición de retiro.
Otros cambios
Mediante ese decreto, el mayor general Julio Ernesto Florián Pérez del Ejército, quedó designado viceministro de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, en sustitución del mayor general Víctor Aecio Mercedes Cepeda, ERD, quien, con el rango indicado, fue colocado en retiro, con disfrute de la pensión correspondiente, por antigüedad en el servicio.
Además, el vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, Armada de la República Dominicana (ARD), será el nuevo viceministro para Asuntos Navales y Costeros del Ministerio de Defensa, en sustitución del vicealmirante Joaquín Augusto Peignand Ramírez, ARD, quien, con ese rango, queda colocado en honrosa situación de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente, por antigüedad en el servicio.
La disposición también contiene que el mayor general piloto Leonel Amílcar Muñoz Noboa, Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), queda designado viceministro para Asuntos Aéreos y Espaciales del Ministerio de Defensa, en sustitución del mayor general Juan Manuel Jiménez García. FARD.
Del mismo modo, el general de brigada Miguel A. Rubio Báez, ERD, queda ascendido a mayor general y designado inspector general de las Fuerzas Armadas en sustitución del mayor general José Manuel Castillo Castillo, ERD, quien, con el rango indicado, queda colocado en honrosa situación de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente.
El mayor general piloto Juan Manuel Jiménez García, FARD, queda designado asesor militar, naval y aéreo del Poder Ejecutivo, en sustitución del mayor general piloto Hugo Rafael González Borrell, FARD, quien, con el rango indicado, queda colocado en honrosa situación de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente, por antigüedad en el servicio.
Por igual se dispone que el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, queda designado comandante general del Ejército de la República Dominicana, en sustitución del mayor general Julio Ernesto Florián Pérez. ERD.
La disposición establece que el contralmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, ARD, queda ascendido a vicealmirante y designado comandante general de la Armada, en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD.
Igualmente, se designa al mayor general Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, FARD, como comandante general de la Fuerza Aérea, en sustitución de Muñoz Noboa.
De igual forma, el general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, ERD, queda designado como subcomandante general del Ejército de República Dominicana, en sustitución del general de brigada Germán Francisco Fernández Liz. ERD.
Además, el coronel Félix Edwin Santana Morillo, ERD, es ascendido a general de brigada y designado como inspector general del Ejército de República Dominicana, en sustitución del general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, ERD.
El contralmirante Segundo Ventura García, ARD, será subcomandante general de la Armada de República Dominicana, en sustitución del contralmirante Henry Antonio Guzmán Taveras. ARD.
También el contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, ARD, queda designado inspector general de la Armada, en sustitución del contralmirante Segundo Ventura García, ARD.
El general de brigada paracaidista Mauricio Ludovino Fernández García, FARD, queda designado subcomandante general de la Fuerza Aérea, en sustitución del general de brigada piloto Moltiner José de Jesús Eusebio, FARD.
Mediante el decreto, el general de brigada piloto Rafael C. Acosta Sena, FARD, queda designado inspector general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, en sustitución del general de brigada paracaidista Mauricio Ludovino Fenández García.
Nacionales
Alarmas entre los partidos políticos por sentencia del TC sobre candidaturas independientes
Santo Domingo.- Sigmund Freud Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), anunció que los principales partidos políticos han adoptado una posición conjunta en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 157 y 158 de la Ley Electoral.
Esta decisión permite la inscripción de candidaturas independientes ante el órgano electoral.
“Hay una postura unificada entre los partidos con los que hemos dialogado en torno a la preocupación generada por esta decisión. Permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral”, expresó Freud Mena.
El dirigente político señaló que la sentencia plantea serios desafíos técnicos y jurídicos, ya que, según explicó, interfiere con las facultades del Congreso Nacional.
“El Tribunal Constitucional detalló cómo debía redactarse la ley respecto a las agrupaciones sociales, ahora denominadas así, lo que entendemos como una invasión a competencias exclusivas del poder legislativo. Esto sienta un precedente alarmante”, afirmó.
Freud Mena recordó que los partidos políticos están consagrados en la Constitución como los principales vehículos de representación ciudadana para acceder a posiciones electivas.
Tribunal Constitucional
Según el artículo 216 de la Carta Magna, esta función es exclusiva de los partidos, y la creación de nuevas figuras atenta contra el sistema político establecido.
Preocupaciones y acciones conjuntas
Ante esta situación, los dirigentes de los principales partidos han iniciado conversaciones con la JCE y han acordado tomar acciones conjuntas.
Freud Mena explicó que, si bien respetan la institucionalidad del Tribunal Constitucional, como actores políticos directamente afectados, están en la obligación de plantear soluciones para regular esta nueva figura de candidaturas independientes.
“Existen dos alternativas: que el Congreso Nacional modifique la Ley Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias, o que la Junta Central Electoral emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe. Es crucial garantizar el control de esta nueva posibilidad, ya que no existe una vía jurídica para revisar una decisión definitiva del Tribunal Constitucional”, precisó.
Impacto político
Freud Mena también advirtió sobre las posibles divisiones internas que la sentencia podría generar en los partidos.
“Cualquier persona en desacuerdo con las decisiones internas de un partido podría optar por postularse como independiente, lo que fragmentaría aún más a las organizaciones políticas”, alertó.
Finalmente, el delegado del PRM reiteró la necesidad de establecer normativas claras para evitar el desbalance en el sistema político.
“La apertura a las candidaturas independientes debe contar con regulaciones mínimas que aseguren la estabilidad del sistema partidario y político del país. No podemos permitir que esta nueva realidad desestabilice el orden político nacional”, concluyó.
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
La alta corte decidió que estos textos eran inconstitucionales debido a que se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
Sobre ello, el delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, Sigmund Freund, indicó que ya se está orquestando una reunión con todos los partidos del sistema para debatir todas las implicaciones que tiene la sentencia y fijar una posición unísona ante la decisión del Tribunal Constitucional.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
Otra modificación a la ley electoral
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
En febrero del 2023 fue promulgada la actual ley 20-23, que trajo consigo la implementación de un sistema de consecuencias por exceder el tope de los gastos de campaña, la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.