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Traslado de Juancito Rodríguez al Panteón es un acto de justicia histórica, dice Luis Abinader.

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Santo Domingo. Este sábado tuvo lugar la solemne ceremonia del traslado de los restos de Juan Rodriguez Garcia (Juancito Rodriguez) al Panteón Nacional de la patria con la presencia del presidente Luis Abinader.

Durante el solemne homenaje, el presidente Abinader afirmó que se trata de un acto de “justicia histórica” hacia uno de los dominicanos que lo entregó todo: su fortuna, su familia y hasta la vida de su propio hijo en la lucha contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y en defensa de la libertad y la democracia nacional.

Dijo, además que este homenaje constituye un reconocimiento póstumo a su valiente lucha contra la dictadura trujillista y reafirma su lugar en la memoria histórica de la Nación dominicana.

«Hoy rendimos un acto de justicia histórica al trasladar al Panteón de la Patria los restos del general Juan Rodríguez García, Juancito Rodríguez, símbolo de la lucha contra la tiranía trujillista y ejemplo de entrega total a la libertad y la democracia dominicanas», expresó.

Con esta exaltación se dio cumplimiento a la disposición presidencial contenida en el Decreto número 288-25, emitido el pasado 30 de mayo, mediante el cual el Estado dominicano declaró Héroe Nacional a Juancito Rodríguez, en reconocimiento a su vida ejemplar de sacrificio, entrega y defensa de la democracia frente al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Asimismo, el mandatario expresó que con este acto la Nación rinde tributo a uno de los más firmes defensores de la libertad y la democracia dominicanas, un hombre que eligió “el lado sagrado de la Patria” y que, con su vida, trazó los cimientos de nuestra democracia.

El presidente Abinader afirmó que este es el más justo tributo que la República puede ofrendar, para que su nombre, su gesta y el enorme sacrificio que hizo por el país sean conocidos por todos, “para que las generaciones presentes y futuras sepan que tu lucha no fue en vano; para que tu ejemplo cale y viva en nuestros corazones; para que en cada uno de nosotros crezca un nuevo ciudadano dispuesto a defender la Patria”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado destacó que, mediante decreto, dispuso que los restos del héroe nacional reposen entre los inmortales héroes, mártires y estadistas, en el recinto donde se honra la memoria de quienes lo dieron todo por la Nación.

Asimismo, el mandatario hizo una breve reseña biográfica del héroe y resaltó que, aunque la expedición de 1959 fue un fracaso militar, encendió la llama libertaria que inspiró el tiranicidio del 30 de mayo de 1961, marcando el principio del fin de más de tres décadas de opresión.

“Todo cuanto tuvo lo ofrendó en aras de una Patria libre, y lo hizo con la tenacidad revolucionaria, la dignidad sin dobleces y el arrojo sin miedo de quienes ponen el interés de la Patria por encima de todos los quebrantos personales”.

En nombre del pueblo dominicano, el presidente Abinader aseguró que el ejemplo y el sacrificio de Juancito Rodríguez permanecerán vivos en la memoria nacional, reafirmando el compromiso del Gobierno con los valores de libertad, justicia y soberanía.

“General Juancito Rodríguez, hoy te llevamos a ese lugar sagrado donde descansan los restos de nuestros héroes, al Panteón de la Patria, como una reafirmación de nuestro compromiso inquebrantable con los principios sagrados de libertad, justicia y soberanía”, expresó Abinader.

Funeral de Estado

El Funeral de Estado inició a las 3:00 de la tarde en el Palacio Nacional, con el recibimiento de los restos del héroe y la llegada del mandatario, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; la vicepresidenta, Raquel Peña; y diversos ministros y autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

También durante la ceremonia, se rindieron Honores de Estilo con trece cañonazos, seguidos de varias guardias de honor encabezadas por altas autoridades del Estado, incluyendo al presidente Luis Abinader, los ministros, de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; y de Interior y Policía, Faride Raful.

También estuvieron presentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch y otros ministros del Gobierno.

La urna fue escoltada por miembros de las Fuerzas Armadas y representantes de la familia Rodríguez, junto a autoridades locales.

El acto concluyó con nuevos honores militares y la entonación del Himno Nacional, marcando el solemne ingreso de Juancito Rodríguez al recinto donde reposan los grandes forjadores de la patria.

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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio

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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.

Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.

Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.

Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Centro Kogland fue clausurado

El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.

La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.

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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.

En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.

La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.

Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.

La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.

Motivos para la prórroga

Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.

Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.

Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.

El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».

La acusación sostiene que  Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.

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