Santo Domingo, RD.-José Miguel Minier, abogado de Ángel Rondón, estimó que el testimonio de Mauricio Dantas Bezerra, director jurídico de Odebrecht en el país, no prueba que su cliente haya realizado sobornos a miembros del Estado.Más Noticias
“Dantas no ha dicho nada de que Rondón haya sobornado a funcionarios ni congresistas”, según abogado de la defensa.
Santo Domingo, RD.-José Miguel Minier, abogado de Ángel Rondón, estimó que el testimonio de Mauricio Dantas Bezerra, director jurídico de Odebrecht en el país, no prueba que su cliente haya realizado sobornos a miembros del Estado.“Dantas no ha dicho absolutamente nada de que Rondón ha sobornado a ningún funcionario ni congresista”, expresó Minier fuera de la sala de audiencias en donde continúa el juicio a los implicados del caso Odebrecht.
Asimismo, el abogado aseguró que el representante de la empresa brasileña no ha agregado elementos nuevos durante su exposición.
“Dantas ha dicho que Rondón ha recibido transferencias, eso mismo Rondón lo dijo en el 2017, él no ha dicho nada nuevo; la pregunta que hay que hacer al Ministerio Público es que diga de esos 92 millones cuánto han recibido Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. Él no ha dicho nada de eso ahí, absolutamente nada, todo es especulativo”, dijo Minier ante la prensa.
Además, el abogado aseguró que de ser cierto que el testimonio de Dantas Bezerra evidencia la acusación contra Rondón, se realizaría otro interrogatorio para confirmar si el referido imputado recibió sobornos.
En su testimonio del viernes, Dantas Bezerras expresó a cuáles empresas se transfirió dinero, entre ellas Conansa, una empresa propiedad de Rondón que alquilaba equipos y hacía trabajos. Sobre ella, Minier asegura que presentará como evidencia los recibos de pagos de impuestos.
“No puede haber una declaración jurada por esa empresa de Conansa ante la Dirección General de Impuestos Internos y que sean de sobornos”, agregó el abogado.
El pasado viernes, Mauricio Dantas Bezerra inició su comparecencia en el caso Odebrecht, en el cual seis acusados enfrentan cargos de recibir sobornos por US$92 millones de parte de la empresa brasileña para que le adjudicaran contratos de obras del Estado dominicano.
La audiencia es llevada a cabo las juezas Jissel Naranjo, Tania Yunes y Gisselle Méndez.
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Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
«Hay que decir que quienes aprobaron la ley de Contrataciones en el 2006, en el mismo año la modificaron y la extirparon, le eliminaron el régimen de consecuencias. En el 2006, con esa acción, se sembró el régimen de impunidad en la República Dominicana«, afirmó.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.