Santo Domingo, RD.-José Miguel Minier, abogado de Ángel Rondón, estimó que el testimonio de Mauricio Dantas Bezerra, director jurídico de Odebrecht en el país, no prueba que su cliente haya realizado sobornos a miembros del Estado.Más Noticias
“Dantas no ha dicho nada de que Rondón haya sobornado a funcionarios ni congresistas”, según abogado de la defensa.
Santo Domingo, RD.-José Miguel Minier, abogado de Ángel Rondón, estimó que el testimonio de Mauricio Dantas Bezerra, director jurídico de Odebrecht en el país, no prueba que su cliente haya realizado sobornos a miembros del Estado.“Dantas no ha dicho absolutamente nada de que Rondón ha sobornado a ningún funcionario ni congresista”, expresó Minier fuera de la sala de audiencias en donde continúa el juicio a los implicados del caso Odebrecht.
Asimismo, el abogado aseguró que el representante de la empresa brasileña no ha agregado elementos nuevos durante su exposición.
“Dantas ha dicho que Rondón ha recibido transferencias, eso mismo Rondón lo dijo en el 2017, él no ha dicho nada nuevo; la pregunta que hay que hacer al Ministerio Público es que diga de esos 92 millones cuánto han recibido Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. Él no ha dicho nada de eso ahí, absolutamente nada, todo es especulativo”, dijo Minier ante la prensa.
Además, el abogado aseguró que de ser cierto que el testimonio de Dantas Bezerra evidencia la acusación contra Rondón, se realizaría otro interrogatorio para confirmar si el referido imputado recibió sobornos.
En su testimonio del viernes, Dantas Bezerras expresó a cuáles empresas se transfirió dinero, entre ellas Conansa, una empresa propiedad de Rondón que alquilaba equipos y hacía trabajos. Sobre ella, Minier asegura que presentará como evidencia los recibos de pagos de impuestos.
“No puede haber una declaración jurada por esa empresa de Conansa ante la Dirección General de Impuestos Internos y que sean de sobornos”, agregó el abogado.
El pasado viernes, Mauricio Dantas Bezerra inició su comparecencia en el caso Odebrecht, en el cual seis acusados enfrentan cargos de recibir sobornos por US$92 millones de parte de la empresa brasileña para que le adjudicaran contratos de obras del Estado dominicano.
La audiencia es llevada a cabo las juezas Jissel Naranjo, Tania Yunes y Gisselle Méndez.
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SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
Precisa que las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones realizadas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.