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Denuncian Surún Hernández trató de corromper la Defensoría Pública
Santo Domingo.-El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, ha utilizado su cargo para cometer diversos actos de corrupción, entre los que se citan el tratar de apropiarse de todos los casos de narcotráfico que llegaban a la Defensoría Pública, según el abogado Mártires Salvador Pérez.
«Con la llegada de Miguel Alberto Surún Hernández a la presidencia del Colegio de Abogados llegó ahí la corrupción en su más grande expresión», dijo Salvador Pérez en un documento donde señaló cinco graves irregularidades, supuestamente, cometidas por el gremialista.
Salvador Pérez dijo que el primer asomo de la corrupción en el CARD fue cuando Surún Hernández, presuntamente, pidió a la entonces directora de la Defensoría Pública, Laura Román, que le traspasara al gremio los casos de los narcotraficantes y narcolavadores que llegaban a esa intsituciona para colocarles defensores.
El abogado denunciante acusó a Surún Hernández de utilizar la Fiscalía Disciplinaria y del Tribunal Disciplinario al servicio de los intereses particulares de sus bolsillos y de sus asociados.
Salvador Pérez citó que los miembros de estas entidades actuaban al servicio de Surún Hernández y un cliente suyo, el empresario gasolinero Luis Obdulio Beltré Pujols, quienes supuestamente saturaron estos dos órganos con querellas directas de él y de su empresa y de querellas indirectas de un testaferro de él contra diferentes abogados.
«Con ese manejo instrumental de esa Fiscalía Disciplinaria y del Tribunal Disciplinario fue evacuada una sentencia contra un grupo de siete abogados que fueron condenados en una farsa de juicio disciplinario y sobre la base de esa sentencia disciplinaria ordenada por Miguel Alberto Surún Hernández a sus marionetas del Tribunal Disciplinario, dicho presidente del Colegio de Abogados le declaró a la prensa nacional (2019) que ese grupo de abogados fue condenado por supuestamente ´pedir dinero a nombre de jueces´», prosiguió el denunciante.
Salvador Pérez negó que aquellos abogados cometieran tal ilícito y que la sentencia en realidad se basó en una querella de ese empresario y su empresa por supuesta ‘violación a un contrato de acuerdo’ y no por pedir dinero a nombre de juez alguno. Y lo de la supuesta ´violación al contrato de acuerdo´ es algo que está en veremos, pues se trata de una persecución jurídicamente estéril que sólo podía fructificar en la podredumbre del Tribunal Disciplinario propiedad de Miguel Surún», sostuvo.
Añadió que en cuanto a los cinco inmuebles comprados por 119 millones de pesos por el líder gremialista en la provincia La Altagracia, «es Surún quien le da poder como presidente de su compañía offshore de su propiedad a una persona a firmar los contratos con los particulares que le vendieron a su compañía y es luego de eso que él, Surún Hernández, les vende los inmuebles a los Hazoury».
Auditoría al CARD
Salvador Pérez se refirió a la propuesta de Surún Hernández de que el periodista Ricardo Nieves y otras personalidades participen en la auscultación de su patrimonio y dijo que es atribución de la Cámara de Cuentas realizar la auditoría de ese organismo. «Surún Hernández no es quién para condicionar la actuación de la Cámara de Cuentas», aseguró Salvador Pérez.
Al abogado le parece preocupante el poco accionar del Ministerio Público en el caso de Surún Hernández e indicó que esta es una oportunidad de oro para «auxiliar a la Cámara de Cuentas a que entre a auditar las finanzas mal manejadas del CARD por Surún Hernández«.
«Exhortamos a Miriam Germán, a Yeni Berenice Reynoso y a Wilson Camacho a revisarse por su indiferencia atroz frente a los actos de corrupción de Surun Hernández cometidos desde el Colegio de Abogados«, finalizó Salvador Pérez.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.