Ministerio Público violenta derechos de imputados en caso de supuesta estafa inmobiliaria

Santo Domingo, R.D.-La defensa de Wilton Peralta, uno de los imputados en la Operación Nido, denunció que los derechos de su defendido son violados por el Ministerio Público.

El abogado Fredermido Ferreras, se expresó en estos términos al manifestar que durante la jornada interrogativa, que se ha extendido desde horas de la mañana de este miércoles hasta pasada la noche, los abogados no han tenido acceso al acompañamiento de sus defendidos.

“No hemos participado en nada, porque ellos lo tienen secuestrado, fíjense que estamos aquí peleando con la seguridad, hay abogados han tratado de ver, están interrogado sin presencia de los abogados y no nos dejan subir”, denunció Ferreras.

En ese sentido, afirmó que todo detenido tiene derecho a ser representado por su abogado desde el inicio de un proceso judicial llevado en su contra.

Asimismo, indicó que los fiscales interrogan a al menos 12 personas, sobre lo que aseveró que solo dos deberían ser los señalados en el caso denominado por el Ministerio Público como “Operación Nido”.

“Tengo la información de que andan por 12, en un show que nada más dos tienen elementos para estar ahí, pero como es la costumbre que hay que hacer un show e involucrar a todo el que puedan”, dijo.

Indicó, que por vía de Peralta se contactaron unos dos compradores, sin embargo dijo que su cliente no recibió dinero de estas personas, sino IndisArq, empresa propiedad de Enmanuel Rivera Ledesma, principal acusado del caso.

¿QUÉ ES LA OPERACIÓN NIDO?

El Ministerio Público denominó de esta manera a la operación en contra de Rivera Ledesma y a otros integrantes de esta supuesta red, acusados de cometer una estafa millonaria al ofertar viviendas en presuntos proyectos inmobiliarios, “a través de múltiples maniobras fraudulentas”.

Señalan también que, durante la investigación, se ocuparon evidencias que demuestran que Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce.

Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.

Aseguraron que igualmente buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.