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Hazím ha perdido entre 70 y 80 libras durante prisión preventiva, segun su abogado.
Santo Domingo, R.D.-Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazin informó este martes que su cliente, quien permanece bajo prisión preventiva, ha experimentado una pérdida de peso estimada entre 70 y 80 libras desde su ingreso al centro penitenciario Las Parras.
Asimismo, advirtió que el estado de salud de Hazim se ha visto seriamente comprometido, señalando que el acusado presenta un evidente desgaste físico que, a su juicio, pone en riesgo su integridad y no corresponde con las condiciones en las que ingresó al centro penitenciario.
El jurista sostuvo que su defendido no tiene una condena, sino una medida cautelar, por lo que consideró desproporcionado que permanezca en prisión preventiva en condiciones que agravan su estado de salud, sin recibir la atención médica especializada que requiere.
No obstante, reiteró la necesidad de que se reconsidere la medida de coerción, apelando a alternativas menos graves que permitan garantizar el proceso judicial sin poner en peligro la vida y la salud del imputado.
Nacionales
Defensa de imputados del caso Senasa continúa con alegatos para intentar revocar prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-Continuaron esta tarde los abogados de los imputados en el caso SENASA, quienes guardan prisión preventiva por el presunto esquema de corupcion con la presentación de sus alegatos ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El objetivo de los abogados es lograr la revocación de la prisión preventiva y conseguir la imposición de medidas de coerción menos gravosas.
Los recursos de apelación, interpuestos por el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, y otros seis vinculados, cuestionan la decisión previa dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente, quien impuso 18 meses de prisión preventiva y declaró el proceso como caso complejo.
Por el contrario, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, solicitó al tribunal rechazar los recursos. Camacho sostiene que las apelaciones carecen de fundamentación jurídica suficiente para variar la coerción, reafirmando que el peligro de fuga y la gravedad de los hechos justifican el arresto actual.
Según las investigaciones del Ministerio Público, este entramado operó entre los años 2020 y 2025, defraudando al Estado dominicano con una suma que supera los 15,000 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que enfrenta el grupo incluyen Coalición de funcionarios y prevaricación, Asociación de malhechores y estafa contra el Estado, Desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, Falsificación y uso de documentos falsos.
Además de Santiago Hazim, el grupo de detenidos está conformado por Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Germán Rafael Robles Quiñones (exconsultor jurídico), Francisco Iván Minaya Pérez (gerente de salud), Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los imputados cumplen la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y en la cárcel de Najayo Mujeres.
De manera paralela, la Corte también deberá decidir sobre el recurso de apelación presentado por el abogado Miguel Surún Hernández contra los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read Estrella, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica.
Santo Domingo, R.D.-La modalidad de impedimento de salida del pais que usaban las autoridades dominmicana bajo la modalidad de investigaciones en curso fue eliminado por el Tribunal Constitucional (TC).
Esta corte había declarado la inconstitucionalidad de las llamadas alertas migratorias en el año 2022, mediante la sentencia TC/0338/22, las cuales eran realizadas a solicitud de la Policía Nacional y el Ministerio Público e impedían salir del país a los afectados cuando iban al aeropuerto.
En su última decisión al respecto, de octubre del 2025, la alta corte decidió expulsar del ordenamiento jurídico una disposición del Código Tributario (Ley 11-92) que facultaba a la Dirección General de Migración a impedir la salida del país de personas que son investigadas por presuntas defraudaciones fiscales.
La decisión está contenida en la sentencia TC/1186/25, en la que los magistrados reafirmaron que ningún órgano, entidad o institución pública puede atentar contra el libre tránsito de las personas sin mediación de un tribunal competente.
Nacionales
Se prolonga conocimiento de recurso de apelación de Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El conocimiento en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional de los recursos de segunda instancia interpuestos por Santiago Hazin y otros imputados en el caso SENASA continua ventilandose este martes.
Con los recursos, los imputados buscan que el tribunal de alzada revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Rafael Luis Martinez Hazim a su salida de la sala de audiencia.Jorge Martínez/LD.
Asimismo, la Corte fijó para este martes, el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.