Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público presentó pruebas de que el abogado Johnny Portorreal Reyes, como parte de las maniobras fraudulentas, conjuntamente con otros tres imputados, difundieron vía la red social WhatsApp un comunicado dirigido específicamente a los clientes captados para la reclamación de la herencia de la Familia Rosario.Nacionales
Fiscalía aporta pruebas en contra Abogado Portorreal y demás imputados.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público presentó pruebas de que el abogado Johnny Portorreal Reyes, como parte de las maniobras fraudulentas, conjuntamente con otros tres imputados, difundieron vía la red social WhatsApp un comunicado dirigido específicamente a los clientes captados para la reclamación de la herencia de la Familia Rosario.De acuerdo a la acusación, que consta de más de 600 pruebas, entre ellas evidencias testimoniales y documentales, el 20 de julio del 2018, el imputado, conjuntamente con Miguel de Oleo Montero (a) Miguelón, Hilario Amparo de la Cruz y Miguelina Gómez Santana, en el comunicado contenían instrucciones para supuestas validaciones de cuentas.
Señala la acusación que, para el mismo utilizaron el logo y emblema del Banco de Reserva de la República Dominicana, sin ser este comunicado publicado o autorizado por dicha entidad bancaria y ganando así la confianza de las víctimas.
Para cometer los hechos, relata la acusación, el imputado Portorreal Reyes, conjuntamente con los demás imputados, sobre quienes pesa medida de coerción por estos hechos), a través de la empresa La Central del Derecho. se acercaron a las víctimas requiriéndoles el pago de diferentes sumas de dinero.
Esto con el fin según la pieza acusatoria de incluirlos en el proceso de cobro de una supuesta herencia de los señores Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos), donde cada cliente captado debía pagar por la elaboración de un poder Cuota Litis que acordaba el pago de honorarios, una rectificación del Poder de Cuota Litis y un pin. este último para ser utilizado en el banco al momento de retiro de los supuestos fondos que serían depositados.
Además de un Código SWIFT en formato IBAN, el cual era, alegadamente asignado de forma exclusiva para recibir los depósitos internacionales, estos pagos relativos a los documentos y datos debían ser entregados en la empresa la Central del Derecho LPR, S.R.L., en manos del imputado Portorreal Reyes y la imputada Gómez Santana.
Aduce la acusación que los imputados, estafaron a 283 personas y que emplearon múltiples maniobras fraudulentas, prometiendo el cobro de una supuesta e inexistente herencia de la Familia Rosario, dinero que alegadamente había sido transferido al Banco Central de la República Dominicana y posteriormente transferido al Banco de Reservas de la República Dominicana, desde los bancos internacionales Santander de España y el Banco Zurich de Suiza, para lo cual le requirieron la entrega de diferentes montos de dinero.
En tanto que De Oleo Montero y De la Cruz realizaban reuniones con el propósito de captar supuestos herederos de la Familia Rosario, para que les costearan viajes y las diligencias a Europa, en las sedes de los bancos internacionales.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.