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Defensa de Jean Alain exponen presuntas violaciones al debido proceso por parte del MP.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del ex-procurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en la Operación Medusa, Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi, acusaron al Ministerio Público de violentar el debido proceso.
Los abogados presentaron varios incidentes en los que detallaron las presuntas infracciones que anularían la acusación contra el imputado.
De acuerdo con Biaggi, la primera de las violaciones fue el arresto del exprocurador en el 2021, en la cual no se le permitió la libertad de tránsito, impidiendo que viajara y, posteriormente, ejecutando un arresto sin ninguna orden o investigación formal en su contra.
Asimismo, señaló los «embargos ilegales» realizados por la Procuraduria Especializada Contra la Corrupción (Pepca) durante el arresto del exprocurador, sin haber alegadamente presentado documentos que avalaran esa acción.
También manifestó que al exprocurador ( (2016-2020) le fueron incautados bienes, los cuales fueron adquiridos de forma licita y previo al período de investigación, que es cuando él desempeñaba como funcionario público (2016-2020).
«Si usted persigue bienes ilícitos tiene que ser bienes que fueron adquiridos durante el período en que se le imputa haber hecho esas previsiones»
Entre ellos fueron señalados un apartamento en el residencial Las Gabrielas, que el exprocurador adquirió hace 22 años, además de una villa adquirida en 2006 y la embarcación Carpe Diem, comprada en 2014.
«Al momento de la Pepca incautar de forma irregular ha violentado las disposiciones de la Constitución dominicana, específicamente el articulo 51 cuando se habla de derecho fundamental a la propiedad», intervino Rivas.
Asimismo, comentó sobre la incautación de un local propiedad de la empresa Jurinvest Abogados SRL.
También, un inmueble en Casa de Campo, dos solares y un vehículo propiedad de otra compañía denominada Inversiones Cavalieri.
Indicó que la Pepca incautó, incluso, una vivienda de los padres de la esposa de Rodríguez, la cual no forma parte de los bienes de ambos
Filtración a la prensa
Otros señalamiento hechos por la barra de defensa contra el MP, fue la presunta filtración de información a la prensa.
De acuerdo con los alegatos de Biaggi, el órgano persecutor facilito la acusación a la prensa antes de la defensa conocerla, premisa que el Ministerio desmintió.
Pepca
Otros de los incidentes, expuestos por Balcácer fue «la falta de competencia del Pepca» para llevar la acusación y la investigación del acusado, indicando que a quien le corresponde es a la Fiscalia de Distrito Nacional, por una cuestión de jurisdicción.
Por esto, solicitaron al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, anular la acusación contra Rodríguez.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.