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Colegio de Abogados se opone al proyecto de Ley de Fideicomisos
Por considerar que el proyecto de ley de fideicomisos depositado en el Senado busca legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público en favor del sector empresarial, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) planteó mediante un documento depositado en la cámara alta su formal oposición al mismo.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de Generación Eléctrica Punta Catalina, cuyo contrato sería legalizado por las disposiciones de la pieza legislativa, las cuales parecen haber sido redactadas en concordancia milimétrica con dicho contrato.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, de todas las entidades públicas, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas”, afirmó el gremialista.
Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas a favor de empresarios oligarcas, quienes sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.
Consideró que pareciera que se trata del Feudalismo en el siglo XXI, porque esos empresarios tendrían la potestad de fijar tasas o cargos por los “servicios” en perjuicio de un ciudadano que de por sí ya está cargado por impuestos, que supuestamente se han instaurado para brindar los servicios y administrar el patrimonio que se pretende entregar de manera gratuita a través del proyecto de ley.
El jurista indicó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución y afirmó no existe ninguna legislación que autorice lo que definió como un «atentado al interés público».
Denunció que el Gobierno tiene en ejecución más de 22 fideicomisos públicos, incluyendo el de PUNTA CATALINA, el cual, a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en avanzada ejecución, hasta con la transferencia de derechos de propiedad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para entregarse a un grupo empresarial hegemónico.
El gremialista lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.