La Procuradora General de la República, Miriam Germán, mediante una carta enviada a los medios de comunicación dio una explicación muy clara sobre las razones que pudieron llevar a las autoridades de la Dirección General de Migración a impedir que saliera del país Jean Alan Rodríguez.
Decía la jefa del Ministerio Público que en el país se estila que cuando alguien es investigado se coloca una alerta migratoria y que la misma siempre ha servido para impedir que esa persona salga fuera del país, lo cual es violatorio de la ley, pero que explica convincentemente lo ocurrido.
Sin embargo, hay una parte de la carta de Miriam Germán que parece ser un error garrafal, ya que no se entiende como ella se puede desvincular de un caso que investiga el órgano que ella dirige, aunque se entiende que cualquier magistrado se puede inhibir en función de las razones que se den en el caso.
Pero resulta muy riesgoso actuar como lo ha hecho el Ministerio Público en virtud de que luego de lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de las Américas, entonces inicia una serie de allanamientos para apresar al Alain Rodríguez, lo cual no ha parecido una acción muy fina del órgano persecutor del delito y el crimen.
Lo procedente debió ser que al propio tiempo que se publica la carta en la que se diera la información de que este exfuncionario era investigado por una serie de ilícitos que en cualquier momento derivaría en una persecución para someterlo a la acción de la justicia.
Pero no ha ocurrido así, lo cual pone en riesgo la credibilidad del Ministerio Público y podría echar por la borda todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora con la persecución de los que han cometido delitos y crímenes durante su función en la administración pública.
Ahora se complica la investigación en contra de Jean Alain, no porque no hayan pruebas en su contra y razones para enjuiciarlo, sino porque se ha puesto en juego la credibilidad del Ministerio Público, ya que se trata de un asunto con un profundo contenido político.
No es que Jean Alain vaya a salir ganancioso del presente caso, pero lesiona, erosiona la credibilidad del órgano persecutor, porque no se entiende y parece un poco torpe el procedimiento utilizado sin antes advertir que independientemente de lo ocurrido con el error cometido con el impedimento de salida, el exfuncionario es investigado por irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República.
Las acciones equivocadas con este caso colocan al Ministerio Público en un déficit de estrategia procesal y en un manejo no idóneo de este caso que podría echarlo todo a perder, lo cual revela y ojalá no sea así, que el órgano persecutor del crimen y el delito se ha contaminado con la forma de proceder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual se la pasa dando palos a ciegas.
Lo ocurrido en las últimas horas en el escenario nacional podría encaminar a la sociedad a perder la poca credibilidad que le queda al Gobierno de Luis Abinader, ya que el Ministerio Público a pesar de estar bajo control de una persona independiente, todavía es una instancia que depende del Poder Ejecutivo.
Por esta razón, existen argumentos más que suficientes para atribuir a razones de persecución política las investigaciones de exfuncionarios en contra de quienes pesan graves imputaciones por la comisión de irregularidades en perjuicio del patrimonio público, lo cual, naturalmente, no parece que vayan a recibir algún apoyo en la población, por lo menos en el presente caso.