Ordenan investigar denuncia en contra el magistrado Francisco Arias Varela –
José Ignacio Medrano Quéliz había presentado su renuncia el 21 de junio. (El Caribe )
Con el voto disidente del presidente dela Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Consejo del Poder Judicial (CPJ) acogió la renuncia del juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Quéliz, y ordenó el archivo del expediente disciplinario levantado en su contra, en razón de dos querellas en su contra por ordenar la prisión domiciliaria del Leonel Almonte y Luis Álvarez Renta.
El pasado 21 de junio Medrano Queliz presentó su renuncia al cargo.
Además el CPJ ordenó a la Inspectoría del Poder Judicial investigar la denuncia hecha por el juez Queliz contra el miembros del Consejo Francisco Arias Valera, donde indica que este le solicitó dinero por la libertad de reclusos.
El magistrado Quéliz señaló que no se sentía en confianza ni en plena seguridad de que le iban hacer un juicio dentro de lo que es la ley, por eso renunció. Defendió su integridad y sus 21 años de ejercicio dentro del sistema de justicia.
“Si yo hubiera querido ser un hombre adinerado con la sola libertad de Leivy Nin, la esposa de Figueroa, yo fuera rico…En muchos casos me ofrecieron dinero…porque el criterio que hay de jueces de ese departamento es que es un negocio ese tribunal…Al otro día de yo estar en ese tribunal se conoció una audiencia de un hombre que fue piloto y a mí fue un juez a ofrecerme dos millones 800 mil para que le diera la libertad”, reveló.
Agregó que él no quería el cargo de juez de Ejecución de la Pena. “Ese tribunal está satanizado, todo el que entra a ese tribunal sale con problemas porque si tú haces es malo y si no haces también”, indicó.
El expediente será enviado al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales, las decisiones del CPJ no son recurribles. El consejo acogió también la inhibición de los magistrados Francisco Valera y Samuel Arias Arzeno del proceso.
Carlos Salcedo, abogado de parte de los denunciantes, criticó la decisión del Consejo en el entendido que el mismo debió conocer del juicio, porque cuando un juez es destituido se le inhabilita de cualquier función pública.
El expediente será enviado al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales, las decisiones del CPJ no son recurribles. El consejo acogió también la inhibición de los magistrados Francisco Valera y Samuel Arias Arceno del proceso y el presidente Germán Mejía votó disidente.
El Caribe
