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Acuerdo tras cierre: Tiendas chinas reabrirán si cumplen con requisitos estructurales del Mived
Santo Domingo, R.D.-Las tiendas chinas cerradas por supuestas irregularidades en el país podrán reabrir y operar como de costumbre si cumplen con los requerimientos expuestos por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificación (Mived). Dichos requisitos incluyen la presentación y aprobación de estudios técnicos sobre la estructura de los locales.
Según el abogado, este conversatorio abordó de forma puntual los aspectos estructurales del inmueble, en los que destacó la preservación de las vidas, tanto de los empleados como de los clientes.
“Nosotros, como afectados con el cierre, tenemos que presentar ante las autoridades un estudio de vulnerabilidad estructural que demuestre y arroje necesariamente que la estructura de las tiendas no presenta vulnerabilidad grosera, aparente y evidente”, expresó Catrain.
Afirmó que si los estudios arrojan resultados positivos, el levantamiento de esos comercios chinos cerrados seguirá en pie.
“Si ese es el resultado de los estudios de vulnerabilidad, entiendo que con la reunión de hoy llegamos a una especie de acuerdo con el Mived, que se va a permitir la apertura de las tiendas independientemente de que el estudio arroje la necesidad de corregir algunas cosas”, sostuvo, al tiempo de enfatizar que las pruebas no deben representar vulnerabilidad evidente.
Presentarán estudios
El abogado Salvador Catrain informó este lunes que, acatando las peticiones del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificación, presentará las pruebas de vulnerabilidad estructural requeridas durante esta misma semana.
En ese contexto, indicó que las revisiones el Mived las llevará a cabo en un plazo de tres días y, de no diagnosticar daños en la estructura, la apertura será inmediata.
“Entendemos que muy pronto tiene que ser reabierta la tienda china”, aseguró.
Asimismo, prometió continuar el proceso de formalización y regularización de los negocios de sus representantes, de modo que cuente con los requerimientos del Ministerio de la Vivienda.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.