Economía
ADAFP advierte que reducir niveles de comisión AFPs atenta contra la sostenibilidad del sistema
La presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensione.
La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) advirtió este martes que la reducción del 50% de los niveles de comisión de las AFPs, tal y como lo plantea un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, no solo atentaría contra esas empresas sino también contra la sostenibilidad del sistema.
Al visitar a la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, que preside José María Sosa, la presidenta ejecutiva de la entidad, Kirsis Jáquez, entiende que en esa modificación el objetivo principal debe ser mejorar los niveles de pensiones para los trabajadores
Expresó que por tal motivo la ADAFP propone que en el proyecto de modificación la Ley 87-01 de Seguridad Social se incluya una propuesta para simplificar el esquema de cobro de comisión, para “priorizar, mejorar y aumentar los ahorros de los trabajadores en su AFP.
Arguyó que de esa manera que puedan alcanzar mejores niveles de pensión al momento de su retiro”.
El proyecto aprobado por los diputados y que está ahora en estudio de una comisión del Senado propone una reducción de la comisión anual complementaria que cobran las AFP de 30 a 15%.
Jáquez explicó que entregaron a la comisión sus propuestas en donde plantean cambiar el esquema de cobro de comisión para establecer una comisión sobre el total de los activos administrativos que se reduce gradualmente según crece el fondo, aumentar gradualmente el aporte a la cuenta para pensión del afiliado sin que ello implique incrementar las cotizaciones de los trabajadores y sus empleadores.
“De este modo quedaría más simplificado el esquema y un trabajador puede conocer de manera fácil, qué le cuesta y cuánto le cobra una AFP por administrar sus fondos”, en la reunión en la que también participaron los senadores Hans Vielut y Amaris Santana.
La otra propuesta, agrega, eliminar comisión de administración que se cobra sobre el salario cotizable, para que pase a formar parte del aporte.
“Es decir que el 0.5 de comisión que actualmente cobran las AFPs pase a ser parte de la cuenta del ahorro del trabajador. O sea en vez de ahorrar un 8%, como está ahora, sería un 8.5”, agregó.
Dijo que esto incrementa su patrimonio y mejorar su acumulación para su pensión por retiro.
Su tercera propuesta es ajustar la edad de retiro de 60 a 65 años, pero sin embargo aclara que esta no elimina la posibilidad de que un trabajar pueda jubilarse a los 60.
“Planteamos que si un trabajador acumula un fondo que le permita una pensión equivalente al 150 por ciento del salario mínimo, pueda pensionarse”, explicó.
No estamos eliminando la edad de retiro a los 60 años, como se ha estado interprendo, solo que un trabajador por las expectativas de vida que tiene el país y los parámetros internacionales, pueda mejorar su pensión teniendo más años de ahorro en su cuenta, agregó.
Las AFP, son entidades especializadas y autorizadas legalmente para realizar la función de administrar los ahorros para pensiones de los trabajadores y gestionar el pago de las prestaciones y beneficios que la Ley establece.
La comisión. El presidente de la comisión anunció que seguirá reuniéndose con los distintos sectores y en la próxima reunión escucharán al sector sindical.
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.