Santo Domingo, RD.-El ministro de Administración Pública expresa al ser consultado por los medios de comunicación: “Violó la ley, violó la ley”, fueron las palabras que usó el funcionario.Más Noticias
El propio Gobierno reconoce que funcionarios de SIE violaron la ley con aumentos de sueldos.
Santo Domingo, RD.-El ministro de Administración Pública expresa al ser consultado por los medios de comunicación: “Violó la ley, violó la ley”, fueron las palabras que usó el funcionario.De acuerdo con los argumentos expuestos por el funcionario durante una entrevista en el programa “Uno + Uno”, transmitido por Teleantillas canal 2, el referido ente regulador del subsector eléctrico dominicano y que además tiene la obligación de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, “violó la ley cuando no solicitó al Ministerio de Administración Pública como debe ser, su aprobación (refiriéndose al reajuste) ”.
Castillo Lugo precisó que la Ley de Salarios, la 105-13 aplica a “todo el Estado, a todos los poderes. A los 3 poderes y hasta a los órganos constitucionales” y que el ministerio que dirige es el órgano regulador de la Ley de Salarios.
De igual modo, el servidor público aclaró que las EDEs son empresas, a las que no se les aplica la Ley de Función Pública, pero la Superintendencia “no es una empresa, es un órgano público autónomo descentralizado” que debe ajustarse a la legislación de salarios.
El Ministro dijo además que en dos ocasiones el MAP y en una la Consultoría Jurídica le ratificó a la SIE que ellos se administran por la Ley de Función Pública.
“Entonces, todos los movimientos que ellos hagan tienen que ser conocidos y aprobados por el Ministerio de Administración Pública; eso ellos no lo hicieron”, reveló.
La entrevista al ministro estuvo a cargo de los periodistas Milizen Uribe y Ramón Stalin Montero.
Extracto de la entrevista:
Millizen Uribe: ¿Y en el caso de las EDEs, ministro, vimos también cómo por un lado la Superintendencia de Electricidad y también después la Comisión Nacional de Energía se hicieron unos aumentos que, entendemos, entrarían en contradicción con este espíritu de ponerle tope a presupuesto y racionalizar el gasto?
Darío Castillo Lugo: Sí, bueno, el tema es el siguiente, en nuestro país hay dos regímenes laborales: el privado que se administra por el Código de Trabajo, y el público que se administra por la ley de Función Pública, la 21-08. Todos los organismos públicos se rigen por la Ley de Función Pública, excepto los que su propia ley de creación dicen que se administran por el Código de Trabajo como, por ejemplo, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, dice su ley de creación, su personal y sus relaciones de trabajo se rigen de acuerdo al Código de Trabajo. O lo que el principio 3 del Código de Trabajo diga que son empresas comerciales, industriales. Las EDEs son empresas, a esas no les aplica la Ley de Función Pública, pero la Superintendencia no es una empresa, es un órgano público autónomo descentralizado pero que le aplica la Ley de Salarios.
Millizen Uribe: Entonces, ¿violó la ley la Superintendencia con ese aumento que se hizo?
Darío Castillo Lugo: Violó la ley cuando no solicitó al Ministerio de Administración Pública (MAP) como debe ser, su aprobación. Porque la Ley de Salarios, la 105-13 aplica a todo el Estado, a todos los poderes. A los 3 poderes y hasta a los órganos constitucionales aplica la Ley de Salarios, y el MAP es el órgano regulador de la Ley de Salarios.
Stalin Montero: Pero ahí también se evidencia algo, como a la sazón de no haber completado un procedimiento, estas instituciones tuvieron la oportunidad de ejecutar un aumento salarial.
Darío Castillo Lugo: Bueno, como son autónomos, como son descentralizados, no hay muchos controles sobre ellos. Entonces, eso es una lucha. A principios del año pasado, nosotros junto con el Ministerio de Trabajo, nos pusimos de acuerdo… y publicamos y aprobamos una resolución conjunta que decía eso, a cuales les aplica el Código de Trabajo y a cuales les aplica la Ley de Función Pública…
A la Superintendencia de Electricidad en dos ocasiones el Ministerio de Administración Pública y en una ocasión la Consultoría Jurídica le ratificó que ellos se administran por la Ley de Función Pública. Entonces, todos los movimientos que ellos hagan tienen que ser conocidos y aprobados por el Ministerio de Administración Pública; eso ellos no lo hicieron.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.