Santo Domingo, RD.-El ministro de Administración Pública expresa al ser consultado por los medios de comunicación: “Violó la ley, violó la ley”, fueron las palabras que usó el funcionario.Más Noticias
El propio Gobierno reconoce que funcionarios de SIE violaron la ley con aumentos de sueldos.
Santo Domingo, RD.-El ministro de Administración Pública expresa al ser consultado por los medios de comunicación: “Violó la ley, violó la ley”, fueron las palabras que usó el funcionario.De acuerdo con los argumentos expuestos por el funcionario durante una entrevista en el programa “Uno + Uno”, transmitido por Teleantillas canal 2, el referido ente regulador del subsector eléctrico dominicano y que además tiene la obligación de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, “violó la ley cuando no solicitó al Ministerio de Administración Pública como debe ser, su aprobación (refiriéndose al reajuste) ”.
Castillo Lugo precisó que la Ley de Salarios, la 105-13 aplica a “todo el Estado, a todos los poderes. A los 3 poderes y hasta a los órganos constitucionales” y que el ministerio que dirige es el órgano regulador de la Ley de Salarios.
De igual modo, el servidor público aclaró que las EDEs son empresas, a las que no se les aplica la Ley de Función Pública, pero la Superintendencia “no es una empresa, es un órgano público autónomo descentralizado” que debe ajustarse a la legislación de salarios.
El Ministro dijo además que en dos ocasiones el MAP y en una la Consultoría Jurídica le ratificó a la SIE que ellos se administran por la Ley de Función Pública.
“Entonces, todos los movimientos que ellos hagan tienen que ser conocidos y aprobados por el Ministerio de Administración Pública; eso ellos no lo hicieron”, reveló.
La entrevista al ministro estuvo a cargo de los periodistas Milizen Uribe y Ramón Stalin Montero.
Extracto de la entrevista:
Millizen Uribe: ¿Y en el caso de las EDEs, ministro, vimos también cómo por un lado la Superintendencia de Electricidad y también después la Comisión Nacional de Energía se hicieron unos aumentos que, entendemos, entrarían en contradicción con este espíritu de ponerle tope a presupuesto y racionalizar el gasto?
Darío Castillo Lugo: Sí, bueno, el tema es el siguiente, en nuestro país hay dos regímenes laborales: el privado que se administra por el Código de Trabajo, y el público que se administra por la ley de Función Pública, la 21-08. Todos los organismos públicos se rigen por la Ley de Función Pública, excepto los que su propia ley de creación dicen que se administran por el Código de Trabajo como, por ejemplo, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, dice su ley de creación, su personal y sus relaciones de trabajo se rigen de acuerdo al Código de Trabajo. O lo que el principio 3 del Código de Trabajo diga que son empresas comerciales, industriales. Las EDEs son empresas, a esas no les aplica la Ley de Función Pública, pero la Superintendencia no es una empresa, es un órgano público autónomo descentralizado pero que le aplica la Ley de Salarios.
Millizen Uribe: Entonces, ¿violó la ley la Superintendencia con ese aumento que se hizo?
Darío Castillo Lugo: Violó la ley cuando no solicitó al Ministerio de Administración Pública (MAP) como debe ser, su aprobación. Porque la Ley de Salarios, la 105-13 aplica a todo el Estado, a todos los poderes. A los 3 poderes y hasta a los órganos constitucionales aplica la Ley de Salarios, y el MAP es el órgano regulador de la Ley de Salarios.
Stalin Montero: Pero ahí también se evidencia algo, como a la sazón de no haber completado un procedimiento, estas instituciones tuvieron la oportunidad de ejecutar un aumento salarial.
Darío Castillo Lugo: Bueno, como son autónomos, como son descentralizados, no hay muchos controles sobre ellos. Entonces, eso es una lucha. A principios del año pasado, nosotros junto con el Ministerio de Trabajo, nos pusimos de acuerdo… y publicamos y aprobamos una resolución conjunta que decía eso, a cuales les aplica el Código de Trabajo y a cuales les aplica la Ley de Función Pública…
A la Superintendencia de Electricidad en dos ocasiones el Ministerio de Administración Pública y en una ocasión la Consultoría Jurídica le ratificó que ellos se administran por la Ley de Función Pública. Entonces, todos los movimientos que ellos hagan tienen que ser conocidos y aprobados por el Ministerio de Administración Pública; eso ellos no lo hicieron.
Santo Domingo, R.D.-A partir de este jueves, la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en una visita realizada a Diario Libre.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
Ramírez aseguró que la institución cuenta con suficiente abastecimiento de libretas y procesos estandarizados para evitar los cuellos de botella del pasado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
Implementación gradual
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Servicio de repatriación incluido
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
«No tiene costo adicional para el ciudadano. Es un valor agregado por tener su pasaporte vigente«, explicó.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como «impostergable» el ordenamiento del sistema de tránsito terrestre en el país, advirtiendo que la falta de regulación real sobre las motocicletas se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana y la calidad de vida.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la fragilidad institucional y la «pasividad de las autoridades» han permitido que el parque de motocicletas opere prácticamente sin controles efectivos, vinculándose frecuentemente con la delincuencia y la alta siniestralidad vial.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
«Las motocicletas representan aproximadamente el 58% del total del parque vehicular nacional», destacó el jurista, señalando que este sector crece a un ritmo superior al 6% anual.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Ineficacia en aplicación de la ley
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
La decisión está contenida en el decreto número 111-26.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Cruz Cruz se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional y sustituye al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue colocado en situación de retiro por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial, como establece la legislación dominicana.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.