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Pasaporte electrónico de seguridad es inconstitucional, según Adocco.
Por Efe
Santo Domingo.- El decreto emitido por el presidente de la Republica que declara de seguridad nacional la contratación, diseño y emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana es contrario a la Constitución y otras leyes del país, según la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).
Según señaló Adocco en un comunicado de prensa, la disposición va, específicamente, contra el artículo 49 de la Carta Magna sobre la libertad de expresión e información.
El texto reza que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley, señaló Adocco.
Asimismo, indicó que la declaratoria de seguridad nacional decretada por un año, donde se declara como «reservada» toda información referente a las contrataciones realizadas, basada en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, incluye una excepción en su aplicación en su párrafo 1.
En concreto, dispone que la excepción debe primar única y exclusivamente para informaciones sobre las características técnicas del documento en aquellas que, por razones de seguridad o emergencia nacional, pudieran afectar al interés público, vidas o la economía del país, previa declaratoria y sustentación mediante decreto.
En lo concerniente a la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, citada en el decreto, establece que comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, informando periódicamente de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no afecte a la seguridad nacional.
“En modo alguno, se refiere a que se puedan ofrecer informaciones sobre suplidores u oferentes de un rubro adquirido con fondos públicos”, indicó el residente de la organización, Julio de la Rosa Tiburcio.
De igual forma, la “reserva” contemplada en la Ley establece limitaciones y excepciones a la obligación de informar por parte del Estado y de las instituciones, en concreto cuando se trata de información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, que hubiera sido clasificada como «reservada» por ley o por decreto del Poder Ejecutivo.
Este, según Adocoo, “deja bien claro que la misma opera respecto a diseños y estructura del documento, no de quienes suplen los documentos, como el caso de la especie”.
Las leyes que sustenta el decreto y sus respectivos reglamentos, establecen excepciones sobre el derecho fundamental a la información que, en ejercicio del mismo, formulen los ciudadanos y por eso señala de forma categórica en qué circunstancias pudieran verse restringidas cuando pudiera afectar la seguridad nacional.
Por eso decreto no puede ampliar la reserva en aspectos fundamentales como la transparencia en el manejo de los recursos del pueblo dominicano, sin que el mismo tenga derecho a conocer costo de adquisición, empresas beneficiadas, calidad de lo que se compra, accionistas de las empresas y sobretodo, capacidad, trayectoria de cumplimiento, así como solvencia y experiencia.
Adocco reiteró que la excepción a la que se refiere la Ley de Compras y Contrataciones y Ley de Libre Acceso a la Información, solo aplica para informaciones sobre las características de la libreta, en modo alguno, estas pueden superar al derecho fundamental, a la información, contemplada por la carta magna.
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Actual presidente de Cámara de Cuentas busca permanecer en la presidencia de ese órgano.
Santo Domingo, R.D.-El actual presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, deposito sus aspiraciones ante el Congreso Nacional para permanecer en el puesto, pese a los cuestionamientos que hay en su contra por diversos sectores de la sociedad.
Así lo confirmó este jueves el diputado Rogelio Lanza, quien es presidente de la comisión que debe seleccionar, para el periodo 2025-2029, los integrantes del pleno del órgano fiscalizador.
Genao aseguró que la mesa de trabajo en la cámara baja examinará los perfiles registrados utilizando el mismo procedimiento basado en desempeño. Por lo que afirmó que los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas no tendrán beneficios al momento de ser evaluados.
La comisión permanente de Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, presidida igualmente por Rogelio Lanza, intentó en julio de 2023 someter al pleno de ese órgano a un juicio político.
Estos fueron violaciones a la Constitución, leyes y Reglamentos, asignación ilegal de fondos económicos, ejecución presupuestaria deficiente entre otras acusaciones relacionadas con el conflicto de interés personales y políticos.
El proceso de destitución al que se iba a someter la plenaria del órgano no alcanzó el consenso necesario en el Congreso Nacional para ser realizado, ya que la oposición entendía que “no existían faltas graves”.
Denuncia de acoso laboral
Además de recibir valoraciones negativas por la gestión que encabeza desde 2021, Janel Rodríguez también fue acusado de “acoso laboral” por dos empleadas del departamento de Auditoría.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó el 6 de septiembre de 2023 que el documento que contenía la querella dirigida hacia Rodríguez fue archivado de manera definitiva. Alegando que los hechos denunciados no configuran el tipo penal de acoso sexual previsto en el artículo 333-2 del Código Penal.
120 interesados
Por otro lado, Genao indicó que 120 personas han formalizado su postulación, dentro de los que se encuentran también otros dos miembros de la Cámara de Cuentas.
Aunque no precisó los nombres, adelantó que podría tratarse de Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, quienes fungen como miembros en la alta dirección.
La comisión tendrá hasta marzo para posesionar y juramentar al pleno que estará al frente durante el próximo mandato interno.
Santo Domingo, R.D.-Dieciseis provincias de la República Dominicana están en alerta meteorológica por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones repentinas urbanas.
Colocaron en alerta amarilla a Samaná, La Altagracia, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), El Seibo, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Hato Mayor.
Mientras que en alerta verde se encuentran Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Montecristi y San Pedro de Macorís.
Conforme al boletín meteorológico del Indomet, recomiendan a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero de la costa atlántica, desde Monte Cristi hasta La Altagracia, debido a oleaje y viento anormal.
Recomiendan a los padres tener control sobre los niños, a fin de que estos no usen ríos, balnearios arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
A los conductores de vehículos se les recomienda tomar medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.
Santo Domingo;- Cayó abatido en un supuesto enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional la madrugada de este jueves en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, un hombre apodado “Diablo Rojo”, quien era considerado el más buscado en la jurisdicción del Distrito Nacional, donde es señalado en múltiples hechos criminales, incluyendo la muerte de una menor de 14 años, robos, asaltos, entre otros delitos.
Se trata de Jordany Sosa (Diablo Rojo), quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, a consecuencias de heridas de bala ocasionadas por los integrantes de una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) que repelió una agresión a tiros cuando trató de apresarlo en el citado municipio.
En poder del hoy occiso se ocuparon dos armas fuego, una de ellas con un cargador de 30 cápsulas, 11 de las cuales disparó contra los agentes actuantes. Se precisa que “Diablo Rojo” era buscado en atención a las órdenes de arresto 0037-2023 y 2024-AJ0023141, emitidas por autoridades competentes.
También de causarle heridas de bala al nombrado Edgar Alexander Novas Montero (Buda), contra quien fue dirigido el ataque a tiros.