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ADOCCO se querella contra licitación cédulas y pasaportes
Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) sometió ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella contra la concesión al Consorcio Mobility ID de los contratos para adquisición y renovación de cédulas, pasaportes y licencias de conducir.
Advirtió que «es muy peligroso» poner en manos de un mismo grupo empresarial los datos que figuran en los documentos arriba indicados. «Eso puede dar origen a que estas entidades privadas puedan crear, inclusive ciudadanos, y que les habiliten para ejercer todos los derechos en el país», explicó Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO.
En ese sentido, solicitó que se investigue el proceso de licitación realizado por el INTRANT, en el que solo participó como oferente Mobility ID, integrado por las mismas empresas que emiten las libretas de pasaportes, la nueva cédula y «en base a maniobras fraudulentas, ahora le han adjudicado la emisión de las licencias de conducir».
FALSIFICO DOCUMENTOS
En su instancia, ADOCCO denuncia que Mobility ID «falsificó los documentos relativos a la impresora láser CLM600, presentándose como fabricantes de esta, como lo exige el pliego de condiciones del INTRANT para la convocatoria de la licitación; sin embargo, una vez analizadas las documentaciones depositadas se ha podido constatar que este consorcio no es el fabricante de dichas impresoras, y que por tanto, falsificó los datos para hacerse pasar como tal frente al Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre».
«ADOCCO, una vez enterado de las irregularidades de los documentos depositados por Mobility ID, impugnó por ante el INTRANT la adjudicación del contrato de la emisión de licencias de conducir a este consorcio por las múltiples irregularidades en la licitación, pero el Comité de Compra y Contrataciones del INTRANT y su director, el ingeniero Milton Morrison, hicieron caso omiso a la impugnación y continuaron con el proceso, inclusive, adelantando la fecha para la apertura del sobre B, con la sola intención de favorecer al citado consorcio y sus integrantes Midas Dominicanas, G.E.T. Secure ID Corp, STC S.A., Thomas Greg & Sons Gráfica E Servicios, Industria E Coercio E Importacao E Exportacao de Equipakejtos LTDA», alega la entidad en su denuncia.
TRABAS A LOS DEMAS OFERENTE
Según De la Rosa Tiburcio, “la licitación fue tan dirigida que solo pudo participar Mobility ID, porque le pusieron muchas trabas a los demás oferentes interesados, como por ejemplo: la exigencia de una línea de créditos de 25 millones de dólares para poder participar en el proceso, con la que solo pudo cumplir Mobility ID, esto, evidentemente vulnera el principio de evaluación objetiva, el de libre empresa y el de participación como lo manda nuestra Constitución y que rigen los procesos de licitación según la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones en nuestro país”.
En la denuncia se imputa a Morrison de confabulación con Mobility ID para falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno.
jt-am
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.