El proyecto La Nueva Barquita es de las pocas iniciativas gubernamentales. (Franklin Marte)

Tener una casa propia es la aspiración de todo trabajador o trabajadora que busca asegurar el futuro de su familia y coronar bajo un techo digno sus años productivos en el mercado laboral.Pero el deseo choca de frente con una dura realidad: El 70% de los trabajadores del sector privado subsisten con ingresos mensuales que oscilan entre los RD$6,250 y RD$11,298, montos que no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta básica, que promedia los RD$23 mil, según el Banco Central.

La misma precariedad la padece el 80% de los empleados del sector estatal, incluyendo pensionados y jubilados, quienes devengan menos de RD$6 mil.

Ante este panorama, el déficit habitacional no hace más que crecer, principalmente en el Gran Santo Domingo, territorio que concentra el mayor número de habitantes del país, con 2 millones 374 mil 370 personas, de acuerdo al Noveno Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en el 2010.

Déficit varía

El déficit de viviendas varía según la institución que ofrece los datos: el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) lo coloca en 900 mil unidades; la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), en 972,000; mientras que la organización no gubernamental Ciudad Alternativa sitúa el déficit (entre cuantitativo y cualitativo) en más de dos millones viviendas.

Si bien el gobierno del presidente Danilo Medina ha puesto en marcha algunos proyectos habitacionales este año como La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte; Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este y Boca de Cachón, en la provincia Independencia, lo cierto es que las políticas públicas en materia de vivienda se han quedado cortas. Un estudio del Observatorio por el Derecho a la Ciudad de Ciudad Alternativa, señala que el año pasado apenas se construyeron 4,453 viviendas con recursos del presupuesto nacional en todo el país.

Ante esta problemática la respuesta gubernamental ha consistido en delegar en el sector privado esta responsabilidad, a través de la Ley 189-11, para Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso y la suscripción de un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y Acoprovi para la creación de la Ventanilla Única que facilita los permisos y licencias de construcción de proyectos de viviendas de bajo costo con los fondos de pensiones de los trabajadores.

“Los requisitos para acceder a hipotecas bajo esta ley excluyen al sector informal del país (cerca de 60% de la población dominicana). De la misma forma, la ley excluye al 80.8% de la población trabajadora del sector formal porque perciben retribuciones menores a tres salarios mínimos. De hecho, según el Observatorio, en 2014 sólo el 2.94% de las familias del país figuraron con préstamos hipotecarios en el sistema financiero”, afirma el economista Rafael Jovine, de Ciudad Alternativa.

Sector privado construyó 15 proyectos habitacionales

Gracias a la Ley 189-11, para Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, el sector privado construyó el año pasado quince proyectos habitacionales, con un total de 10,632 viviendas en varios sectores del Gran Santo Domingo. No obstante, los potenciales inquilinos para quienes fueron diseñadas las denominadas viviendas de bajo costo, cuyo tope se ha fijado en RD$2.2 millones, tienen pocas posibilidades para adquirirlas. Tres factores frenan sus aspiraciones: el historial crediticio, la capacidad y cultura de ahorro y el valor del salario mensual.