El organismo insitió en la necesidad de una reforma radical de la Policía dominicana
SANTO DOMINGO, (EFE).- Amnistía Internacional (AI) resaltó hoy el hecho de que «por fin» se presentaran cargos contra cinco policías y un oficial de la Armada de República Dominicana acusados de ejecutar a dos civiles señalados como autores de un secuestro ocurrido en 2009 en el noreste del país.
Según un comunicado difundido en Santo Domingo, AI calificó este caso de «crucial», ya que, en su opinión, «indica la urgente necesidad de una reforma radical de la Policía en el país caribeño».
El asesor especial de AI, Javier Zúñiga, señaló que después de más de tres años, la decisión de imputar a los acusados de la muerte de los dos civiles y seguir adelante con las actuaciones policiales es «un importante paso adelante» y dijo esperar en la investigación y el procesamiento «se averigüe hasta dónde llega la responsabilidad de estos homicidios en la cadena de mando policial».
«Esperamos que las novedades en este caso lleven a las autoridades dominicanas a seguir adelante con la anunciada reforma integral de las fuerzas de la Policía Nacional, que todos los años están implicadas en centenares de casos de homicidios y torturas», destacó Zúñiga en el comunicado.
AI se pronunció así después de que el pasado 19 de enero, la Procuraduría Fiscal de la provincia de Montecristi (noroeste) presentara cargos contra los agentes por su presunta responsabilidad en el homicidio de los izquierdistas William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, quienes murieron por impacto de arma de fuego el 10 de octubre de 2009.
Los dos hombres estaban acusados de raptar un mes antes en Nagua (noreste dominicano) a Eduardo Baldera Gómez, quien tras 22 días en cautiverio logró escapar de sus raptores. Según testimonios de vecinos de la citada la comunidad, Checo fue entregado vivo a una patrulla de la Policía que lo condujo detenido hasta una estación en esa misma localidad.
También la Marina de Guerra y lugareños del paraje los Conucos, en la zona costera de Villa Vásquez, confirmaron que entregaron vivo a Cecilio Díaz, el otro vinculado al secuestro de Baldera Gómez. Los dos hombres fueron encontrados con disparos en la cabeza después de permanecer cuatro horas detenidos y, según el entonces jefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, murieron en «un intercambio de disparos» con los agentes.
Sin embargo, una comisión investigadora de la Procuraduría General del país determinó en un informe presentado en 2010 que los dos hombres fueron ejecutados por cinco policías. El informe precisó que la versión de los policías de que se produjo un intercambio de disparos «no se corresponde con la verdad» porque los civiles fueron entregados vivos, esposados y desarmados.
Zúñiga declaró que el anuncio de una política de «tolerancia cero» con las violaciones de derechos humanos cometidas por policías locales «es un cambio sumamente positivo con respecto al pasado».
Sin embargo, dijo que el caso de William de Jesús Checo y Cecilio Díaz «es sólo uno de los muchos ejemplos de por qué se deben adoptar medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos y garantizar una reforma radical de la Policía Nacional».
Asimismo, lamentó que las autoridades dominicanas aún no hayan «impartido justicia» en el caso de la desaparición el 28 de septiembre de 2009 de Juan Almonte, otro de los implicados en este secuestro y que presuntamente fue raptado por miembros de la Policía.
Cada año, recordó AI en su comunicado, cientos de personas mueren a causa de la violencia policial en República Dominicana, y la justicia «tarda mucho en llegar o es simplemente inexistente».
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Aclaró, asimismo, a la defensa de Donald Guerrero que la investigación por la que se sometió a este funcionario no fue por la que se le citó a finales del 2020 y a raíz de una declaración jurada por posible enriquecimiento ilícito.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
Los abogados del exministro Guerrero aseguraron durante la presentación de su defensa la semana pasada que el caso lleva ya «cinco años, a partir del primer interrogatorio» ocurrido en el 2020.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y laCorte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
La abogada María del Pilar Zuleta, parte del equipo de defensa de Donald Guerrero. (FUENTE EXTERNA)
La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
Ante esto, la joven acudió a la Policía Nacional a denunciar la agresión, mientras que el doctor fue a la fiscalía “a decir que la joven lo estaba difamando”.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó,el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo aplazaron la audiencia para el próximo miércoles 25 de febrero de 2026.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
Además de Rodríguez Sánchez figuran en el expediente Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.