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AI destaca sometimiento de policías dominicanos por homicidio

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El organismo insitió en la necesidad de una reforma radical de la Policía dominicana

SANTO DOMINGO, (EFE).- Amnistía Internacional (AI) resaltó hoy el hecho de que «por fin» se presentaran cargos contra cinco policías y un oficial de la Armada de República Dominicana acusados de ejecutar a dos civiles señalados como autores de un secuestro ocurrido en 2009 en el noreste del país.

Según un comunicado difundido en Santo Domingo, AI calificó este caso de «crucial», ya que, en su opinión, «indica la urgente necesidad de una reforma radical de la Policía en el país caribeño».

El asesor especial de AI, Javier Zúñiga, señaló que después de más de tres años, la decisión de imputar a los acusados de la muerte de los dos civiles y seguir adelante con las actuaciones policiales es «un importante paso adelante» y dijo esperar en la investigación y el procesamiento «se averigüe hasta dónde llega la responsabilidad de estos homicidios en la cadena de mando policial».

«Esperamos que las novedades en este caso lleven a las autoridades dominicanas a seguir adelante con la anunciada reforma integral de las fuerzas de la Policía Nacional, que todos los años están implicadas en centenares de casos de homicidios y torturas», destacó Zúñiga en el comunicado.

AI se pronunció así después de que el pasado 19 de enero, la Procuraduría Fiscal de la provincia de Montecristi (noroeste) presentara cargos contra los agentes por su presunta responsabilidad en el homicidio de los izquierdistas William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, quienes murieron por impacto de arma de fuego el 10 de octubre de 2009.

Los dos hombres estaban acusados de raptar un mes antes en Nagua (noreste dominicano) a Eduardo Baldera Gómez, quien tras 22 días en cautiverio logró escapar de sus raptores. Según testimonios de vecinos de la citada la comunidad, Checo fue entregado vivo a una patrulla de la Policía que lo condujo detenido hasta una estación en esa misma localidad.

También la Marina de Guerra y lugareños del paraje los Conucos, en la zona costera de Villa Vásquez, confirmaron que entregaron vivo a Cecilio Díaz, el otro vinculado al secuestro de Baldera Gómez. Los dos hombres fueron encontrados con disparos en la cabeza después de permanecer cuatro horas detenidos y, según el entonces jefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, murieron en «un intercambio de disparos» con los agentes.

Sin embargo, una comisión investigadora de la Procuraduría General del país determinó en un informe presentado en 2010 que los dos hombres fueron ejecutados por cinco policías. El informe precisó que la versión de los policías de que se produjo un intercambio de disparos «no se corresponde con la verdad» porque los civiles fueron entregados vivos, esposados y desarmados.

Zúñiga declaró que el anuncio de una política de «tolerancia cero» con las violaciones de derechos humanos cometidas por policías locales «es un cambio sumamente positivo con respecto al pasado».

Sin embargo, dijo que el caso de William de Jesús Checo y Cecilio Díaz «es sólo uno de los muchos ejemplos de por qué se deben adoptar medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos y garantizar una reforma radical de la Policía Nacional».

Asimismo, lamentó que las autoridades dominicanas aún no hayan «impartido justicia» en el caso de la desaparición el 28 de septiembre de 2009 de Juan Almonte, otro de los implicados en este secuestro y que presuntamente fue raptado por miembros de la Policía.

Cada año, recordó AI en su comunicado, cientos de personas mueren a causa de la violencia policial en República Dominicana, y la justicia «tarda mucho en llegar o es simplemente inexistente».

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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Agencias internacionales cooperarán

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.

  • Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.

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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva

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Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.

Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.

Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.

Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.

Inconstitucionalidad por desproporcionalidad

Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.

Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.

Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.

Críticas a un fallo «literario y religioso»

La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.

Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.

Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.

Derecho a la salud y dignidad humana

El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.

Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.

Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.

Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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