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El consumo de alcohol adulterado les ha quitado la vida a 42 personas.
Personal de salud del hospital Francisco Moscoso Puello, en Santo Domingo, donde han sido llevados los afectados. ORLANDO BARRIA/EFE
Santo Domingo, RD.-El ministerio de Salud Pública informó que al menos 42 personas han muerto y otras siete permanecen ingresadas tras consumir alcohol adulterado desde la semana pasada en la República Dominicana, informó el ministerio de Salud Pública.
«Tenemos un número de 42 fallecidos y tres fábricas clandestinas desmanteladas», dijo a Efe el ministro de Salud dominicano, Rafael Sánchez Cárdenas, quien adelantó que este viernes ofrecerá más detalles en torno al caso.
El funcionario aseguró que los resultados de laboratorio manejados hasta el momento indican que más del 50 % de las víctimas no consumieron etanol sino otro componente químico de alto grado de mortalidad.
«Hasta el momento tenemos 7 intoxicados en condición hospitalaria y tenemos entendido que las autoridades han apresado a unas cinco personas relacionadas con la producción de ese alcohol clandestino», precisó Sánchez Cárdenas.
Los primeros fallecimientos por el clerén se produjeron entre los pasados 6 y 7 de abril, cuando seis personas murieron sucesivamente en el sector Brisa del Este de la ciudad de Santo Domingo Este tras ingerir esa bebida.
Después se produjeron otros casos en sectores humildes de la región metropolitana de Santo Domingo y también en otras ciudades, entre ellas Constanza, ubicada en la cordillera Central.
El martes pasado, el ministro reveló que el número de fallecidos a causa del consumo del clerén y de triculí, otra bebida de fabricación casera de amplia distribución clandestina en el país, había aumentado a 31 personas.
De acuerdo con Sánchez Cárdenas, las botellas de clerén y triculí adulteradas eran vendidas «en colmados y supermercados» de la capital y su región metropolitana.
Tanto las autoridades sanitarias como la Fiscalía han abierto investigaciones para determinar la naturaleza del producto y para identificar a los fabricantes.
El Gobierno, la Policía y la Fiscalía han instado a la población a limitar el consumo de alcohol durante el período de confinamiento decretado por la pandemia de coronavirus y, en especial, han pedido que se evite el consumo de bebidas ilegales.
El clerén y el triculí son destilados de caña muy baratos, elaborados de forma artesanal y clandestina, sin permiso de las autoridades sanitarias, que no las consideran aptas para el consumo humano.
Estas bebidas pueden ser contaminadas con metanol, un alcohol muy tóxico, cuando el fabricante destila maderas para usarlas como materia prima o como aromatizante o al añadirle solventes para abaratar el producto.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.