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Al menos 52 presos usaron permisos de jueza para salir de cárcel

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SANTO DOMINGO. La jueza interina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal emitió permisos de hasta cuatro días para que unos 62 condenados por diferentes delitos estuvieran en la calle con motivo de las fiestas de fin de año, sin indicar la dirección ni contacto de las personas responsables de éstos.

En las resoluciones de la magistrada Katerine Rubio Matos que autoriza las salidas de los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, Najayo Mujeres, Centro Abierto de Mujeres Sabana Toro y el CCR 20 de San Cristóbal (antiguo Najayo Menores), del 29 de diciembre al 2 de enero para algunos, otros del 30 al 31 de diciembre y otros del 30 de diciembre al 1 de enero, solamente se establece que los beneficiarios irán a visitar a sus familiares.

Luego de acoger los permisos de salida amparados en el artículo 18 de la ley 224 sobre régimen penitenciario, en el cual se establecen las condiciones para permitir las salidas fuera de los centros penitenciarios, Rubio Matos resuelve que el permiso estará bajo la responsabilidad del CCR “en el sentido, del cumplimiento estricto del mismo y su no desnaturalización, por lo que el presente auto puede ser revocado en caso de incumplimiento”.

De acuerdo con una fuente de la Procuraduría General de la República, cerca de 50 de los 62 condenados por la comisión de algún ilícito penal lograron salir de los Centros de Corrección. La fuente informó a Diario Libre que el 30 y 31 de diciembre buscaron a los favorecidos con las resoluciones y lograron regresarlos a todos a las cárceles, antes del mediodía del 31, luego de solicitar en los tribunales la suspensión de las medidas.

La Procuraduría informó el domingo que fueron retornados 42 internos, 20 a Najayo Hombres, 14 a Sabana Toro, y 8 a Najayo Mujeres, en adición a aquellos a los que no se les permitió la salida después de haberse idejntificado presuntas irregularidades en las resoluciones de la magistrada.

Condenados por narcotráfico
El Ministerio Público solicitó la revocación de los autos, alegando la peligrosidad y vulnerabilidad de cada uno de los beneficiados, tomando en cuenta los procesos por los cuales fueron condenados, como el Caso Paya, el Caso Figueroa Agosto y el Caso Florián Feliz, entre otros.
diariolibre.com

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Poder Judicial presenta lista de datos que mantendrán anonimato

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Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Senado aprobó más préstamos por $525 millones de dólares

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Enmienda a contrato

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Modificación de crédito

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Educación desvincula más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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