Economía
Alerta roja en los ingresos fiscales: en marzo caen en 44.8%
El COVID-19 contagia las finanzas públicas: se reducen en RD$22,916.8 millones
Una alerta roja en las finanzas públicas dominicanas acaba de tronar. Las recaudaciones de los ingresos no financieros del gobierno durante el mes de marzo reflejan una caída que se estima en un 44.8%, lo que representa una pérdida de 22,916.8 millones con respecto a lo recaudado durante el mismo mes de 2019.
Y eso sucede en un momento en que el país pasa por una de sus peores crisis en su sistema de salud que la memoria recuerde, como resultado de los efectos locales de la pandemia del COVID-19, que exige fondos públicos para financiar las contramedidas, y para impulsar la economía que se debilita por la ruptura de su cadena productiva.
Sobre esto se le pregunta al economista Nelson Suárez, quien responde que el país enfrenta “uno de los más trascendentales dilemas que tiene que resolver el gobierno”.
Y agrega que estas circunstancias, en medio de un ciclo electoral agrega factores de complicación a la situación.
“El gobierno tendrá que asumir gastos imprevistos y sacrificios fiscales procurando ejercer plenamente su papel anticíclico, lo cual amerita decisiones cruciales y con grandeza de propósitos”.
La mayor caída la registran los ingresos tributarios, que se estima en RD$23,428.4 millones, equivalente a un 49.4% con relación a marzo del 2019.
Dentro de ellos, las recaudaciones del ITBIS se derrumbaron en 62.5%, lo que significa RD$10,524.5 millones menos.
Mientras que las del impuesto sobre los ingresos cayeron en 31%.
Asimismo, las recaudaciones de los impuestos selectivos sobre bienes y servicios cayeron en 63.2%, con relación a marzo del 2019, lo que es una perdida de 5,387.8 millones de pesos.
Igual, los ingresos por impuestos al comercio exterior bajaron en 28.9%, que es RD$941.8 millones menos que en marzo de 2019.
En marzo de 2019, el Gobierno recaudó por esos impuestos un monto ascendente a RD$51,158.8 millones. Pero en marzo de 2020, solo dispondrá de RD$28,242 millones por el impacto del COVID-19 en la economía.
En perspectiva, si lo sucedido en marzo se prolonga durante los próximos cuatro meses, el impacto fiscal será terrible, porque el Gobierno podría dejar de percibir cerca del 17% de lo presupuestado, lo que equivaldría a 117,000 millones de pesos menos.
¿Qué hacer frente este escenario? Suárez responde que deben realizarse “controles y restricciones de gastos no prioritarios”, lo que incluye “a todos los entes y organismos públicos”.
Además de que deben garantizarse el pago de la nómina, los gastos en las llamadas cargas fijas imprescindibles y apropiaciones con compromisos contractuales preexistentes ineludibles.
Asimismo, propone “que se suspenda por los próximos 5 meses” el uso de los balances de apropiación presupuestaria disponibles no comprometidas de todas los entes y organismos públicos. Considera que la excepción se aplique a las entidades que están directamente en el campo de batalla contra el coronavirus, como son el Ministerio de Salud Pública, la Dirección del Servicio Nacional de Salud, la Policía Nacional, las entidades de la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, los planes sociales y otras prioritarias.
Destaca que esto tiene su fundamento legal en el artículo 45 de la Ley 423-06 del Presupuesto del Sector Público.
Además, propone el congelamiento por el resto del año de la nómina de las restantes entidades y organismos públicos.
Asimismo, sugiere que se reprogramen las obligaciones de la deuda pública procurando la disminución en un 15% del pago de intereses y amortización contemplados para este año.
Igualmente, que se incluyan en esa reprogramación los recursos presupuestado para el 2020 correspondientes a obras que no se podrán concluir en el presente ejercicio fiscal.
También, que se redireccionen hacia las prioridades derivadas de la crisis sanitaria COVID-19 los recursos previstos de fuentes financiera pertenecientes a préstamos para apoyo presupuestario a las prioridades derivadas de la crisis sanitaria COVID-19.
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.