Más Noticias
Juez rechaza traslado a otra cárcel de «Alex Paquete», quien seguirá en prisión por homicidio.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento en prisión preventiva fue dispuesto por el juez Amauris Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contra José Alexander de los Santos Lemos, alias «Alex Paquete«, acusado de matar a tiros a un hombre y herir a otro en un restaurante del sector Naco.
Durante el conocimiento de una revisión obligatoria de la medida de coerción, el magistrado Martínez argumentó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva dictada en su contra.
El tribunal también rechazó ordenar el traslado de Santos Lemos desde la cárcel de San Pedro de Macorís a otro recinto penitenciario.
El abogado del imputado, doctor Okensy Contreras, defendió la prisión preventiva como una medida para proteger la vida de su cliente, dadas las supuestas amenazas.
«La medida que más se justifica es la prisión preventiva, para la garantía de la vida del imputado, ya que él ha sido amenazado por la familia de parte del occiso», explicó Contreras, quien denunció que su cliente ha recibido «atentados» dentro de la cárcel sin especificar su naturaleza.
Por su parte, Andrés Tolibio, representante legal de los familiares de la víctima, recordó que fue la propia defensa de Paquetes quién eligió inicialmente el CCR de San Pedro de Macorís en lugar de la cárcel natural de Najayo.
«Él eligió, en la medida de coerción, el penal de San Pedro… y ahora dice que también allí su vida corre peligro», señaló Tolibio.
El pasado 5 de agosto, el juez Rigoberto Sena impuso tres meses de prisión preventiva a Santos Lemos, a ser cumplida en el CCR de San Pedro de Macorís, por la gravedad del hecho y la facilidad con la que el imputado utilizó un arma de fuego ilegal.
En el hecho resultó muerto Alexandry Junior Pilier (alias «Alex Weed»), de 30 años y herido Willal Stiven Castro Collado, de 23 años, el 31 de julio, en el establecimiento MG Kitchen, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, Naco.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.