Santo Domingo, RD.-Al menos cuatro empresas vinculadas al hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, aparecen registradas como suplidoras del Estado de manera directa, según datos proporcionados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).Más Noticias
Alexis Medina vendió 220 millones en combustible a la Policía Nacional
Santo Domingo, RD.-Al menos cuatro empresas vinculadas al hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, aparecen registradas como suplidoras del Estado de manera directa, según datos proporcionados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).Esas son Comercial Matex, SRL, de la cual Medina Sánchez es accionista con una participación de 2%; Valle de Comatillo, SRL, donde figura como gerente y una participación accionaria de 33.40%; Fuel América INC Dominicana, SRL, de la que también es gerente y accionista con 75%; y Veintisiete 328, SRL, en la cual es gerente y posee el 50% de las acciones.
“De manera visible”, en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) solo se refleja que ha efectuado contratos con el Estado Fuel América INC Dominicana.
En el sistema se evidencia que esa empresa efectuó 21 contratos con la Policía Nacional entre los años 2015 y 2017 por concepto de compra de combustible por un monto de RD$ 220,739, 721.20, conforme a la información suministrada por la DGCP.
Esos contratos fueron efectuados bajo la modalidad de “proceso de excepción no descrita”.
La DGCP define el procedimiento por excepción como aquel que va destinado a cubrir situaciones imprevisibles, emergencias y demás necesidades excepcionales descritas en la normativa de compras.
La institución precisa que esta información solo refleja los procesos y contratos que se celebran a través del SIGEF o el Portal Transaccional y los que están asociados a las empresas donde Medina Sánchez se vincula directamente como accionista o representante de las mismas.
Aclara que “de ninguna manera contempla aquellos procesos o contratos realizados fuera de estos sistemas”.
Caso
Alexis Medina se encuentra detenido desde el pasado domingo acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de formar parte de una supuesta red de corrupción que operaba durante período gubernamental 2012-2020 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presidido por su hermano.
Junto a él también se encuentra detenida su hermana, Carmen Magalys Medina Sánchez, quien fue vicepresidente de Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y otros diez funcionarios del pasado Gobierno.
Reacción del expresidente
El mismo día que se hizo público el apresamiento de sus hermanos el expresidente Danilo Medina salió en defensa de ellos junto a los principales miembros de su partido y cuestionó la forma en que fueron detenidos.
Acusación
Las autoridades presumen que Alexis Medina lideraba la red de corrupción y que tenía varios testaferros (personas que prestaban su nombre en los contratos o negocios que en realidad pertenecían a él).
A algunos de los imputados se les acusa de que aprovechar sus vínculos con el poder político para convertirse en proveedores privilegiados del Estado para acumular fortunas.
La ley 40-06 sobre compras y contrataciones establece que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa ni los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado de los funcionarios relacionados con la contratación.
Tampoco pueden serlo los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos ni los descendientes de estas personas.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
Más Noticias
Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.