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Procuradora Miriam Germán recibe apoyo Alianza Cristiana Dominicana por tres causales.

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Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, fue respaldada por la Alianza Cristiana Dominicana por las preguntas sobre las tres causales que formuló a la jueza del Tribunal Superior Administrativo Cecilia Inmaculada Badía Rosario, en el proceso de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura y sostuvo la entidad  que se trata de «preguntas que debe hacerse toda la sociedad».

La Alianza Cristiana Dominicana es partidaria de que la madre decida y evite lo que esta instancia llama «torturas en pleno siglo XXI» y aclara que se sitúa «lejos» de respaldar el aborto libre e indiscriminado.

A través de un comunicado, la organización religiosa que representa a creyentes de diferentes denominaciones cristianas explicó que las preguntas y los cuestionamientos que formuló el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, y después la magistrada Germán Brito, efectivamente son las que deben hacerse quienes respaldan y quienes rechazan que una madre embarazada pueda decidir si somete o no a un aborto en tres casos excepcionales.

Estos tres casos aluden a cuando la madre está en peligro de muerte debido a ese embarazo, si este este fruto de una violación sexual y en caso de que una malformación del futuro feto al punto de ser incompatible con la vida.

A continuación, Acento reproduce de manera íntegra el comunicado de Alianza Cristiana Dominicana sobre Miriam Germán y las tres causales:

Como personas de fe, respetuosas de la vida, la salud y la dignidad de las mujeres, respaldamos a la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República en las preguntas que se hace ante el drama humano que implica obligar a una mujer a terminar un embarazo en circunstancias criminales como una violación sexual de parte de su propio padre o algún otra familiar (incesto); cuando peligra la vida de la mujer y cuando se ha comprobado que el producto del embarazo es incompatible con la vida.

Entendemos que las preguntas y los cuestionamientos que primero formuló el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, y después la magistrada Miriam Germán a la jueza del Tribunal Superior Administrativo Cecilia Inmaculada Badía Rosario en el proceso de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura son preguntas que debe hacerse toda la sociedad.

¿La madre que está en peligro de muerte, no la protege el artículo 37 de la Constitución?

¿Se justifica que un embarazo que significa un peligro de muerte para la mujer sea llevado a término de manera obligatoria sin dar la oportunidad a que ella elija vivir o morir?

¿Qué pasa cuando esa mujer es madre de otros hijos, es válido condenar a los demás niños a la orfandad?

¿Debe la víctima de manera obligatoria convivir de por vida con el producto de una violación sexual y compartir derechos paternales con su violador?

¿”Provida” sin importar las consecuencias?

Creemos que es imposible que se pueda hablar de felicidad ante los traumas que implica obligar una mujer a parir sin importar a las circunstancias. ¡Todo lo contrario! Nos parece que más bien se trata de torturas en pleno siglo XXI.

Precisamente, nuestra lucha a favor de las tres causales lejos de significar respaldo a un aborto libre e indiscriminado, persigue, más bien, que el Estado dominicano despenalice la interrupción del embarazo en estas tres excepciones que son las que constituyen las tres causales.

Es momento ya de que la sociedad dominicana entienda que las causales ayudan a evitar abortos clandestinos e inseguros (una de las principales causas de muerte materna en República Dominicana) que pueden comprometer la posibilidad de la mujer de tener hijos en el futuro. Protegen derechos (a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad) y dan autonomía a las mujeres sobre su vida y sus cuerpos.

Como personas cristianas apoyamos las tres causales porque uno de los mandamientos principales de Jesús fue amar al prójimo como a ti mismo, por los que las mujeres también merecen amor y una vida plena, abundante y llena, como dice Juan 10:10: «yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Las mujeres también son merecedoras de esta vida.

acento.com.do

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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