SECRETARIO GENERAL AFIRMA LA CIDH ACUDIÓ A INFORME DESACTUALIZADO
Reunión. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el canciller dominicano Miguel Vargas.
Washington.- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, admitió ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cometió un “gravísimo error” al colocar a la República Dominicana en una lista negra por supuesta violación de los derechos humanos.
Durante una reunión en la sede de la OEA, en Washington, Almagro tuvo que admitir ante los reclamos del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, que la CIDH acudió a informes completamente desactualizados para colocar a la República Dominicana en el llamado capítulo IV de las normas de los derechos humanos.
Según una nota informativa de la Cancillería, Vargas Maldonado le espetó a Almagro que el presidente Danilo Medina ha sido el mayor defensor de los derechos humanos a favor de los inmigrantes extranjeros en su país, y que “solamente para documentar a esos extranjeros el Gobierno dominicano ha invertido 1,600 millones de pesos en su Plan de Regularización de Extranjeros”.
Ante el reclamo del Canciller dominicano, Almagro ordenó de inmediato que el CIDH se reúna el próximo jueves, para lo cual convocó al embajador dominicano en ese organismo, Gedeón Santos, para que participe en esa sesión extraordinaria.
Vargas se reunió por espacio de una hora con Almagro, a quien explicó todos los pormenores del acercamiento que existe entre los dos países, respetando sus respectivas constituciones y las leyes vigentes en ambos lados de la isla caribeña.
Vargas Maldonado le dijo a Almagro que el empeño del Presidente dominicano para normar las relaciones de los dos países ha pasado por la celebración de ocho encuentros bilaterales entre los dos gobiernos; cuatro de ellos presidenciales y otros cuatro ministeriales.
“Ciertamente se ha tratado de una grave injusticia del CIDH colocar a la República Dominicana en el capítulo 4 de la Carta Interamericana”, declaró el Secretario General de la OEA, para agregar a seguidas que “esa situación será corregida en el menor tiempo posible”, dice la nota de la Cancillería. Almagro reconoció y felicitó al Canciller y al gobierno de Medina por la forma que se están desarrollando las relaciones con Haití.
Vargas agradeció el gesto de Almagro y de inmediato instruyó a su embajador ante la OEA para que este jueves esté presente en la Asamblea extraordinaria del CIDH y reitere la posición del Gobierno dominicano.
Caso Venezuela
Otro tema tratado en el encuentro fue el caso de la República Bolivariana de Venezuela, donde el secretario general de la OEA, Almagro reiteró la posición innegociable de la OEA con respecto a los derechos humanos; que tiene que pasar necesariamente por la liberación de los presos políticos, y la calendarización de los procesos electorales pendientes.
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MIGUEL VARGAS Y LA SOLIDARIDAD CON HAITÍ
El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití elogió las declaraciones del canciller Miguel Vargas, de que la comunidad internacional debe expresar su solidaridad con el pueblo haitiano.
En un comunicado, el comité expresa su respaldo a la declaración de Vargas el pasado 5 de mayo en New York, durante una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, donde expresó que los problemas de Haití hay que solucionarlos con hechos y no con palabras. “Esta posición del canciller Vargas ha sido la posición de este Comité desde su fundación”, dice.
listindiario.com
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
