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Amplio rechazo a la división de la provincia Santo Domingo
SANTO DOMINGO. Cualquier intento de división de la provincia Santo Domingo no sería más que un absurdo que sólo vendría a incrementar la burocracia y el Presupuesto General de la Nación, consideraron ayer expertos y representantes de la municipalidad, quienes, por el contrario, abogan por un fortalecimiento de las regiones del país.
Erick Dorrejo, arquitecto y urbanista, junto al ex director del Consejo Nacional de Reforma del Estado y ex diputado Tirso Mejía Ricart, en planteamientos por separado, coinciden en señalar que el proceso de dividir no es el camino ideal, ni lo más conveniente.
«Creo que el proceso de dividir no es lo recomendable, sino que a lo que debe abocarse nuestro país es un poco a concentrar la gestión administrativa del territorio, y el fraccionamiento del territorio en más municipios, de más provincias quizás lo que hace es contribuir un poco a caotizar, a complejizar el sistema, que ya viene degradándose en los últimos años», enfatizó Dorrejo.
A su juicio, se debe definir un sistema de regiones únicas para el territorio, que permita a todos los actores trabajar en función de demarcaciones que son más amplias que un pequeño municipio o una sola provincia.
De igual modo, sostiene que inmediatamente se produzca un fraccionamiento, se estaría agregando una mayor cantidad de empleomanía, conllevando un incremento en el Presupuesto General de la Nación.
«Se complicaría el asunto de la gestión y la creación de nuevos actores, de nuevos intermediarios, de nuevas personas figurando en lo que es este pastel, no permitiría devolverle a la población mejores servicios públicos, sino todo lo contrario, lo que estaría es cada cacique con su pedacito», apuntó.
Mientras, Mejía Ricart tiene la teoría también de que deben fortalecerse las diez regiones del país, ya que ello contribuiría a una mejor organización territorial. «Eso puede aumentar la burocracia, tal vez alguien interesado en ser senador o gobernador puede estar impulsando eso, pero no tiene ningún sentido», puntualizó.
Cuestionó que el proyecto de Ley sea objeto de estudio por parte de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, bajo el entendido de que se requiere de una descentralización, «cuando una provincia no implica descentralización, sino apenas desconcentración del Poder Ejecutivo».
Sería extemporáneo
Mientras que el presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Julián Roa, consideró que no es el momento de impulsar esa iniciativa, y recordó que la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados se comprometió con técnicos y expertos en municipalidad a esperar la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Ordenamiento Territorial, acogiendo lo que establece la Constitución. «Sería atomizar fundamentalmente el Presupuesto, crear nuevos puestos de trabajo, que no digo que no sean necesarios, pero no es el momento para eso ahora mismo. Eso es extemporáneo. Habría primero que aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, después aprobar la Ley de Regiones Únicas de Planificación, y entonces pensar cómo debe quedar parcialmente dividida o administrativamente dividido el Estado dominicano», analizó.
Recordó que el proyecto de Ley de Ordenamiento territorial ha sido impulsado por la Dirección de Ordenamiento Territorial con fondos internacionales. «Son presiones políticas generalmente. Creación de nuevos empleos, de nuevos cargos públicos…», recalcó.
En tanto que el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richarson, criticó que se busque crear más provincias, porque el país no las necesita, y se incrementaría la burocracia. Sin embargo, sí abogó porque se creen más Distritos Municipales o municipios, y que previo a eso se apruebe primero la Ley de Ordenamiento Territorial.
Senadores, alcaldes y burocracia
De ser acogida la propuesta para dividir la provincia Santo Domingo, aumentaría la matrícula del Senado, de 32 a 34 senadores. Además con la creación de nuevos municipios, como serían Guaricanos, Sabana Perdida, La Victoria, en adición a los ya existentes Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y ocho distritos municipales, se incrementaría la cantidad de Alcaldes y directores distritales, lo que conllevaría la erogación de mas recursos por parte del Estado. El proyecto de Ley plantea que esas nuevas autoridades sean electas en los comicios de 2016.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.