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El caso Odebrecht giró alrededor de Ángel Rondón.
Santo Domingo, RD.-El proceso sobre los sobornos multimillonarios con el caso Odebrecht concluyó en primera instancia este jueves con la absolución de la mayoría de los imputados y la condena a sólo dos por razones que no tienen que ver con la acusación principal del Ministerio Público.
El principal acusado del caso ha sido Ángel Rondón, quien fue señalado por los fiscales del Ministerio Público como la persona que recibió los US$92 millones que se gastaron en sobornos hacia diferentes funcionarios y legisladores del país.
Pero previo al escándalo de Odebrecht, Rondón era conocido solamente por ser un exitoso empresario ganadero, alejado de la palestra pública.
Es el propietario de la Industria Láctea Agroindustrial que elabora el clásico queso “Patrón de Oro” y el yogurt “Élite”.
En octubre de 2013 la Asociación de Hacendados y Agricultores (ADHA) le concedió la Medalla al Mérito en Ganadería, en una ceremonia encabezada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, “por sus aportes al desarrollo de la agropecuaria nacional”.
Asimismo, es el principal inversionista la compañía gestora de cobros AAA, que ofrece servicios a varias instituciones estatales, y presidente tanto del consejo de accionistas del complejo Riviera Azul, ubicado en Puerto Plata, como de la compañía Conansa Internacional.
Acusaciones
A todos los imputados se les acusa de delitos de soborno en el comercio, proscripción de la corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación y falsedad en declaración de bienes.
De manera específica, el Ministerio Público aseguró que Rondón fue que recibió la suma millonaria que luego fue utilizada en forma de sobornos, según Jean Alain Rodríguez, quien en esa ocasión era el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Rodríguez se basó en la confesión del gerente local de la constructora brasileña, Marcelo Hofke, que habría revelado esta información en su interrogatorio de siete horas en enero del 2017.
En su contra fueron pedidos 10 años de prisión.
Defensa
Durante todo el proceso judicial los abogados de Rondón afirmaron que su cliente es inocente, alegando que el Ministerio Público “no ha podido destruir su presunción de inocencia”, y que los fiscales no aportaron al proceso pruebas suficientes y plenas que acreditarán dicha teoría.
José Miguel Minier, quien encabeza el consejo de defensa de Rondón, aseveró que la presunción de inocencia es una de las garantías fundamentales del debido proceso y que para declarar culpable a una persona se precisa de prueba de cargo suficiente para “alcanzar un determinado estándar probatorio”.
Sobre esto, Minier dijo que las pruebas aportadas no establecen la certeza de la imputación formalizada en contra del imputado, por lo que ante la ausencia de elementos de pruebas suficientes que permitan que este cometiera el hecho atribuido, se impone la absolución del encartado.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.