Nacionales
El caso Odebrecht giró alrededor de Ángel Rondón.
Santo Domingo, RD.-El proceso sobre los sobornos multimillonarios con el caso Odebrecht concluyó en primera instancia este jueves con la absolución de la mayoría de los imputados y la condena a sólo dos por razones que no tienen que ver con la acusación principal del Ministerio Público.
El principal acusado del caso ha sido Ángel Rondón, quien fue señalado por los fiscales del Ministerio Público como la persona que recibió los US$92 millones que se gastaron en sobornos hacia diferentes funcionarios y legisladores del país.
Pero previo al escándalo de Odebrecht, Rondón era conocido solamente por ser un exitoso empresario ganadero, alejado de la palestra pública.
Es el propietario de la Industria Láctea Agroindustrial que elabora el clásico queso “Patrón de Oro” y el yogurt “Élite”.
En octubre de 2013 la Asociación de Hacendados y Agricultores (ADHA) le concedió la Medalla al Mérito en Ganadería, en una ceremonia encabezada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, “por sus aportes al desarrollo de la agropecuaria nacional”.
Asimismo, es el principal inversionista la compañía gestora de cobros AAA, que ofrece servicios a varias instituciones estatales, y presidente tanto del consejo de accionistas del complejo Riviera Azul, ubicado en Puerto Plata, como de la compañía Conansa Internacional.
Acusaciones
A todos los imputados se les acusa de delitos de soborno en el comercio, proscripción de la corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación y falsedad en declaración de bienes.
De manera específica, el Ministerio Público aseguró que Rondón fue que recibió la suma millonaria que luego fue utilizada en forma de sobornos, según Jean Alain Rodríguez, quien en esa ocasión era el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Rodríguez se basó en la confesión del gerente local de la constructora brasileña, Marcelo Hofke, que habría revelado esta información en su interrogatorio de siete horas en enero del 2017.
En su contra fueron pedidos 10 años de prisión.
Defensa
Durante todo el proceso judicial los abogados de Rondón afirmaron que su cliente es inocente, alegando que el Ministerio Público “no ha podido destruir su presunción de inocencia”, y que los fiscales no aportaron al proceso pruebas suficientes y plenas que acreditarán dicha teoría.
José Miguel Minier, quien encabeza el consejo de defensa de Rondón, aseveró que la presunción de inocencia es una de las garantías fundamentales del debido proceso y que para declarar culpable a una persona se precisa de prueba de cargo suficiente para “alcanzar un determinado estándar probatorio”.
Sobre esto, Minier dijo que las pruebas aportadas no establecen la certeza de la imputación formalizada en contra del imputado, por lo que ante la ausencia de elementos de pruebas suficientes que permitan que este cometiera el hecho atribuido, se impone la absolución del encartado.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.