SANTO DOMINGO. Para el empresario Ángel Rondón demostrarle a la constructora Norberto Odebrecht que él era el hombre ideal para hacer los trabajos de lobismo y conseguirle la adjudicación de importantes obras del Estado, su primer logro fue la construcción del acueducto de la Línea Noroeste.

Así lo establece la Procuraduría General de la República en la solicitud de medida de coerción a 14 personas, entre ellas Rondón, así como legisladores, funcionarios y exfuncionarios públicos de la cual está apoderado el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco.

En la instancia, el órgano investigador asegura que el empresario, “Hombre del Maletín”, es el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada por la multinacional, el cual realizaba los pagos a través de sus 40 empresas y que, producto de sus actividades ilícitas, logró colocar en el sistema financiero nacional sumas superiores a los RD$844 millones y más de US$80 millones.

De acuerdo con lo dicho por Marco Vasconcelos Cruz, exgerente de Odebrecht en el país, en el 2002, el empresario Rondón les ofreció sus servicios, y para darles una muestra de su eficiencia procedió a realizar las gestiones para lograr la aprobación y ejecución del acueducto Noroeste y, para tales fines, sobornó a Juan Roberto Rodríguez Hernández, Porfirio Andrés Bautista García, Alfredo Pacheco Osoria y Víctor Díaz Rúa.

Roberto Rodríguez es acusado en su calidad de exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) de aceptar sobornos para la contratación y ejecución de las adendas I y II de la construcción del acueducto de la Línea, de enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores. Andrés Bautista, expresidente del Senado de la República, y Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados, son señalados por presuntamente recibir sobornos para la aprobación de los financiamientos a los proyectos Noroeste, Pinalito e Hidroeléctrica de Palomino.

En la acusación, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dice que Vasconcelos Cruz, por vía de Rondón, dio aportes económicos a las campañas electorales del exdiputado Ruddy González y el senador Julio César Valentín. González admitió en el interrogatorio que le hizo la Procuraduría que entre él, Rondón y Valentín hay una estrecha relación.

El senador Tommy Galán, en su condición de presidente de la comisión de Hacienda en el período 2006-2014, presuntamente recibió de Rondón dinero para viabilizar y motivar en dicha comisión y en el pleno del Senado la aprobación de los financiamientos del acueducto de Samaná, la Autovía del Coral, el Corredor Duarte, Carretera de Casabito, carretera Río Jarabacoa y Corredor Duarte II.

En cuanto a Juan Temístocles Montás, según la Procuraduría, en su calidad de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del 2004 al 2016, aceptó dinero para viabilizar y motivar en el Ministerio de Hacienda el financiamiento de la hidroeléctrica de Palomino, el acueducto de Samaná, la Autovía del Coral, el Corredor Duarte, Carretera de Casabito, carretera Río Jarabacoa y Corredor Duarte II.

El exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez; el director técnico de la Empresa de Generadora Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Bernardo Castellanos de Moya, y el exadministrador de la EGEHID, Máximo D’ Oleo Ramírez, son acusados de recibir fondos para viabilizar el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica Pinalito y sus adendas I, II y III.

El Ministerio Público acusa a Radhamés Segura, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, de recibir dinero para la contratación de las adendas 4, 5 y 6 de la construcción de Pinalito y la hidroeléctrica de Palomino, así como de desviar fondos para el Ministerio de Obras Públicas, según consta en la adenda 6.

También se le acusa de asociarse con Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, para la construcción de la carretera de Casabito-Constanza.

Víctor Díaz, quien fue director de Inapa y exministro de Obras Públicas, también es imputado por la Procuraduría de recibir los sobornos para las construcción del acueducto y las adendas del acuducto de la Línea Noroeste, el de Samaná, la autovía del coral, corredor Duarte I y II, Río Jarabacoa.

La instancia dice, además, que utilizando un contrato fícticio, el abogado Conrado Pittaluga recibió como soborno el 1.25% del valor total de la obra del Coral.

Según explicó Marco Vasconcelos, Odebrecht suscribió contratos de representación con Ángel Rondón, pero que los mismos no se vinculaban con ninguna obra, y que el dinero que se le entregaba, no era contabilizado, ya que se hicieron de manera informal con el fin de asegurar el cobro efectivo de valores y poder justificar ante entidades financieras los montos recibidos.

“Cabe destacar que en ninguno de los contratos la función del imputado Ángel Rondón era de consultoría, no definiendo con exactitud las labores que debían ser realizadas, lo que demuestra la falsedad en estos contratos, que más bien eran utilizados como un escudo para sustentar las transparencias de los fondos que el imputado utilizaba para el soborno”, afirmó el procurador.

Los pagos, según dijo el brasileño Luis Eduardo Da Rocha Soares, se realizaban a través de sus empresas, que incluyen Conamsa Internacional y Lashan Corp.

El procurador explica en la instancia que el procesado logró colar en el sistema bancario sumas millonarias a nombre de sus familiares, entre los que están sus hijos, Angelina, Ángel Rafael y Ángel Daniel Rondón Marte, así como su primo Kelly Marius Rondón.

Según el expediente, a nombre de la hija de Rondón, que tiene 37 años de edad y es parte accionaria de varias de las compañías del imputado, se colocaron depósitos bancarios por más de RD$300 millones y US$14 millones entre 2007 y 2017.

En el expediente se establece que Odebrecht, vía Rondón, también pagó sobornos para la planta de Punta Catalina.