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Abogados acusan al Ministerio Público de falsificar documentos en caso Falcón.
Santiago – La medida de coerción que seria conocida a Alejandro Pérez Pérez, implicado en el caso Falcón, fue aplazada por el juez Cirilo Salomón.
Mientras sus abogados acusaron al Ministerio Público de haber falsificado el documento que indica que han tenido contacto con su cliente.
Albano Landestoy Ramos, integrante de la defensa técnica de Pérez Pérez, padrastro del prófugo Erick Mosquea Polanco, señalado como el cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos, alegó que había restricciones para ver a su cliente.
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“El Ministerio Público presentó un documento firmado por uno de los colegas, es decir por un miembro de la defensa, producido en otra fecha, pero le puso fecha actual para poder sostener que presuntamente nosotros habíamos tenido contacto con nuestro representado, y consecuentemente estaríamos listos para conocer la audiencia”, denunció Landestoy Ramos.
En ese sentido dijo que tienen un Ministerio Público que se ha dedicado a falsificar documentos y eso es muy grave, cuestionando con qué moral está persiguiendo la delincuencia.
“El motivo del aplazamiento es porque el Ministerio Público tiene prácticamente secuestrado a todas las personas, a partir del momento en que se conoció la medida de coerción anterior no ha dejado que ninguno de los abogados tengan contacto con sus representados hasta que ocurra el fallo, es decir hasta que la jueza decida sobre la media de coerción principal”, alegó el abogado.
Al ser cuestionado sobre cómo demuestran que el documento fue alterado, dijo que eso se discutió en el Tribuna, y que intimaron al MP para que presentara el documento original y no lo presentaron porque lo falsificaron.
“Nosotros lo dijimos en el tribunal y lo estamos diciendo públicamente, es muy fácil desmentirnos trayendo el documento original para ver si resiste una prueba, evidentemente no lo van a traer”, expresó Landestoy.
Santiago – El juez Cirilo Salomón aplazó el conocimiento de la medida coercitiva a Alejandro Pérez Pérez, implicado en el caso Falcón.
Mientras, sus abogados acusaron al Ministerio Público de haber falsificado el documento que indica que han tenido contacto con su cliente.
Albano Landestoy Ramos, integrante de la defensa técnica de Pérez Pérez, padrastro del prófugo Erick Mosquea Polanco, señalado como el cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos, alegó que había restricciones para ver a su cliente.
Decisión sobre el caso Falcón será el viernes
“El Ministerio Público presentó un documento firmado por uno de los colegas, es decir por un miembro de la defensa, producido en otra fecha, pero le puso fecha actual para poder sostener que presuntamente nosotros habíamos tenido contacto con nuestro representado, y consecuentemente estaríamos listos para conocer la audiencia”, denunció Landestoy Ramos.
En ese sentido dijo que tienen un Ministerio Público que se ha dedicado a falsificar documentos y eso es muy grave, cuestionando con qué moral está persiguiendo la delincuencia.
“El motivo del aplazamiento es porque el Ministerio Público tiene prácticamente secuestrado a todas las personas, a partir del momento en que se conoció la medida de coerción anterior no ha dejado que ninguno de los abogados tengan contacto con sus representados hasta que ocurra el fallo, es decir hasta que la jueza decida sobre la media de coerción principal”, alegó el abogado.
Al ser cuestionado sobre cómo demuestran que el documento fue alterado, dijo que eso se discutió en el Tribuna, y que intimaron al MP para que presentara el documento original y no lo presentaron porque lo falsificaron.
“Nosotros lo dijimos en el tribunal y lo estamos diciendo públicamente, es muy fácil desmentirnos trayendo el documento original para ver si resiste una prueba, evidentemente no lo van a traer”, expresó Landestoy.
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El Tribunal Constitucional ha acogido el 23 % de los recursos de inconstitucionalidad desde 2020
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) es el órgano facultado para garantizar el apego de las disposiciones y leyes a la carta magna y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, ¿qué tan frecuente se ve obligado a defender los intereses del país, por encima de las leyes que se promulgan en territorio dominicano?
Según la página web de consulta de este organismo extrapoder, desde enero de 2020 al 26 de diciembre de 2024, se han conocido aproximadamente 148 recursos de acción directa de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que busca declarar contraria a la Constitución alguna disposición normativa.
En estos cuatro años, 34 acciones han sido acogidas por la alta corte, lo que significa que en el 22.9 % de los casos, el TC ha tenido que declarar no conforme con la Constitución uno o varios artículos de una ley.
El año en el que se fallaron más acciones directas de inconstitucionalidad fue el 2021, con 38 sentencias. Asimismo, el año con menos decisiones en esta categoría fue el 2024.
Casos en el 2024
El presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, informó que, hasta el 6 de noviembre del 2024, esa alta corte falló 976 expedientes.
Del total de casos resueltos, 242 fueron dictados en materia de amparo, lo que quiere decir que cerca del 25 % de las sentencias emitidas por esta institución fue relativo a derechos fundamentales.
El magistrado aseguró que los togados del Tribunal Constitucional han asumido la responsabilidad de ser los más altos garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía.
La ley de la DNI
Uno de los casos más recientes en los que se ha declarado la inconstitucional una ley data del 6 de diciembre, cuando el TC anuló la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En la Sentencia TC/0767/24, acogió la acción incoada por partidos de oposición alega que afectaba un derecho fundamental de forma indirecta o incidental.
De acuerdo con el último resumen del Tribunal Constitucional, desde el 2012 al 30 de septiembre de 2024 se han recibido 10,201 casos y los jueces han logrado la aprobación y publicación en el portal web institucional de 7,823 recursos fallados.
Desde su puesta en funcionamiento, han sido fusionados unos 242 expedientes y la «revisión constitucional de sentencia de amparo» ha sido el proceso más destacado.
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La Junta ratifica a los directores de Elecciones, Informática, Cédula, Registro Civil y otros
SANTO DOMINGO. El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ratificó este viernes a los directores de Elecciones, de Informática, del Voto Dominicano en el Exterior, de Registro del Estado Civil, de la Cédula de Identidad y Electoral y de Registro Electoral.
La el órgano explicó que la ratificación fue acogida sin objeciones por los principales partidos políticos del país, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.
Además, otros partidos como la Alianza por la Democracia, el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), la Unión Demócrata Cristiana y Dominicanos por el Cambio también respaldaron la decisión.
Este proceso de ratificación sigue la línea de la reciente reelección de cuatro de los cinco titulares de la JCE por parte del Senado en noviembre pasado, incluidos su presidente, Román Jáquez, y los miembros Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises, mientras que Hirayda Fernández Guzmán fue seleccionada por primera vez.
Con esta resolución, la JCE refuerza su estructura operativa y garantiza la estabilidad y transparencia en la administración de los procesos electorales y el registro civil del país.
Azua.-El Ejército detuvo a 70 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular quienes eran trasladados durante la madrugada de este viernes en un autobús en Azua.
El autobús marca Hyundai, color blanco era conducido por un hombre identificado como Edward Aquino.
Mientras que en otro hecho, efectivos del Ejército detuvieron un carro Nissan Note, negro, conducido por el ciudadano Yoan Figuereo Encarnación, acompañado por José David Gómez, donde se trasladaban otros siete indocumentados, en el puesto de chequeo 15 de Azua.
Los conductores y el acompañante, serán entregados al Ministerio Público, mientras que los extranjeros a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.