Más Noticias
Abogados acusan al Ministerio Público de falsificar documentos en caso Falcón.
Santiago – La medida de coerción que seria conocida a Alejandro Pérez Pérez, implicado en el caso Falcón, fue aplazada por el juez Cirilo Salomón.
Mientras sus abogados acusaron al Ministerio Público de haber falsificado el documento que indica que han tenido contacto con su cliente.
Albano Landestoy Ramos, integrante de la defensa técnica de Pérez Pérez, padrastro del prófugo Erick Mosquea Polanco, señalado como el cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos, alegó que había restricciones para ver a su cliente.
Le recomendamos leer:
“El Ministerio Público presentó un documento firmado por uno de los colegas, es decir por un miembro de la defensa, producido en otra fecha, pero le puso fecha actual para poder sostener que presuntamente nosotros habíamos tenido contacto con nuestro representado, y consecuentemente estaríamos listos para conocer la audiencia”, denunció Landestoy Ramos.
En ese sentido dijo que tienen un Ministerio Público que se ha dedicado a falsificar documentos y eso es muy grave, cuestionando con qué moral está persiguiendo la delincuencia.
“El motivo del aplazamiento es porque el Ministerio Público tiene prácticamente secuestrado a todas las personas, a partir del momento en que se conoció la medida de coerción anterior no ha dejado que ninguno de los abogados tengan contacto con sus representados hasta que ocurra el fallo, es decir hasta que la jueza decida sobre la media de coerción principal”, alegó el abogado.
Al ser cuestionado sobre cómo demuestran que el documento fue alterado, dijo que eso se discutió en el Tribuna, y que intimaron al MP para que presentara el documento original y no lo presentaron porque lo falsificaron.
“Nosotros lo dijimos en el tribunal y lo estamos diciendo públicamente, es muy fácil desmentirnos trayendo el documento original para ver si resiste una prueba, evidentemente no lo van a traer”, expresó Landestoy.
Santiago – El juez Cirilo Salomón aplazó el conocimiento de la medida coercitiva a Alejandro Pérez Pérez, implicado en el caso Falcón.
Mientras, sus abogados acusaron al Ministerio Público de haber falsificado el documento que indica que han tenido contacto con su cliente.
Albano Landestoy Ramos, integrante de la defensa técnica de Pérez Pérez, padrastro del prófugo Erick Mosquea Polanco, señalado como el cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos, alegó que había restricciones para ver a su cliente.
Decisión sobre el caso Falcón será el viernes
“El Ministerio Público presentó un documento firmado por uno de los colegas, es decir por un miembro de la defensa, producido en otra fecha, pero le puso fecha actual para poder sostener que presuntamente nosotros habíamos tenido contacto con nuestro representado, y consecuentemente estaríamos listos para conocer la audiencia”, denunció Landestoy Ramos.
En ese sentido dijo que tienen un Ministerio Público que se ha dedicado a falsificar documentos y eso es muy grave, cuestionando con qué moral está persiguiendo la delincuencia.
“El motivo del aplazamiento es porque el Ministerio Público tiene prácticamente secuestrado a todas las personas, a partir del momento en que se conoció la medida de coerción anterior no ha dejado que ninguno de los abogados tengan contacto con sus representados hasta que ocurra el fallo, es decir hasta que la jueza decida sobre la media de coerción principal”, alegó el abogado.
Al ser cuestionado sobre cómo demuestran que el documento fue alterado, dijo que eso se discutió en el Tribuna, y que intimaron al MP para que presentara el documento original y no lo presentaron porque lo falsificaron.
“Nosotros lo dijimos en el tribunal y lo estamos diciendo públicamente, es muy fácil desmentirnos trayendo el documento original para ver si resiste una prueba, evidentemente no lo van a traer”, expresó Landestoy.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
Más Noticias
Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.