Santo Domingo, R.D.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanentes, encabezada por la jueza Stephany Reyes del Palacio de Justicia de Santiago aplazó el conocimiento de medida de coerción contra seis acusados de la Operación Discovery 3.0.
La misma fue aplazada para el próximo lunes 25 de agosto a las 10:30 de la mañana para los fines de que el Ministerio Público estudie y conozca los presupuestos depositados por los abogados de los imputados.
En el caso figuran Jesús Castaños, Adderly Polanco, Bernardo Taveras, Juan Naranjo, José López y Luis Méndez. A esta lista se suma Gipsy Castaños, quien fue arrestada el pasado martes y es imputada de cometer testaferrato en la estructura delictiva. Es señalada como administradora de la financiera Invermeg, propiedad de su hermano Óscar Castaños, extraditado.
También aceptaron su extradición a los Estados Unidos Joel Cruz, Joel Mathilda y Edward Puello.
La Suprema Corte de Justicia conocerá la extradición de Gerardo Núñez, a quien el pasado viernes le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres.
“Hay muchas personas que están prófugas que son buscadas bajo órdenes de arresto. Tenemos pruebas suficientes de la estructura y los diferentes operarios de los cinco millones de dólares y 500 millones de pesos en bienes como inmuebles y vehículos de alta gama”, detalló el procurador fiscal Claudio Cordero.
Delitos electrónicos
Según el Ministerio Público, el grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada «Estafa de los abuelos». La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad.
La medida de coerción en Santiago fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, junto a los fiscales Joanna García y Claudio Cordero.
En la Suprema, el proceso lo lleva el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público.
La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.
En la Operación 3.0 se ejecutaron 34 allanamientos en los que participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
La operación, que se realizó en forma conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI), agencia que ejecutó, simultáneamente en Estados Unidos, allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.
El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso se declare complejo.